¿Cuánto tiempo lleva le lleva a un país debatir sobre un derecho, convertirlo en ley y luego efectivamente comenzar a implementarlo en la práctica, en la vida concreta de la ciudadanía?
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, para dar una respuesta se podría retroceder al menos hasta 15 años atrás, aunque las iniciativas vienen de mucho antes. A fines de mayo de 2005 se lanzó la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. Se completaron cinco presidencias. Hubo dos votaciones en ambas cámaras en el Congreso, hasta que finalmente se aprobó la ley 27.610 a fines de 2020.
Cuatro meses pasaron desde la sanción. Y poco más de tres meses de que entrara en vigencia (a fines de enero). Pero esa parte de la cuenta sólo mira hacia atrás: ya se conoce que hay grandes desafíos al momento de implementar cualquier ley que involucra cambios en las políticas públicas y servicios de las instituciones públicas privadas, en el marco de un derecho que ha generado y sigue ocasionando batallas legales para tratar de postergarlo.
Más allá de estas dificultades y tensiones, la ley está en plena vigencia y sus primeros efectos ya se comprueban en la práctica. En el Primer plano de hoy, la consulta a múltiples fuentes permite verificar que la primera gran consecuencia en el sistema ha sido la tranquilidad, tanto para las mujeres que buscaban que se les garantizara su derecho a decidir, como para sus familias, que antes temían por la clandestinidad, como para los profesionales que las asisten.
Estos avances en la implementación de la ley son dispares en la provincia. La situación aparece como más favorable en la Capital y con más dificultades en los territorios del norte.
Pero al menos se avanza, y que eso suceda sin grandes obstáculos es noticia en una Córdoba que por mucho tiempo fue el eje de los frenos judiciales para implementar la educación sexual integral o el aborto no punible, entre otros derechos.
