La Justicia de La Plata autorizó que cese la criopreservación de embriones de un matrimonio, en el tercer caso de este tipo registrado en la Argentina, en un fallo que además instó al Congreso Nacional a que trate la temática "ante la falta de legislación vigente", informaron fuentes judiciales.
En 2018, un juez cordobés había pedido legislar sobre la naturaleza jurídica del embrión in vitro, y su destino final en caso de no ser implantado, ante el pedido de un matrimonio de cobertura para un estudio de diagnóstico preimplantatorio.
Mediante una sentencia emitida el 30 de septiembre, el juzgado de Familia 8 de La Plata autorizó a un matrimonio a cesar la criopreservación de embriones pertenecientes a ambos cónyuges que se encuentran en custodia de la clínica Procrearte, y que se proceda a su descarte.
“Ya hay dos fallos preexistentes, uno en Mendoza y el otro en La Plata. Este lo que tiene de distinto es que insta al Poder Legislativo a legislar sobre el tema porque hay un vacío legal en relación a qué hacemos con los embriones que pertenecen a una familia si no quiere seguir teniendo hijos ni continuar manteniéndolos”, explicó a Télam la abogada de la familia solicitante, Griselda De Luca.
El vacío legal, que menciona el fallo y la abogada, radica en qué hace una familia cuando ya se “cesó la voluntad procreacional”, ya sea porque esa pareja tuvo hijos, porque se terminó esa unión vincular o por el costo de mantenerlos, que oscila entre 100 y 200 dólares al año.
“Cuando uno hace un tratamiento de fertilidad, se criopreservan los embriones. Los criopreservan en caso de que no avance la implantación o si ese matrimonio o pareja quieren más adelante tener otro embarazo, pero cuando cesa la voluntad procreacional de ambos no hay una norma que cubra esa situación”, apuntó De Luca.
En ese sentido, detalló que “hay un contrato a tiempo indefinido en cuanto al cuidado y mantenimiento de embriones ya que no hay una ley que determine que se pueden destruir esos embriones”.
¿Cuándo empieza la vida?
“Al iniciarse un tratamiento de fertilidad, no hay suficiente información sobre el cese de embriones, hay un vacío legal en cuanto hasta dónde y cuándo se protege el embrión, y la discusión siempre se basa en lo mismo: desde dónde se considera la vida humana", señaló la letrada.
El eje de esa discusión es si hay vida humana "desde la unión de los gametos o desde la implantación en el seno materno, concepción avalada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo De Luca al referirse al caso “Artavia Murillo”.
La abogada consideró "vanguardista" el reciente fallo firmado por el juez Mauro Javier Cerdá por no tener el respaldo de ninguna legislación preexistente e informó a Télam que la resolución "quedará firme el jueves próximo ya que en este caso no hay contraparte por lo que no se puede apelar”.
Diez años
La pareja solicitante tardó diez años en recurrir a la Justicia. "Al principio como cualquier pareja que hace un tratamiento de fertilidad no sé preguntaba por esto pero luego de varios años, cuando se empezaron a endeudar, se preguntaron por qué seguir manteniéndolos si ya había cesado la voluntad de tener más hijos", dijo De Luca.
El fallo, al que tuvo acceso Télam, indicó que los cónyuges solicitantes "carecen de voluntad procreacional" y que no desean continuar "atados a un contrato de tiempo indefinido y que tampoco tienen la voluntad de donarlos ni dejarlos para la investigación".
“Sería ideal que salga una normativa que aclare o modifique la ley de fertilidad existente, y que sea la pareja la que decida cuando cesa la voluntad
procreacional", opinó la abogada.
Vacío legal
El fallo instó además a la Cámara de Diputados y a la de Senadores a tratar la temática ante "la falta de legislación vigente".
Para la abogada de los solicitantes, que se considere la voluntad del cese de embriones es algo pendiente y algo que "le sirve a todas las partes".
"A la familia que ya no desea tener más hijos y también a las instituciones porque esto ocupa un espacio y dinero, y con el actual vacío legal, descartar embriones no es una opción", indicó.
En 2018, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes instó en una resolución a legislar sobre la naturaleza jurídica de un embrión in vitro, y su destino final en caso de no decidir la implantación, aduciendo vacío legal en la materia.
Una pareja había solicitado a una obra social la cobertura de un estudio de diagnóstico de alto costo para establecer un diagnóstico genético preimplantatorio, que no se encuentra en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El juez rechazó el pedido, y se preguntó qué sucedería con los embriones en caso de que se les detectara una patología.
"No hay ningún tipo de reglamentación en este sentido, y no todo puede resolverse a través de la Justicia: recién cuando el Poder Legislativo nos diga qué naturaleza jurídica tienen, qué se hace con los embriones no implantados, vamos a poder autorizar este tipo de estudios", había señalado en diálogo con La Voz.
