La Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Conferencia Episcopal Argentina, mediante un comunicado en el que se pronunció en contra de la baja en la edad de imputabilidad en menores. Y afirmó que la solución pasa por contención social y educación.
Además, remarcó que la realidad interpela, ya que desde hace años, la sociedad argentina padece las consecuencias de administraciones políticas que no no fueron capaces de crear una cultura del trabajo que incluya a todos los habitantes y a la vez permita a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo.
Situación que provocó innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil.
“En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”, remarcaron.
Y agregaron que a diario se experimenta esa realidad cercana, “porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades”.
Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas “que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.
“Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal - Sistema Alerta Temprana (Snic-Sat), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023, último dato publicado, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”, manifestaron.
La importancia de escuchar
“En los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y de ciudadanos de a pie, por lo general víctimas de delitos, pero la realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes”, destacaron las entidades de la Iglesia.
Y agregaron: “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.
Consumo de droga y falta de oportunidades
La Iglesia también remarcó que es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas.
Por ejemplo: “hoy, los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos”.
Y añadieron: “Nos remitimos a los hechos, por eso es necesario combatir el narcotráfico, pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”.
A la vez, se preguntaron: “¿Qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social. Es imprescindible comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.
Más lugares de contención
Por intermedio de la misiva solicitaron una mayor contención social y educación. Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?
Se sabe cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. “¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
Para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, “¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?”.
Y opinaron que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación.
El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución “¿Cómo se está trabajando para remediar esta tragedia educativa? Si los jóvenes hoy necesitan espacios de contención y cuidado ¡Manos a la obra! A reformar urgente el sistema educativo”, indicaron.
En los barrios más desfavorecidos hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen: clubes, polideportivos, capillas, centros vecinales, entre otros.
“Es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes. Que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea Ezeiza, las drogas, las armas o el cementerio”, manifestaron.
Abordaje integral
Para ello se requiere un debate serio —subrayaron—un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas.
La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo.
“Ante esta triste realidad nos vemos en la obligación de expresar nuestro parecer en este debate complejo y de hacer nuestro aporte desde lo que a diario constatamos y muchas veces también padecemos, porque, como la mayoría de los argentinos, deseamos un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos”, aseguraron.
El Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito, pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general.
“Tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables”, finalizaron.
