La primera denuncia por una muerte de un bebé en el hospital Materno Neonatal se hizo el 6 de junio de 2022.
En la saga que se investiga, es el noveno caso de muertes o de descompensaciones de bebés nacidos sanos, sin explicaciones médicas suficientes. Una médica neonatóloga se presentó en la Unidad Judicial 18 para informar a la Justicia provincial que tenía sospechas sobre la muerte de Angeline Rojas, una beba que había nacido tras 40 semanas de gestación, con 3,6 kilos de peso, controles permanentes durante el embarazo y una mamá sana, Yoselín, entonces de 28 años.
Un día después, en la misma Unidad Judicial, otra médica informó la muerte de una recién nacida sin explicación clínica: Melody Molina, hija de Brisa (entonces de 17 años), que pesó 3,5 kilos al nacer, con 38 semanas de gestación.
La fiscalía de turno del Distrito 3, a cargo de Jorgelina Gutiez, pidió las autopsias forenses, que son las únicas disponibles de los bebés fallecidos. Son los estudios que confirmaron que las dos bebés murieron por hiperpotasemia, en dosis y proporciones incompatibles con la vida e imposibles de producir por el propio cuerpo humano. En otras palabras, Angeline y Melody fueron envenenadas con esa sustancia.
En esa misma guardia del 6 y del 7 de junio hubo otros dos casos de bebés que se descompusieron, en formas muy inusuales, y que no se judicializaron. Esos recién nacidos estuvieron en terapia intensiva y luego sobrevivieron: son Melody Torres y Pilar Martín.
No se judicializaron juntos, pero los cuatro casos de esos dos días marcaron un quiebre en la inercia del hospital, que desde marzo venía analizando, sin explicaciones convincentes, muertes y descompensaciones de bebés nacidos sanos.
Acusados de omisión de deberes de funcionario público y de encubrimiento agravado, las autoridades ministeriales, jefes hospitalarios y empleados de los equipos de salud del hospital que están imputados en la causa marcaron estas fechas, el 6 y el 7 de junio, como el momento en que toman conocimiento de los casos (dirán luego: de estos cuatro casos) y varios se disputan “la paternidad” de haber impulsado estas dos denuncias judiciales. Esto es clave para ellos: con esto quieren demostrar que no omitieron, ocultaron ni encubrieron, sino que ayudaron a que se conociera la verdad.
Lo dirán, sucesivamente, el exministro Diego Cardozo, la exdirectora Liliana Asís, la exjefa de Neonatología Marta Gómez Flores, el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama y la excoordinadora del comité de Seguridad del Paciente, Adriana Moralez.
La omisión a la que alude la figura penal es, fundamentalmente, la de denunciar. El encubrimiento se trata de algo más complejo: de hacer cosas para ocultar, como destruir evidencias, pero también impedirlas, como la investigación interpreta que podría entenderse la falta de autopsias sobre los primeros tres bebés muertos, que no se judicializaron y que, por ende, no tuvieron un examen forense. En estos tres casos, contará luego en su extensa declaración Moralez, se les pidió permiso a las familias para hacer una autopsia clínica, y en todos los casos fue denegado. No se les explicó, comentaron luego las familias, que ese pedido se fundaba en que tenían alguna sospecha sobre el modo en que se produjeron las muertes de sus hijos.
Para la investigación preparatoria, el cambio de lotes de vitaminas K Biol a fines de abril de 2022, poco después de la muerte de Benjamín, el hijo de Damaris Bustamante, ya marca el momento en que la noticia de casos sospechosos en el Neonatal era conocida por el Ministerio de Salud.
El fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno le preguntó a Moralez, cuando le tocó interrogarla, si sabía cuándo se debía denunciar un caso.
–Cuando hay sospechas –dijo la médica.
–Cuando hay dudas –la corrigió.
Cardozo lo explicó por “desobediencia”
A la hora de pasar al frente en el juicio, Cardozo se remitió a su declaración en la etapa de instrucción. En particular, al “memorial” que presentó con asistencia de su abogado principal, Germán Matheu, hoy acompañado por Maximiliano García.
En ese escrito, resumido, se puede leer que Cardozo dijo haberse enterado el 7 de junio, que ese día ordenó a sus secretarios de Salud, Pablo Carvajal, y de Coordinación, Alejando Gauto, que hicieran la denuncia penal, y que no supo hasta mucho tiempo después que esa presentación en la Justicia desde el Ministerio de Salud nunca se había hecho. Tanto Carvajal como Gauto dijeron en sus presentaciones defensivas que nunca recibieron esa indicación.
La Voz accedió a ese memorial. “Tomé conocimiento por primera vez el día 7 de junio de 2022, en horas del mediodía aproximadamente, a través del secretario de Salud, Pablo Carvajal, quien se hizo presente en la sala de reuniones menor de la privada del ministro, ubicada dentro del mismo edificio del Ministerio de Salud, y me comunicó de manera verbal, por primera vez, lo que él manifestó haber conocido en una reunión con las autoridades del hospital Materno Neonatal, específicamente con su directora, Liliana Elizabeth Asís, y con el subdirector administrativo, Alejandro Salama Escudero. Carvajal me refiere que dichos profesionales se habrían hecho presentes en horas de la mañana, relatándole dificultades en el funcionamiento de la institución que dirigían. Me manifiesta que tanto Asís como Escudero le cuentan haber observado, junto con su equipo de trabajo institucional, evoluciones tórpidas de algunos recién nacidos, señalando que el día lunes 6 de junio se había complicado la evolución de cuatro niños nacidos; y de esos casos fallecieron dos, uno el día 6 y otro en la madrugada del 7 de junio”.
Cuenta Cardozo: “El secretario de Salud finaliza su relato manifestándome que el personal médico de la institución había solicitado autopsia judicial mediante la denuncia en la Fiscalía de Turno; y que los directivos del Neonatal le solicitaron verbalmente la intervención de Nivel Central del Ministerio de Salud. En concreto, lo que se me informa ese día son los cuatro casos sucedidos entre el día 6 y la madrugada del 7 de junio, puntualmente los dos fallecimientos”.
Y sigue: “Carvajal me comenta de manera genérica, superficial y sin dar precisiones, que las autoridades del hospital le refirieron que existieron, con anterioridad a estos cuatro casos, otros episodios dudosos respecto de la evolución de algunos recién nacidos que reportaron inconsistencias, como dije, sin dar precisiones de fechas ni de cantidades de casos, como tampoco dio detalles de datos de los niños ni de las madres”.
Cardozo relató que ordenó un sumario administrativo, la intervención del hospital, la identificación y la separación del personal que estuvo en la asistencia de recién nacidos en esa guardia, la revisión de los procesos de atención, la gestión con la morgue judicial para conocer al instante el resultado de las autopsias en los dos casos denunciados, y “formular la denuncia penal en la Fiscalía de Turno con el objetivo de poner en conocimiento a la Justicia de los hechos ocurridos en el hospital Materno Neonatal que le habían sido relatados al secretario de Salud”.
Este es el punto nodal del testimonio de Cardozo que quiebra el bloque de autoridades ministeriales. “Esta última directiva fue específicamente asignada al secretario de Salud Pablo Carvajal, para que este, junto con el secretario de Coordinación Administrativa Alejandro Gauto –quien coordinaba y manejaba la Dirección General de Legales–, materializaran la denuncia penal y pusieran en marcha el proceso judicial correspondiente”.
Contará Cardozo que luego viajó a Estados Unidos, enviado por el Gobierno, y a su regreso consultó a Carvajal “respecto al cumplimiento de las directivas impartidas”. Y relata: “Me informa que la intervención del hospital Materno Neonatal ya había comenzado, que estaba siendo ejecutada por parte de las dos direcciones de Jurisdicción del Ministerio –Maternidad e Infancia y Enfermería–, que se había comunicado con la Dirección General de Legales reportando que, por un lado, se había dado inicio de las actuaciones sumariales; y por el otro, se estaba preparando la denuncia penal con la documentación que se iba obteniendo del sumario instruido, para luego presentarla en la Fiscalía de Turno”.
La atribución de la falta de denuncia a Carvajal continúa: “El día 7 de julio de 2022, se comunica conmigo Pablo Carvajal manifestándome que la Fiscalía interviniente había dispuesto el allanamiento en el hospital Materno Neonatal, y en ese momento le pregunto a Carvajal si con Legales habían hecho la denuncia penal; y me dijo que sí, que estaba todo en manos de la Justicia, a lo que le digo que se comunique con Escudero Salama a los fines de colaborar y poner a disposición de la Fiscalía todo lo que le sea necesario del hospital. Estas manifestaciones, en ese momento, me llevaron al convencimiento de que el allanamiento había tenido origen en la denuncia que había ordenado realizar hacia un mes atrás a través de la cartera correspondiente del ministerio”.
Darse cuenta
Cardozo dice que se dio cuenta que desde el ministerio nunca se había denunciado el jueves 11 de agosto, “cuando los hechos que son materia de esta investigación toman estado público a través de los distintos medios periodísticos; y por la información que se brindaba, advierto no solo que la magnitud de los hechos relacionados con los recién nacidos era diametralmente distinta a lo que me había informado el secretario de Salud en el mes de junio, sino también que no habían realizado la denuncia penal que había ordenado efectuar”.
Una parte de la base de la acusación contra Cardozo son sus propios dichos periodísticos de ese día, cuando dijo: “Estábamos enterados desde marzo”. En el memorial explicará que quiso decir que “como sistema de salud” ya se habían activado mecanismos de alerta desde el primer caso, pero que él en lo personal se enteró recién el 7 de junio de las primeras muertes consideradas intencionales.
“Lo que se dijo es que el ‘sistema de salud estaba al tanto’ –no personalmente el ministro–, ello en virtud de que las autoridades del hospital efectivamente venían observando, junto con su equipo de trabajo, ciertas inconsistencias respecto de la evolución de algunos recién nacidos”, dice el memorial.
También explicará, en ese relato, por qué se puso a estudiar caso por caso. “Cuando advierto que no había sido cumplida por los niveles subalternos la directiva de denunciar penalmente los hechos, solicito que se pongan a mi disposición todas las historias clínicas de los casos sospechados para poder ver y analizar, caso por caso, y tratar de entender qué estaba sucediendo realmente, para ponerlo en conocimiento de la Justicia. Una vez que las historias clínicas son puestas a mi disposición, y pude analizar y conocer por primera vez cada uno de los casos que habían sido apuntados como sospechosos por parte de las autoridades del hospital y su equipo de trabajo, es que convoco a una reunión en el Ministerio de Salud a las doctoras Liliana Asís y Adriana Moralez, que se lleva a cabo el día 19 de agosto del 2022, en la que también participó el subsecretario de Salud, Carlos Cánovas.
Dicha reunión tuvo por finalidad la de rever, desde una perspectiva objetiva médica, todos los casos, analizando cada historia clínica con el objetivo de ver si cada caso respondía a un hecho intencional o no, o a un accionar médico o no, y poner ello en conocimiento del Ministerio Público Fiscal”, escribió Cardozo.
Los autonominados “impulsores”
Adriana Moralez, en su declaración en el juicio, contó que ella, junto con la médica Josefina Cagliero, impulsaron la primera denuncia judicial: la del caso de Angeline Rojas. Contó que ese día volvió a trabajar luego de sus vacaciones, que tomó cuando había dos muertes sin explicaciones médicas acabadas y varias descompensaciones sospechosas atribuidas a insectos o a reacciones alérgicas, a falta de mejor diagnóstico. Al volver y enterarse de una muerte más en su ausencia, la de Ibrahim Guardia, el 23 de mayo, Moralez vio que había un patrón que no se podía seguir ignorando e involucró al subdirector médico Alejandro Escudero Salama para que desde el hospital se hiciera la denuncia penal, sin pedir autorización a la familia para una autopsia clínica, para no volver a tropezar con una negativa.
Se decidió, explicó Moralez, que fuera la médica que tenía que escribir el certificado de defunción la que llevara la noticia de esta muerte sospechosa a la Justicia.
Lo cierto es que no fueron estas denuncias –inconexas, parciales, según entendió la instrucción– las que permitieron que se iniciara la investigación, sino un mero comentario de Francisco Luperi, el esposo de otra médica en la fiscalía, por entonces de turno, de Raúl Garzón, que desde entonces tomó la causa hasta elevarla a juicio, sin que se explicara nunca qué habían hecho sus pares en el mes que la tuvieron ni por qué no la devolvió cuando por jurisdicción –por el domicilio del lugar de los hechos: el hospital Materno Neonatal–, en principio, era lo que correspondía.
Este punto es fuertemente objetado por la defensa de Brenda Agüero y uno de sus argumentos para sostener que se digitó desde el poder quién debía instruir la causa.
La reconstrucción de los casos
En el caso de Asís y de Gómez Flores –junto con Moralez y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover, entre otros médicos–, la defensa buscará probar que, en lugar de encubrir, buscaron en las historias clínicas, analizaron uno por uno los casos, y contribuyeron a armar la lista de eventos sospechosos que hoy es el eje de la investigación. Según la jefa de Tocoginecología –que para todo el resto era la subdirectora médica– Claudia Ringelgheim, esa línea de tiempo con los casos estaba ya en el pizarrón el 7 de junio. Moralez y Cardozo salieron rápidamente a corregirla para asegurar que no se pudo hacer hasta agosto, el mes en que fue detenida la enfermera Brenda Agüero.
