“Cinco varones me quieren aplastar la cabeza por mi condición de mujer y me lo han dejado claro”, fue una de las frases más contundentes de la denuncia que radicó la directora general de Sumarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), un año atrás, en la Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género de la Justicia de Córdoba.
Según indicó la denunciante, durante un año y medio intentó que las autoridades universitarias resolvieran la situación, pero lo único que logró fue que se agravara. Por tal motivo, presentó una demanda civil.
El conflicto dentro de la Dirección de Sumarios de la casa de estudios era un secreto a voces. Es un sumario complejo, que involucra al personal de la oficina, a su directora y a funcionarios de la casa de estudios con acusaciones cruzadas. En esa dependencia habitualmente se investigan las inconductas de ocurren en el ámbito universitario.
En paralelo a la advertencia de la directora, ella misma recibió una denuncia administrativa de un grupo de empleadas por acoso laboral.
En el expediente judicial, la directora de Sumarios habló de “microtraumatismos sistemáticos prolongados en el tiempo”, algo conocido como violencia de género bajo modalidad de acoso laboral.
“La denunciante refiere que desde hace más de dos años es víctima de persecución laboral, hostigamiento, humillaciones, burlas, maltratos psicológicos, desprestigios continuos, intimidación, invisibilización y discriminación por edad por parte de los denunciados”, puede leerse en la denuncia.
Las personas señaladas son un secretario y un subsecretario de altos mandos jerárquicos y tres empleados que se encuentran bajo su órbita de trabajo.
La denuncia radicada en los juzgados de Gestión Asociada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género se enmarca en un proceso de violencia de género. Se encuentra en plena tramitación y se están desarrollando todas las instancias que establece la ley.
Tras la acusación de la directora de Sumarios, en abril de 2024 una resolución rectoral determinó medidas restrictivas para ella y los demás involucrados. El grupo se dividió en dos, con el objetivo de que no compartan espacio ni comunicación hasta que se concluya la investigación de los hechos denunciados.
“Se está tomando declaraciones a los involucrados y los testigos. El procedimiento se está llevando en tiempo y forma. Sí requirió de la designación de nuevos abogados sumariantes que están bajo mi órbita por el carácter excepcional de la causa, pero estamos más cerca del final del proceso”, advirtió la prosecretaria general, Paola Campitelli.
La denuncia
Los hechos relatados por la directora de Sumarios habrían transcurrido durante 2022 y 2023. En octubre de este último año, la denunciante presentó un manifiesto –un instrumento de registro similar a una exposición ante la Policía– que se utiliza en los casos en que la persona no quiere concretar la denuncia, pero permite al equipo del Plan de Acciones intervenir y accionar administrativamente. Además, sienta un precedente para situaciones futuras.
Dos meses más tarde se reunió con el rector Jhon Boretto para interiorizarlo del conflicto dentro de su oficina, quien pidió la intervención de la Subsecretaría Legal y Técnica para lograr una solución.
“Lo que hizo el rector con la creación del cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica fue fortalecer la coalición de los hombres que denuncié y al mismo tiempo generar un golpe institucional a la democracia universitaria, ya que el único órgano jurisdiccional con competencia para determinar sobre conductas irregulares es la Dirección de Sumarios”, advirtió la directora general de Sumarios a La Voz.
En abril del año pasado, ante lo que aseguró que era la continuidad de la violencia ejercida contra su persona y la nula intervención de la oficina creada para tal fin, decidió denunciarlos internamente y solicitar medidas precautorias.
“Puse en conocimiento esta situación de forma reiterada ante mi superior jerárquico, el cual tomó la decisión de establecer un cronograma de presencialidad alternado con el fin de evitar mi contacto con el restante grupo de trabajo. Esta persona no sólo no resolvió mi situación, sino que se encargó de agravar la violencia de género que estoy viviendo, humillándome, degradándome, invisibilizando mis funciones como directora e incumpliendo el mandato que le dio el rector al encomendarle que resuelva los puntos de mi manifiesto”, agregó en la denuncia.
Según cita la directora de Sumarios, en reiteradas oportunidades le dijo: “Vas a ser sumariada”; “No hacés bien tu gestión”; “La autoridad no te quiere en el cargo”, y “Te conviene que te vayas”.
El inicio del hostigamiento, según relató, fue cuando uno de los empleados a su cargo indagó sobre cuándo se iba a jubilar y le reconoció que quería su “silla”. A partir de ese momento, se evidenció –dijo– una falta de respeto a su autoridad y comenzaron las burlas y las descalificaciones, a las que se sumaba otro de los empleados con alcance en el rectorado.
En palabras de la denunciante, este último le dijo que mientras ella estuviera como directora, el diálogo “con la autoridad” estaba cortado y que todo lo que ella pidiera le iba a ser negado. “Todo lo expresado por este empleado se ha cumplido hasta la fecha y se ha profundizado”, advirtió.
Luego, cuando la denunciante le pidió a una de las principales autoridades de la UNC que se apartara a uno de sus empleados por falta de confianza, este le habría dicho que eso no iba a ocurrir y que ella debía “aprender a manejarse con los diferentes caracteres de las personas a su cargo”.
Fuentes cercanas a las personas señaladas por la directora general de Sumarios niegan las acusaciones en su contra y advirtieron que debe investigarse el ejercicio de su función más allá de los últimos años.
Sin respuestas
“El Plan de Acciones sólo recibió mi denuncia y de allí en más no hicieron nada”, dijo la directora general de Sumarios. Ella presume que eso sucedió porque la mayoría de las personas señaladas poseen cargos y poder en la estructura universitaria.
El Plan de Acciones es coordinado por la Unidad Central de Políticas de Género, la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización.La acusación de la directora general de Sumarios se enmarca dentro de una política universitaria, que en diferentes oportunidades se definió “libre de violencia y discriminación de cualquier tipo por razones de género, raza, ideología, opinión pública o pertenencia a comunidades o grupos minoritarios”.
Área crítica
Lo paradójico es que los hechos denunciados ocurrieron dentro de la Dirección General de Sumarios, área crítica del quehacer universitario que investiga denuncias y recaba pruebas para determinar la existencia o no de una infracción administrativa de todo el personal que trabaja en la UNC.
Incluso, en 2019, con el fin de dotar de mayor agilidad los procesos de investigación de las denuncias por violencia de género y acoso en el ámbito universitario, se creó dentro de Dirección General de Sumarios la Unidad de Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso.
La responsable de esa unidad también denunció internamente por acoso laboral a algunos de sus compañeros y lo hizo extensivo a funcionarios por no articular una respuesta.
En diálogo con este diario, esta segunda denunciante dijo que el hostigamiento y la descalificación comenzaron tras acusar a un abogado por un presunto hecho de violencia de género en una audiencia en 2022.
Frases como “tiene muchos problemas emocionales” y “tal vez le haga falta un novio”, o comentarios de índole sexual, habrían sido manifestados por uno de los compañeros de la directora del área de violencia de género.
“Todo esto me angustió mucho, porque este abogado tiene un nombre, muchas influencias y prometió recusarme”, contó.
“Finalmente, cuando en 2023 se hizo pública la acusación de acoso laboral de su padre, perdí el miedo y lo denuncié“, concluyó.
