El abogado Gustavo Nievas reafirmó la inocencia de la enfermera Brenda Agüero, detenida y acusada de cinco muertes y otros ocho ataques intencionales a bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio de 2022. Nievas, quien lidera el equipo que defiende a la principal imputada. atacó la investigación al decir que “los indicios se fueron desvaneciendo” y se buscó “impactar desde lo sentimental, que es una emboscada al jurado popular para que no pueda razonar”.
En esa línea inició los alegatos defensivos de la principal acusada. Nievas afirmó que “la hipótesis de la asesina serial es la que le convenía al poder para tapar una mala praxis, medicamentos vencidos o experimentales, que son su responsabilidad, en un tiempo en el que estaba pensando en elecciones próximas”.
“No es nuestra función probar la inocencia de Brenda Agüero; era responsabilidad del Ministerio Público Fiscal probar su culpabilidad y no lo ha hecho, a pesar de que en la desesperación maltrataron a testigos y tratan de forzar la interpretación de la prueba, mintiendo”, apreció Nievas.
En diálogo con La Voz, Nievas dijo que buscó plantear desde lo técnico “cómo se tiene que interpretar la prueba”, algo que entiende que se hizo de manera inadecuada en el juicio.
El abogado repitió varias veces el latiguillo “¿hasta cuándo se va a mentir?" para cuestionar los distintos argumentos acusatorios contra Brenda Agüero.
“Hay que vulnerar el análisis científico de la prueba para sostener la acusación”, consideró Nievas, quien dijo que hay un abuso de la discrecionalidad que viene de la instrucción de la causa “con la que se ha investigado, imputado, detenido”.
“Se está arrastrando al jurado popular a una emboscada. No van a tener elementos para tener que tomar una decisión. No se les ha explicado cómo se analiza una prueba, cual es el filtro de sinceridad y credibilidad para que un testimonio sea válido, que sepan que es un reconocimiento para que no sea inválido. Se han mezclado pericias e informes unilaterales, hechos por empleados de Policía Judicial que dependen del fiscal General Juan Manuel Delgado, como el propio fiscal acusador”, planteó Nievas.
“El indicio no es un arbolito que riego y riego y se transforma en prueba”, ironizó el abogado.
Nievas dijo que trabaja en la defensa junto a un equipo interdisciplinario que trabaja desde marzo de 2023 y que llegó a la conclusión de que Brenda Agüero es inocente.
Entre los indicios que cuestionó, el principal es el de presencia. “Al Centro Obstétrico entraba cualquiera. En el Neonatal hay una marca de huella en la entrada al hospital, pero no indica si alguien entró o no al Centro Obstétrico. Hemos acreditado que no había ninguna medida de seguridad. El informe criminológico dijo que era de acceso restringido, pero porque lo visitaron en 2023, cuando ya se había modificado todo”, aseveró.
También dijo que “los uniformes era de libre compra de los empleados y no se podía diferenciar a médicos y a enfermeros, porque todos estaban de uniforme con capucha y barbijo”.
A su vez, respondió el peso que se le dio al indicio de los pdf con información de dosificación de potasio. “Se hizo pericia informática entre el técnico de Tribunales y nuestro perito, que reveló que los pdf estaban en la carpeta de descarga de WhatsApp y que ella no los había bajado”, cuestionó Nievas.
Dijo Nievas que “se vaciaron los sistemas de seguridad del Neonatal, por lo que podrían haberse alterado la presencialidad, las historias clínicas, entre otros datos”.
En un tramo de su alegato, marcó la coincidencia entre el testimonio de la médica Silvina Cagliero, el 19 de agosto, quien fue la primera en señalar a Brenda Agüero como la enfermera que anticipaba síntomas. Ese mismo día fue detenida Agüero.
“Y ni ella ni su esposo, el jefe de Obstetricia, Obdulio Paredes, fueron investigados y sí la jefa de Neonatología, Obdulio Paredes”, cuestionó.
Y ese mismo día ocurrió la reunión entre el gobernador Juan Schiaretti y un grupo de madres.
“Brenda Agüero fue seleccionada por el poder para ser sacrificada, porque el gobernador ya estaba en una campaña electoral nacional. Cada tanto el poder quema una bruja, elige un culpable”, planteó.
A su vez, cuestionó las conclusiones que extrajo la acusación de la pericia psicológica, que según Nievas no concluye que los rasgos narcisistas presentes puedan llevar a un impulso homicida.
Fue también contra el informe de perfilamiento criminal, porque es una herramienta que se utiliza para la búsqueda de un autor prófugo. “Acá se utilizó para una persona que está detenida. Faltaba que se diga que vivía en las Sierras Chicas de Córdoba”, ironizó.
En otro tramo, cuestionó que el fiscal de instrucción Raúl Garzón no investigó la reforma en el Centro Obstétrico, que según su criterio “al ser la escena de los crímenes y haber sido desmantelado, hubo destrucción de prueba”.
Señaló que no se siguieron otras líneas de investigación, como la desaparición de lotes de medicamentos, una denuncia que llevaron a la instrucción, en esa etapa.
Nievas habló también que “hay una enorme demanda económica en contra de la Provincia” y que sobre este aspecto “nadie habló en el juicio”.
En esta audiencia, Nievas hizo una presentación general de la defensa. Su colega Juan Manuel Riveros, este viernes irá al análisis caso por caso, anticipó el abogado.
Pedidos de abogadas del niño
En el inicio de la audiencia de este jueves, Patricia Estanciero, una de las abogadas del niño incorporadas en el juicio, consideró que los 13 niños de la saga, quienes murieron y quienes sobrevivieron, son víctimas de delitos y les corresponden los derechos legales y convencionales.
En este proceso, las abogadas del niño contribuyen en las demandas civiles de las familias afectadas.
En su alegato, hizo hincapié en el hecho de que la mayoría de los casos ocurrió en las primeras dos horas de vida de los recién nacidos, que es “el periodo de mayor vulnerabilidad” tanto de la madre como del bebé y es por esto que su cuidado en ese momento está en manos del hospital. “En ese momento, ella dominó la situación”, dijo Estanciero, en alusión a Brenda Agüero.
“Este juicio se va a terminar y tengo ocho niños de tres años a quienes se les inyectaron sustancias y no sabemos qué les puede ocurrir en el futuro”, planteó. Y solicitó una reparación efectiva que garantice una calidad de vida digna y que se ordene un programa de protección integral e interdisciplinaria a las víctimas sobrevivientes, a cargo del Estado. Todo esto junto a la demanda civil.
También pidió capacitación obligatoria en la Ley Lucio, de protección de derechos del niño.
“Cuando crezcan, ¿quién y cómo le va a explicar a estos niños cuando tengan 11 o 12 años que los quisieron matar en un hospital? Ese acompañamiento es deber del Estado", planteó.
También se pidió que participe el área de Lenguaje Claro de la Justicia para que puedan entender la sentencia apenas cuenten con esa posibilidad cognitiva.
El fiscal habilitó el pedido de detenciones
El fiscal Sergio Ruiz Moreno mantuvo su pedido de penas, luego de los reclamos de sanciones más duras de los querellantes particulares, con más años de prisión y detención inmediata tras la condena. Pero como no pueden pedir por sí mismos medidas de coerción o cautelares como prisión preventiva, decidió adherir a ese pedido de las querellas.
