Tras los últimos escándalos en el Ejército con el “bautismo” con cal viva arrojada a la cara de paracaidistas, y en la Gendarmería, con el desnudo obligatorio de 100 mujeres, personal de alto rango de la Fuerza Aérea de Río Cuarto quedó bajo sospecha por el presunto hostigamiento y el maltrato reiterado a una subordinada.
La causa comenzó en abril de 2023 con la denuncia penal que una suboficial presentó ante el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, contra Juan Edmundo Perot, Miguel Ángel Pent, Santiago Ariel Acuña y Leandro Rodrigo Dossetto, por presunto acoso laboral y sexual, maltratos y amenazas.
Desde el área jurídica del Área Material Río Cuarto se indicó a La Voz que no tenían autorización para brindar ninguna información.
Escándalo en la Fuerza Aérea de Río Cuarto
La mujer relató que a lo largo de los años –ingresó a la Fuerza Aérea en 2004– el maltrato se naturalizó, pero que, en su caso, el acoso fue creciendo hasta que en 2022 ordenaron su traslado y el de su esposo (personal de las Fuerzas Armadas) a la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut).
La suboficial presentó reclamos por la orden de traslado, por haberse efectuado sin perspectiva de género y con desconocimiento de su legajo. Fue cuando denunció que se incrementaron la supuesta violencia sexual y laboral en su contra.
Mencionó que el comodoro Pent habría demorado de manera inexcusable e intencional el reclamo para invisibilizarla y castigarla. Ante la falta de resolución, unas semanas después la denunciante presentó un pronto despacho.
Pero Pent la sancionó con “falta grave” porque –según adujo– la subordinada había omitido la vía jerárquica. Cuando la mujer le solicitó una copia del trámite, el comodoro se habría negado a dárselo, y presuntamente le ordenó que, si la quería, “la transcribiera de puño y letra”.
La suboficial solicitó al Juzgado Federal una medida cautelar para mantener su destino (Río Cuarto) hasta el dictado de sentencia definitiva. El juez hizo lugar y dictó la orden.
A partir de allí se habría incrementado el hostigamiento de sus superiores (destrato cotidiano e insultos). Incluso, el entonces comodoro Perot (fue reemplazado en 2024) convocó a una reunión con el personal de baja y alta jerarquía para referirse a la denunciante en supuestos términos amenazantes y de manera indirecta.
Allí habría expresado que “existían problemas con personal a su cargo”, “pusilánimes e inútiles”, y que “si buscaban abogados, serían destituidos”. La suboficial consideró que los dichos apuntaban claramente a ella debido a que era la única que había consultado a un abogado, lo que era ampliamente conocido en la Fuerza.
Pero no habría sido el único hostigamiento. El suboficial mayor Acuña le habría proferido comentarios sexuales e inapropiados. También habría buscado menoscabarla por condición física, con expresiones como “estás demacrada” o “trillada”.
Al parecer, según el testimonio de la víctima, el trato de Acuña a las mujeres era siempre denigrante, refiriéndose a ellas como “patas flacas” y “gorda”. Contó que fue siempre así desde que trabajó con él (desde 2012) y que nunca lo puso en conocimiento porque cuando alguna compañera se quejó, la trasladaron.
El denunciado acoso de Acuña habría sucedido luego de que la suboficial no sólo reclamara por su traslado, sino también por solicitar o sugerir hacer uso del reglamento interno, que concede al personal femenino 14 días al año por cuestiones sanitarias, ocasión en que la habría tratado de “piquetera”.
Estas conductas habrían sido constantes, a tal punto que se le asignaban tareas que correspondían a personal de menor jerarquía, como barrer y juntar pastizales. Sin embargo, la suboficial las realizó para evitar conflictos, a costa de su autoestima. De acuerdo con el informe realizado en el Polo de la Mujer, la denunciante evidenció una alta angustia emocional.
Acuña hasta le habría puesto una mala calificación como represalia por sus reclamos, a pesar de que en sus años de antigüedad jamás había tenido mala conducta, lo que repercutió en sus posibilidades de ascenso.
Cuando pasó a ser jefe de Escuadrón, Acuña habría omitido deliberadamente ciertas observaciones en el informe enviado a la Fuerza Aérea de Buenos Aires, en las que constaba la situación particular de la denunciante (que su padre depende de ella porque es discapacitado).
La investigación, a cargo del fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, arrojó que otro suboficial, el principal Dosseto, se habría dirigido a la denunciante de forma violenta y a los gritos cuando esta le daba de comer a un perro. En ese contexto, le habría ordenado a la víctima hacer “desaparecer” al animal.
Apelación y aval al fiscal
El fiscal los imputó por supuesto abuso de autoridad y lesiones leves. Pero el juez Ochoa sobreseyó a los cuatro al entender que se había llegado a un estado de certeza negativa en cuanto a la existencia de los hechos y la participación de los acusados.
Contra la decisión, el fiscal apeló ante la Cámara, ya que, según consideró, el juez no valoró el caso con perspectiva de género, y el contexto de violencia de género, institucional y laboral que habría sufrido la suboficial en una relación asimétrica con sus superiores.
Cabanillas recordó a los camaristas Eduardo Ávalos, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro que el juez no realizó una valoración del hostigamiento hacia la suboficial. Mencionó, por ejemplo, la declaración de un exmiembro de la Fuerza Aérea que narró cómo Pent lo habría perjudicado en un hecho similar al de la denunciante (demora excesiva en la tramitación de un reclamo).
No dejó de llamar la atención del representante del Ministerio Público cuando un suboficial retirado invitó a “tomar un café” al exintegrante de la Fuerza que habría sido perjudicado por Pent. Le manifestó que se había enterado de que tenía que declarar en la causa y que le dijo que la denunciante estuvo a punto de ser dada de baja por la denuncia penal. En ese sentido, el testigo dijo que se sintió intimidado y amenazado.
El fiscal analizó esto como una posibilidad de que alguno de los imputados hubiera querido “entorpecer” el accionar de la Justicia con el recurso de amedrentar a testigos.
Por otro lado, el instructor destacó que del análisis del celular de Acuña se detectaron conversaciones sexistas con Dossetto sobre las subordinadas, refiriéndose a ellas en términos despectivos: “‘A esa flaca le falta un vino’; ‘hay que sacarla de contexto’; ‘esa está frenada’; ‘hay unas veteranas lindas que tengo por ahí que te pueden servir’; ‘buenos lomos’; ‘entre 36 y 39′; ‘¿no te gustan las ‘vete’?’; ‘son jamón del medio…’”.
La Cámara ordenó al juez la necesidad de investigar el posible contexto de violencia de género y maltrato hacia subordinadas que habría perpetrado Acuña, y la probable “relación causal” entre la orden de traslado de la denunciante y los reclamos y la continuidad de hostigamientos anteriores a los hechos.
También recomendó evaluar con perspectiva de género el testimonio de la víctima, y otras medidas de prueba solicitadas por el fiscal. De este modo, revocó los sobreseimientos y deberá profundizarse la investigación.
Desde el área jurídica del Área Material Río Cuarto se señaló que no tenían autorización para brindar ninguna clase de información, incluso precisar si los imputados siguen en la Fuerza o fueron desafectados.
