El juicio oral y público que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones en recién nacidos del hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba –ocurridas entre marzo y junio de 2022– continuará esta semana con los alegatos de la defensa. Una vez que todas las partes hayan dado sus conclusiones, esta megacausa entrará en su etapa final.
Los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, confirmaron las acusaciones de la fiscalía de instrucción, excepto en el caso de la neonatóloga María Alejandra Luján, para la que pidieron su absolución por el delito de falsedad ideológica.
Por su parte, los cuatro abogados querellantes que defienden a los familiares solicitaron mayor severidad en las penas. Carlos Nayi, Nicolás Ruades, Daniela Morales Leanza y Ana Pagliano plantearon penas de ejecución efectiva para los 10 funcionarios, las autoridades y los profesionales imputados.
En el caso de Pagliano, solicitó una cautelar para que se dicte prisión preventiva en caso de que se confirme la condena. La defensora pública justificó la medida en que de las escuchas telefónicas se desprende que las máximas autoridades del Ministerio de Salud provincial y del hospital Neonatal habrían querido unificar criterio y entorpecer la investigación. “Esto sería un indicio de posible peligro de fuga en caso de que se confirmen las condenas”, explicó en su alocución.
Por su parte, Nayi pidió elevar la escala penal para todos los imputados (más años de prisión y que esta sea efectiva). Hizo hincapié en que el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, ostentaba la máxima jerarquía en la cartera sanitaria de Córdoba.
Ruades y Leanza también pidieron mayor severidad en las penas, en consideración a la gravedad del hecho que se intentó encubrir: asesinatos en serie.
Las conclusiones de la defensa
A partir del jueves comenzaron los alegatos de la defensa, con las conclusiones de los abogados de la enfermera Brenda Agüero.
Gustavo Nievas, quien lidera el equipo de la defensa de Agüero, dijo que los indicios que existían en contra de su defendida se fueron desvaneciendo a lo largo del juicio.
“La hipótesis de la asesina serial es la que le convenía al poder para tapar una mala praxis, medicamentos vencidos o experimentales, que son su responsabilidad, en un tiempo en el que estaba pensando en elecciones próximas”, alegó Nievas.
El abogado volvió a pedir la absolución de su defendida y cuestionó que no se haya imputado o investigado al jefe de Obstetricia Quirúrgica, Obdulio Paredes.
Cómo sigue el juicio
La Fiscalía de Cámara y los abogados querellantes solicitaron a los jurados populares que tengan en cuenta la prueba en su conjunto.
El delito de encubrimiento, en cualquiera de sus modalidades, “significa toda acción u omisión que tiene por fin favorecer al autor de un delito anterior para ayudarlo a eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”, explicó Pedro Despouy Santoro, doctor en derecho y profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba.
“Para acreditar la comisión de este delito, como en cualquier caso penal, es necesario contar con la prueba que nos lleve al grado de convicción suficiente (certeza) de que el hecho existió y que alguien fue su autor, partícipe o instigador. Para condenar, bastará con que no le haya quedado al juez (o al jurado popular) ninguna duda razonable en sentido contrario”, agregó el penalista.
Cómo se establece la escala penal
Todos los abogados querellantes solicitaron una mayor severidad en las penas, en relación con lo pedido por la Fiscalía de Cámara.
Uno de los argumentos fue la gravedad del hecho que se pretendió encubrir. “Una cosa es encubrir un robo y otra son asesinatos en serie”, explicaron.
Los cuatro coincidieron en que si estos casos se denunciaban a tiempo, se podría haber prevenido muertes de recién nacidos.
Una vez que todas las partes terminen por expresar sus conclusiones, los imputados tendrán su última palabra y el jurado comenzará a deliberar.
Los ochos jurados populares deberán decidir si existieron los delitos y si fueron los imputados quienes los cometieron. Después se sumarán a la deliberación los dos integrantes del jurado técnico que emitirán su voto. En caso de empate, determinará la presidenta del Tribunal, Patricia Soria.
Las otras tres cuestiones (calificación legal, pena y resarcimiento) son decididas por los jueces técnicos.
Aquí se encuentra el meollo de la cuestión: será el Tribunal el que decida caso por caso si impone la pena máxima de la escala penal (de acuerdo con los agravantes o atenuantes) y si la ejecución será condicional o efectiva.
Los atenuantes o agravantes van subiendo o bajando la escala. Un atenuante puede ser no contar con antecedentes penales, tener una enfermedad previa o no demostrar riesgo de fuga. El agravante puede ser el hecho que se intentó encubrir (asesinatos en serie) o si la persona tenía en ese momento una mayor jerarquía.
Al haber además una acción civil, también debe decidir qué resarcimiento corresponde a cada uno de los familiares de las víctimas.
Hasta ahora, cada una de las partes puso sobre la mesa las cartas que consideraron relevantes.
El Tribunal también deberá decidir si da lugar o no a los pedidos realizados por la querella. En el caso de Nayi, planteó que se investigue por falso testimonio a distintas personas que se presentaron en la audiencia. Y en el caso de Pagliano, la cautelar que habilitaría la prisión preventiva a los imputados si se dicta la condena.
La fecha del veredicto fue estimada para el 2 de junio, pero el cronograma se fue extendiendo conforme iban avanzando los alegatos más allá de los tiempos previstos.
Una vez que decida el jurado, se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Esto demandará 15 días y ahí se conocerán los motivos que llevaron al Tribunal a tomar la decisión.
Recién después de los fundamentos, las partes que estén en desacuerdo podrán presentar sus recursos de casación. Al ser una causa compleja, es probable que sea elevada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y eventualmente llegue hasta la Corte Suprema de la Nación.
