La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó que las piezas arqueológicas secuestradas al coleccionista Juan Carlos Montamat –descendiente del teniente coronel Mariano Escalada, cuñado del libertador José de San Martín– queden a disposición de un organismo nacional al tiempo que inicie el registro de otros documentos de alto valor histórico.
La causa de las piezas arqueológicas en Alta Gracia
La causa en la que Montamat (62) fue imputado y luego sobreseído se remonta al 28 de abril de 2022, cuando el Juzgado de Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y de Faltas de Alta Gracia allanó su casa en busca del cuadro Alrededores de Córdoba, del artista Ricardo López Cabrera, que había sido robado del Museo Genaro Pérez.
Los efectivos descubrieron que Montamat tenía piezas arqueológicas que, según se sospechó inicialmente, podían violar la ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Hallaron pucos, un plato de cerámica, vasijas, urnas y hachas de piedra.
También encontraron 13 documentos históricos: escritos fechados entre 1864 y 1882, dirigidos a los sucesivos ministros de Guerra y Marina de la Nación; una carta de San Martín a Juan Martín de Pueyrredón (1817); una circular de un comandante de Córdoba por la llegada de San Martín, y una carta del gobernador Juan Bautista Bustos a los cordobeses (1829).
Además, encontraron una carta de Bustos a Manuel Moreno, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires (1827); una orden real sobre la operación cesárea en todo el Virreinato del Río de la Plata (1805); una carta de San Martín al presidente del Congreso del Perú (1823), y una cédula real por la que el rey Felipe V anunciaba a sus vasallos americanos el futuro casamiento del príncipe y de la infanta (1721).
No menos relevante fue la cédula real hallada en casa del coleccionista con la firma de Felipe IV, rey de España (1664); un escrito francés (1795); notas de Manuel Belgrano (1811 y 1813), y un documento de San Martín (1822).
El fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, imputó a Montamat por los delitos de almacenamiento de piezas arqueológicas y encubrimiento.
Sostuvo que habría tenido conocimiento de que los documentos habían sido sustraídos a sus originales propietarios (Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Córdoba, Archivo General de la Nación de Perú, Archivo del Reino de Mallorca y Archivo Nacional de Francia), aunque sin haber participado en los robos.
Montamat negó haber incurrido en algún ilícito, porque su “intención” era construir un museo llamado “Gabinete de curiosidades”, para exhibir piezas que resaltaran la “huella” del ser humano a lo largo de la historia.
En ese sentido, mencionó que en 2022 había comenzado a registrar su colección, como establece la ley, en la Dirección de Patrimonio de Buenos Aires, y que incluso ya había realizado varias exhibiciones en Córdoba y a través de YouTube.
“Quiero dejar claro que siempre gozó de publicidad la colección de documentos e impresos que se encontraban en mi poder y que fueron adquiridos de buena fe, ya sea por trueque, donación de los mismos o por adquisición en subastas privadas”, indicó.
“Si no registro estos objetos, van a parar a un sótano. Quiero terminar de registrarlos, pero esto requiere tiempo”, dijo, y agregó que como no encontró dónde registrarlas en Córdoba, concurrió a Patrimonio Nacional, en Buenos Aires.
“No almaceno las piezas secuestradas, sino que las colecciono y resguardo para ser exhibidas y con destino a un museo (...) como parte de mi vocación como gestor cultural, como lo he hecho de manera pública”, señaló, y reiteró que “jamás” poseería objetos obtenidos de forma ilícita.
Hasta mencionó que fue él quien, de modo anónimo, denunció el robo de la colección de Aroldo Rosso del Museo de La Falda, hace algunos años.
Refirió que es descendiente del teniente Mariano de Escalada de la Quintana (hermano de Remedios, esposa de San Martín), guerrero de la Independencia en el combate de San Lorenzo, y que el interés por el coleccionismo viene de familia: el apellido materno de su abuelo (Escurra) desciende de la esposa de Juan Manuel de Rosas.
“En la familia siempre hubo una inclinación a la colección y preservación de documentos históricos”, indicó.
Sobreseimiento y fallo de la Cámara
En 2023, la defensora pública oficial Mercedes Crespi solicitó el sobreseimiento. Sostuvo que lo único que se probó es que Montamat habría tenido en su poder documentos históricos, lo cual no constituía ningún ilícito.
Tras analizar el caudal probatorio, el juez federal N° 1 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, lo sobreseyó. “No ha sido posible acreditar el origen de los objetos y no habría sido posible confirmar el dolo directo; esto es, conocer si la pieza proviene de un yacimiento arqueológico y/o paleontológico nacional o internacional”, dijo.
“Tampoco fue acreditada la fecha a partir de la cual se hizo de ellas, pero sí se encuentra probado que inició los trámites para denunciar la posesión de los objetos”, agregó.
Resaltó además que Montamat tiene un marcado interés por el coleccionismo y la difusión de la arqueología, por lo que se había contactado con la Municipalidad de Alta Gracia para abrir un museo. Ese interés cultural, concluyó Sánchez Freytes, descartó la comercialización (no se pudo probar).
Por su parte, sobre los 13 documentos históricos hallados en su casa, el magistrado entendió que los había adquirido de “buena fe” (por medio de trueques, donaciones, subastas privadas o a través de reconocidos comercios), sin ocultarlos.
A pesar de la denuncia de la Agencia Córdoba Cultura sobre algunos objetos (de presunta propiedad pública) exhibidos en Alta Gracia, el juez destacó que ninguno de los 13 poseen reseñas o certificados que indiquen su pertenencia a organismos locales o nacionales (tampoco hay ninguna causa provincial abierta).
Lo sobreseyó y ordenó que las 17 piezas quedaran a disposición del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. También resolvió que los 13 documentos estuvieran en poder del Archivo General de la Nación.
Sin embargo, la defensa apeló porque entendió que el decomiso no derivó de la normativa y mencionó que los objetos habían comenzado a ser inscriptos.
Dijo que el juez omitió referirse al artículo 41 de la ley 25.743 (que establece un apercibimiento y la obligación de registrar las piezas obtenidas antes de la normativa). Al respecto, indicó que Montamat no fue apercibido ni emplazado para inscribir las piezas, por lo que –a su entender– no incurrió en un incumplimiento.
La Sala B de la Cámara, a través de los vocales Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, confirmó que las 17 piezas queden a disposición del Instituto de Antropología y revocó la orden de que los 13 documentos estén en poder de Montamat.
De esta forma deberá denunciar los objetos ante el Archivo Nacional.
“No surgiendo de las constancias que Montamat haya adquirido las piezas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley 25.743 (2003), opera la presunción legal de que las mismas habrían sido tenidas ilegítimamente –sin registración–, privando al Estado de ejercer la tutela efectiva sobre los bienes”, afirmaron los jueces.
