¿Qué tiene que pasarle por el alma a una persona mayor para rociarse con combustible e intentar prenderse fuego? ¿Qué la lleva a ese lugar de angustia extrema? ¿Qué la empuja a una decisión que no tiene vuelta atrás?
Esto sucedió el jueves pasado, en la sede céntrica del Pami Córdoba. El jubilado –de quien no trascendió su identidad– padece una enfermedad terminal, y lo que habría desencadenado su determinación sería el temor cierto de ya no poder acceder a los medicamentos que necesita para tratar su salud.
Por suerte, no logró su cometido, gracias a la rápida intervención de otras personas, quienes lograron contenerlo antes de que prendiera el encendedor que llevaba en la mano.
Escenas similares, quizá no tan dramáticas, pero con adultos mayores suplicando por sus remedios frente a los mostradores de atención del Pami, se repiten los últimos días en Córdoba y en todo el país. De ello dan cuenta los propios empleados de la obra social, abrumados por la demanda de afiliados al borde de un ataque de nervios.
La razón de todo esto no es otra que la decisión tomada por las autoridades del Pami de eliminar la cobertura al 100% para aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 398 mil. En caso de necesitar mantener dicha cobertura, deben realizar un tedioso trámite especial para ser incluidos en el denominado “subsidio social”.
Mientras esto sucede, el presidente Javier Milei no deja de ufanarse de estar realizando “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, tal como lo hizo esta misma semana en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cpac). El tema es que el ajuste recae principalmente sobre la población mayor: se estima que uno de cada cuatro pesos del estrangulamiento fiscal aplicado se concentra en el sector previsional.
Una tras otra, las medidas que viene tomando el Gobierno nacional con los jubilados los empujan a una situación de vulnerabilidad mayor, al punto que la pobreza y la indigencia en esta población se duplicaron en el último año.
La afectación viene principalmente por el lado de sus haberes. Si bien la nueva fórmula de actualización previsional se ajusta por inflación, lo cierto es que al no aumentar el bono de $ 70 mil que cobran los jubilados que perciben la mínima, en términos reales sus ingresos siguen cayendo mes a mes.
Pero ahora, con el recorte en la cobertura de sus medicamentos, los jubilados y los pensionados nacionales vuelven a perder poder adquisitivo. Se estima que esta franja de la población destina entre el 20% y el 30% de sus ingresos a la compra de remedios, por lo que la eliminación de la cobertura al 100% los obliga a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a ello. Y, necesariamente, a restar dinero para otros gastos.
Además, los obliga a realizar un trámite superburocrático para reclamar la cobertura, a gastar plata que no tienen para ir y venir a presentar mil y un papelitos, pese a que con un simple cruce de datos Anses podría determinar las necesidades reales de cada jubilado.
La justificación del recorte que decidió el Gobierno no deja de ser maniquea: por una cantidad mínima de irregularidades detectadas, se castiga por igual a todos sin reparar en las consecuencias que la medida genera. Hicieron lo mismo con los planes sociales, con los remedios oncológicos, con los planes para personas con discapacidad.
Ahora las víctimas de esta lógica son los jubilados, que vienen padeciendo recorte tras recorte en sus ingresos, con muchos de ellos dependiendo de la ayuda de sus hijos para llegar a fin de mes. Incluso, para poder comer.
El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, calificó esta semana de “eutanasia encubierta” lo que están haciendo con las personas mayores. Y a juzgar por lo que sucedió con el jubilado cordobés que intentó prenderse fuego, sus palabras no fueron del todo exageradas.
