En la última jornada con testigos en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, la primera en ser interrogada es Mariana Figueroa, abogada que trabajaba en el área de Legales del Ministerio de Salud, como directora de Jurisdicción. Aclaró que estaba como suplente en ese lugar, que trabaja en realidad en la Municipalidad de Córdoba.
Figueroa dijo que no estuvo en la reunión que ocurrió el 7 de junio con el ministro Diego Cardozo y que recién el 28 de junio le plantearon una consulta por “un caso sobre irregularidades en la atención a madres sanas y sus bebés”. Negó haber aconsejado separar un lote de trabajadores, porque su función “no era fijar una estrategia, sino asesorar en lo legal”.
Figueroa dijo: “Me plantean cuestiones muy técnicas sobre los términos médicos. No entendí mucho lo que me decían y tampoco entendí la gravedad de la situación”. Dijo que hizo “un esqueleto” de lo que se debería investigar, que lo envió por WhatsApp y luego por mail al ex secretario de Salud, Pablo Carvajal.
En otros testimonios se había señalado su participación en la decisión de suspender a una veintena de trabajadores después de la guardia del 7 de junio, cuando murieron dos bebés y otros dos sufrieron presuntos ataques y sobrevivieron. En las distintas preguntas de los querellantes volvió esta cuestión. “No hay nada puntual contra alguna persona”, relató Figueroa que le dijeron en aquel momento.
Fue interrogada por aspectos puntuales del trámite que se siguió en la investigación administrativa y los distintos movimientos internos que se hicieron en el propio Ministerio, primero a cargo del ex subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; y luego por el ex secretario de Coordinación, Alejandro Gauto.
Contó que nunca llegó una nota de la exdirectora del hospital, Liliana Asís, notificando lo que ocurría.
Y que recién recibe un informe preliminar de lo que había ocurrido de la exdirectora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover y con ese preliminar desarrolló un esqueleto de lo que se debería hacer y se lo envió al ex secretario de Salud Pablo Carvajal. Ese “esqueleto” contenía ya la línea de tiempo de los 13 eventos, confirmó ante una pregunta del querellante Carlos Nayi. Opinó que Carvajal debía hacer la denuncia en forma inmediata a la presentación de este informe preliminar. “La investigación tiene que descartar cuestiones en un análisis causa raíz, pero si no hallan una causa, se tiene que denunciar”, consideró Figueroa.
En este esqueleto, reiteró Figueroa, “en ningún momento apareció el nombre de Brenda Agüero ni el de ningún sospechoso”.
Entre el 29 y el 30 de junio fue a preguntar a Carvajal por los avances de la investigación y dijo que el sumario estaba siendo instruido en el hospital y que trabajaban ya con un fiscal la denuncia penal. Y en ese momento reclamó a Escudero Salama que remita el informe, a pesar de que entonces el ex subdirector del Neonatal le dijo que faltaban testimonios y las historias clínicas.
El expediente le llega a Legales el 8 de julio, contó. En este expediente ya figuraban las planillas de enfermeros por turno.
El abogado de Escudero Salama, Claudio Orosz, hizo eje que en la reunión en la que le comentaron sobre autopsias judiciales sobre los casos del 6 y 7 de junio de 2022. Es una demostración de que existía una denuncia, sugirió.
En el expediente consta que el 26 de julio de 2022 acepta el cargo para instruir el sumario Escudero Salama, luego de una serie de trámites internos. “¿Era un tiempo excesivo hasta el 22 de agosto para una investigación administrativa?”, preguntó Orosz. Figueroa dijo que no.
Maximiliano García, codefensor del exministro Diego Cardozo, interrogó sobre la reunión de junio para corroborar que su participación fue parcial, que ingresó cuando esa reunión ya estaba iniciada.
Justiniano Martínez, defensor de Carvajal, hizo foco en las planillas de la serie de casos para saber si figuraban datos de personal del Neonatal. No, dijo Figueroa.
Gustavo Nievas, codefensor de Brenda Agüero, insistió en saber si figuraba el nombre de la enfermera en el informe preliminar. Y Figueroa reiteró que no. Pero sí que existía una relación de bebés sanos y mamás sanos en ese listado. Nievas buscó profundizar para saber si se habían fundamentado esas categorías en historias clínicas, constancias de embarazos controlados y otros aspectos.
La guardia del terror y el momento de denunciar
Luego llegó el turno de Marcela Quaglia, médica jubilada, que trabajó en el Neonatal desde 1999, en el último tiempo en terapia, una testigo pedida por la defensa de Adriana Moralez, acusada de encubrimiento. Fue interrogada por el abogado de Moralez, Ezequiel Elletore. Quaglia trabajó el 6 de junio, la guardia fatídica. Recién venía de una licencia por Covid. En su relato contó cómo se reaccionó en terapia frente a la descompensación de Angeline Rojas, la hija de Yoselín, uno de los bebés que murió ese día. Y que fue ella quien le contó al padre, Jaime Cornelio Reyes, quien le contó que tuvo a su bebé en brazos y la enfermera le dijo que le mire el color que tenía el bebé y salió corriendo con el niño en brazos.
“No sabíamos de qué se nos moría”, contó y opinó que había que pedir una autopsia, no clínica sino judicial. Contó que fue a ver a la doctora Moralez y que no podíamos extender un certificado de defunción sin saber de qué murió. Junto a Moralez fueron con Escudero Salama, luego habló con un policía que fue quien le indicó que tenían que ir a una unidad judicial.
“Este chico se está muriendo, los padres se niegan a una autopsia. Yo no podía aceptar no saber de qué se nos está muriendo. No podía hacer un certificado sin diagnóstico”, dijo que le contó a Moralez. Quaglia dijo que no relacionó con ningún otro caso este evento.
“Era lo que me estaba pasando en ese momento a mí”, explicó. El valor del testimonio, para Moralez y para Escudero Salama, es que ratificó el rol que tuvieron para que ese día se judicialicen esos casos, para tener autopsias forenses. Denunció la médica Valeria Quiroga porque Rojas murió ya durante el turno de ella. Contó que supo de los otros casos cuando volvió a trabajar, al retomar la guardia, al otro día. Y con los datos del segundo fallecimiento, el de Brisa Molina, fueron a la unidad judicial 18 junto a otra médica, Marcela Charras.
Relató que fueron muy maltratadas en ese lugar por una empleada que les dijo: “qué querían hacer con sus compañeros, si piensan que son inútiles y se les mueren los pacientes”. Dijo que les explicaron que querían una autopsia judicial y allí les contaron de la denuncia anterior. Y esta mujer allí le dijo que tenían que hacer el pedido al policía que estaba asignado. No pudo identificar a la mujer de la unidad judicial que dijo esto, ante el interés por pedir una remisión de antecedentes que expresó el fiscal Sergio Ruiz Moreno. Esto fue apoyado por Orosz y otros abogados, quienes también pidieron que se investigue a todo el personal que actuó en esa unidad judicial desde el 6 de junio, porque otros testimonios también relataron que fueron maltratadas y se les desalentó denunciar.
Luego de esos incidentes, hablaron con el policía asignado al hospital y allí pidieron la autopsia.
Quaglia, al estar a cargo de terapia durante el turno mañana, estuvo en contacto con todos los casos de la serie bajo investigación. Y fue interrogada por Ruiz Moreno, quien en particular le preguntó si no le llamó la atención los valores de insulina altísimos en dos casos de saga (Leiva y Torres), por qué no firmó el certificado de defunción de Ibrahim Guardia y la secuencia de eventos extraños en apenas dos meses y medio.
“Siempre le buscamos una explicación médica. Nunca me imaginé que alguien pudiera hacerle daño a un recién nacido”, explicó Quaglia. “Nadie se guardó cosas para ocultar”, respondió.
Contó que el 7 de junio le comentó a Moralez que además de los casos de esa guardia había casos sin respuesta como el de Junior Leiva y Luna Hermosilla. “Hicimos la relación”, explicó.
“Alguien hizo algo”, dijo, en relación con su explicación para los eventos. “Era una psicosis, nadie quería tocar un bebé. Queríamos que cerraran el centro”, contó sobre el clima en el hospital luego de la guardia del terror.
El abogado querellante Nicolás Ruades le interrogó puntualmente si recibió un mensaje de Moralez que decía: “Avisales a todos que borren mensajes” en la madrugada del 22 de agosto. Dijo: “lo debo haber recibido”. “Ella no estaba yendo al hospital. Hay montones de grupos de WhatsApp”, abundó.
Elletore aclaró que el mensaje fue a las 22.40. El contexto del mensaje es una respuesta a un mensaje de Quaglia en el que criticaba al Ministerio y se solidarizaba con la situación de Moralez.
“Nosotros hicimos todo para que hicieran la denuncia”, decía ese mensaje. Eso aclaró que se refería a que le dieron los detalles el mismo día 7 a la doctora Asís de todos los casos que habían relacionado ese día.
Sobre Brenda Agüero, citó a su colega Silvina Cagliero, quien dijo que varias veces la enfermera “parecía anticiparse” a los eventos de descompensación de los bebés. Al ser consultada por Nievas, sobre si eso debía interpretarse como algo “malo o bueno”, dijo que “supongo que algo bueno”.
Cómo sigue la audiencia
A continuación se espera que amplíe su declaración la enfermera Brenda Agüero, la principal imputada, a quien se le achacan cinco asesinatos de bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos.
