Luego de que un policía de la ciudad de Córdoba detuvo a una mujer trans por una contravención de 1988, la Policía de Córdoba, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal (MPF), indicaron que comenzarán una actualización de la base de datos del sistema donde los agentes que hacen controles en las calles pueden ver las altas y las bajas de pedidos de capturas y de secuestros.
La decisión fue tomada tras una reunión entre la jefa de la Policía, Liliana Zárate, el fiscal general, Juan Manuel Delgado, y el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
“La Fiscalía General y la Policía de la provincia trabajan de manera conjunta en un relevamiento general y en la actualización de las bases de datos de los registros de personas con pedido de captura, paraderos y restricciones, como así también sobre los requerimientos judiciales de secuestros de dominios de bienes muebles registrables. Al mismo tiempo, se instrumentará un sistema de comunicación digital que vincule online ambas reparticiones para mantener actualizadas en tiempo real la cancelación de las medidas judiciales restrictivas con el propósito de evitar inconsistencias que redunden en ejecución de medidas cuando estas han caducado”, explicaron desde el MPF.
El caso de Ivanna Aguilera destapó una falla del sistema, pero también una grave falta de capacitación del personal que no la trató de acuerdo con su identidad de género.
Resulta que casi a medianoche del pasado 29 de marzo Ivanna volvía a su casa en un taxi y al cruzar por el puente Maipú, de la ciudad de Córdoba, un oficial le pidió su número de DNI. Según el relato de Aguilera, cuando ella se lo dicta, el hombre vio en el sistema que tenía un pedido de captura. Allí comenzó a llamarla por su nombre de varón, a pesar de que ella le dijo que ya no era su nombre.
“Él se comunicó con la Central y ahí le dicen que el pedido de captura era por una contravención del año ’88 respecto al uso de vestimenta que no se condice con el género, lo que hoy no tiene ningún tipo de vigencia. Sus compañeros le dijeron que me dejara ir, pero insistió en que tenía que ir a la unidad judicial de contravenciones para aclarar el tema”, explicó Ivanna.
Este caso, dado a conocer semanas atrás, puso de manifiesto la falta de conocimiento sobre la ley de identidad de género y, además, que existe una laguna de causas en torno a las contravenciones: cuando estaba vigente en Córdoba el Código de Faltas, las altas y las bajas de las contravenciones eran manejadas por la Policía. Algunos artículos se fueron modificando; por ejemplo, en 1996 se derogó el artículo 19 sobre el uso de la vestimenta diferente al género, causa por la que luchó Aguilera, quien fundó la primera organización LGBT de Córdoba.
Cuando se derogó el Código de Faltas y se creó el Código de Convivencia, en 2016, todas esas causas pasaron a manos de la Justicia, precisamente a las unidades judiciales contravencionales. Sin embargo, no hay archivos digitales sobre las causas anteriores, ni siquiera bajas automáticas de contravenciones ya caducadas por el tiempo, por las reformas al Código y por la Ley Nacional de Identidad de Género de 2012.
Desde la Justicia, argüían que las causas anteriores a 2016 no dependían de ellos al momento del alta; y desde la Policía, indicaban que sin un oficio judicial que formalizara la baja del sistema, ellos no podían hacerlo en la actualidad.
Dada la dimensión del problema, ya que es algo que puede suceder con pedidos por contravenciones viejas, desde las dos instituciones prometieron la actualización de la base de datos.
“No basta con cambiar el sistema”
Sin embargo, Aguilera no cree que esta sea una solución suficiente: “Yo no creo que esto se solucione sólo con un cambio de sistema. El policía no respetó mi identidad, hubo un ensañamiento. Me tuvieron horas demorada. Me dijeron que fuera a tribunales; y cuando fui, me pasearon de un lado a otro. Fue violencia institucional. Además de modificar el sistema, deben reforzarse las capacitaciones. Tienen que conocer el marco de las leyes, como la de Identidad de Género”, opinó Ivanna, quien recordó que a otras compañeras trans les ocurrió lo mismo en ese puente. Aguilera recibió el apoyo de la Facultad, de organizaciones de la diversidad y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Al ser consultada respecto del accionar del policía, Zárate dijo que no estuvo mal en referencia a su traslado a la unidad judicial porque “es lo que el procedimiento establece”, pero remarcó que está mal no respetar su identidad y que el caso se encuentra en el Tribunal de Conducta Policial. Zárate recordó su trayectoria en la fuerza en temas relacionados al género e indicó: “En las tres escuelas (oficiales, cadetes y suboficiales), hay una materia sobre derechos humanos y género. No es un taller más, es una materia. También se han hecho capacitaciones a toda la fuerza en la temática”.
Aguilera, quien es encargada del área trans travesti no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, evalúa, junto con los abogados de la facultad, un habeas corpus preventivo y colectivo para que lo que le sucedió no vuelva a ocurrir. “Aún no hemos definido la herramienta, pero probablemente sea un habeas corpus, por la extralimitación y el ensañamiento de la Policía. Lo que buscamos acá no es la sanción de quien lo cometió, sino hacer foco en la formación, en que no suceda más. Queremos un resarcimiento y la transformación a futuro”, indicó Guillermo Vázquez, abogado y prosecretario de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
