El juicio oral y público por la muerte en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba de cinco bebés y presuntas lesiones en otros ocho está llegando a su instancia final. Este lunes se presentarán ante la Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial los últimos testigos y se cerrará la etapa de prueba que investiga la responsabilidad institucional.
“Hasta ahora se ha recolectado una extensa prueba que avala la responsabilidad institucional. El lunes se presentarán los últimos testigos”, confirmó a La Voz el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno.
Está previsto que se presente Carlos Cánovas, quien era subsecretario de Salud durante la gestión de Diego Cardozo, y su entonces secretario privado, Juan Alegre. También deberán dar su testimonio la neonatóloga Marcela Quaglia y Mariana Figueroa, quien estaba a cargo de la oficina Legal y Técnica del Ministerio de Salud provincial durante los hechos investigados.
“Testigos reticentes”
El lunes pasado fue citada a declarar la médica Patricia Pereyra, quien estuvo a cargo de la guardia de Obstetricia el 6 y 7 de junio de 2022, cuando se produjeron dos muertes y dos descompensaciones de recién nacidos.
Varios abogados querellantes se quejaron porque la profesional dijo “no saber” o “no recordar” información que se le consultaba, como casos previos a esa fecha que llamaban la atención por no tener evoluciones acorde con lo esperado.
Los abogados Carlos Nayi, Ana Pagliano, Nicolás Ruades y Daniela Morales Leanza se quejaron en reiteradas ocasiones.
Consultado sobre este evento, Ruiz Moreno dijo que en las audiencias “hubo varios testigos reticentes”. Y anticipó que podría pedir la remisión de antecedentes para que se investigue a varias personas que se presentaron en las audiencias, tanto por falso testimonio como por ser posibles partícipes de encubrimiento agravado.
“Estamos evaluando remitir antecedentes al fiscal para que investigue a varios testigos que ocultaron información. Algunos casos ameritarían que se los investigue por falso testimonio. A otros, como partícipes de encubrimiento”, adelantó.
Teléfonos secuestrados
Otro de los datos sobresalientes de la última audiencia fue la presentación del informe técnico que analizó la información disponible y no disponible de los teléfonos de cinco funcionarios. Los resultados fueron presentados por peritos de la Unidad de Equipos Móviles del Gabinete de Tecnología Forense del Ministerio Público Fiscal.
El ingeniero Luciano Pasquali y el técnico Raúl Pereyra validaron el método científico del informe. Dijeron que fue certificado por normas ISO y que tiene un carácter conclusivo.
En la audiencia se analizó la información disponible y no disponible de distintos dispositivos secuestrados: tres de Liliana Asís y el resto pertenecientes a Diego Cardozo (entonces ministro de Salud provincial), Adriana Moralez (quien era coordinadora de Seguridad del Paciente) y Alejandro Escudero Salama (quien fue subdirector de Gestión Administrativa del hospital).
“De los análisis de los teléfonos quedó muy claro que hubo borramientos y distintas formas de borrar en los teléfonos. Lo más importante, a mi entender, no es lo que hay en esos dispositivos. Lo más importante es lo que no hay”, interpretó el fiscal Sergio Ruiz Moreno.
El fiscal puso un ejemplo: “Hubo días en los que el hospital se estaba incendiando y no hay mensajes que hicieran referencia a eso en los celulares secuestrados de las autoridades del hospital”.
“Esos eventos se dieron casi en simultáneo entre los imputados, el mismo día o el día después de que llegara un oficio del fiscal Garzón en el que solicitaban las actas de enfermería y de nacimientos del hospital. Todo eso constituye un indicio muy fuerte”, agregó Ruiz Moreno.
El 14 de agosto, el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, solicitó a la directora del hospital que hiciera entrega inmediata de todos los libros de actas del área enfermería y de la sala de partos desde enero de 2022 hasta esa fecha. Luego emitió una orden para solicitar más información.
Según el informe técnico, estos eventos denominados partition recovery event –que permiten actualizar el sistema operativo, limitar la partición del caché, intentar recuperar el sistema en caso de fallas o restablecer el dispositivo a estado de fábrica, borrando todos los datos del usuario– sucedieron casi en simultáneo con ese oficio: el 14 de agosto (en el caso de Escudero Salama) y el 15 de agosto, en el caso de Cardozo.
El fiscal informó que los peritos fueron claros: “En tres casos, se resetearon teléfonos”, informó.
“Hubo casos en que toda la información se subió a la nube, se reseteó y luego se lo bajó de la nube, pero sólo con los datos que se quería dejar. Hay otros mensajes que dicen: ‘Borremos todo, vamos por Telegram’. Eso, sumado a la intención de unificar un criterio sobre lo que se tenía que decir y qué no ante la fiscalía, daría fuerza a la hipótesis del encubrimiento”.
Qué dijo la defensa
Para los abogados defensores, no hubo una intención voluntaria de borrar información. Aseguran que esos eventos sufridos en los celulares pueden deberse a múltiples causas, como una actualización automática del software. No lo consideran como una prueba relevante que pueda ser asociado al encubrimiento agravado.
“Es normal que un celular se actualice solo, en forma automática”, dijo el abogado Germán Matheu, defensor de Cardozo. En ese sentido, dijo que el hecho de que los eventos reportados hayan sucedido en horario nocturno refuerza la hipótesis de que se trató de una actualización automática del celular y no de una acción deliberada del exministro de Salud.
En la misma línea, Ezequiel Elettore, quien representa a Moralez, aclaró a La Voz que su defendida nunca tuvo la intención de ocultar. Y que el evento en el celular se produjo por fuera de la fecha sindicada; es decir, antes del oficio de Garzón. La última partición Recovery fue registrada en su celular el 19 de julio.
Finalmente, Claudio Orosz, defensor de Escudero Salama, indicó que en el informe técnico no consta que su defendido haya borrado mensajes clave que puedan ser relevantes para la investigación en curso. “Cuando se analiza el teléfono de Asís, el informe descubre que las conversaciones eran inocuas, no relacionadas con la investigación”, agregó.
Cómo sigue el juicio
Después de los últimos testigos, varios imputados ampliarán su declaración. Se espera que lo hagan la enfermera Brenda Agüero, acusada por los presuntos homicidios en serie; Cardozo y Asís.
Está previsto que el 28 de abril arranquen los alegatos de los fiscales de control Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.
Los abogados querellantes, que representan a las mamás, continuarán con los alegatos. Le seguirá la defensa de Agüero y luego el resto de los imputados.
Se estima que el 2 de junio, con los ocho votos de los jurados populares y los de los vocales de Cámara Laura Huberman y José Daniel Cesano, se dará el veredicto final sobre la existencia de los hechos, participación de imputados y culpabilidad o inocencia. Si hay empate, vota la presidenta del tribunal, Patricia Soria.
