Hay algo que comparten los barrios donde hay un plan cada cuatro casas y aquellos donde casi no hay; donde la mayoría de las viviendas son propias porque las entregó el Estado y donde se alquila con contrato o es una propiedad comprada a crédito; donde una de cada tres familias cree que los alrededores de las viviendas son peligrosos para la salud contra apenas un 10 por ciento que percibe esos riesgos. Hay, en los mundos opuestos de los sectores sociales medios y medio altos y los medio bajos, bajos y bajísimos en la ciudad de Córdoba un raro consenso: una abrumadora mayoría, en todas partes, siente que vive insegura.
El dato proviene de una investigación sobre calidad de vida en la ciudad realizada por un equipo de estudio de la UNC y el Conicet, liderado por los doctores Adrián Carbonetti y Vanina Papalini, que estudió las diferencias en dos espacios urbanos: sociosegregados y no sociosegregados.
La definición de segregación social que introdujeron los autores se conforma de distintas vulnerabilidades: pobreza, deficiencias nutricionales, escasa o nula protección social, acceso limitado a servicios de salud, inserción informal al mercado de trabajo o desocupación y viviendas precarias, entre otros marcadores.
Así como en una buena parte de las respuestas a las consultas las diferencias son marcadas, en la consulta por el miedo a ser víctimas de algún delito hay una llamativa coincidencia.
Un 70,8% de los cordobeses que viven en espacios sociosegregados afirmaron que hay problemas de inseguridad en sus barrios, algo que incluso en forma inesperada es mayor en sectores más acomodados, que elevan el rango hasta el 75%.
“Si tuviera la posibilidad de mudarse a otra vivienda, ¿cuál sería su opción elegida?”, pregunta el estudio, buscando profundizar en el miedo.
En los barrios sociosegregados, el 31,7% de los entrevistados dijo que si pudieran, se mudarían de barrio, a otro en la misma ciudad. Se quieren ir del lugar.
En los sectores no sociosegregados, también el 25,3% se mudaría, pero a otra casa dentro del mismo barrio.
En la superficie están las internas policiales y el audio de la jefa de Policía en el que reta a su Estado Mayor por no controlar que los agentes trabajen durante los partidos de la Selección argentina en el Mundial. Pero en el fondo está la abrumadora sensación de estar en peligro que tienen y manifiestan los cordobeses.
¿Se corresponde esta sensación con la realidad? O, dicho de otro modo: ¿la sensación de inseguridad es expresión de real inseguridad? Muchas veces los gobiernos acuden a las cifras de los delitos denunciados para marcar que, si suben, los casos que se informan no son muchos más que años anteriores. Pero hay motivos para sospechar de estos registros y acudir a una herramienta que permite ver lo que ocurre pero no se denuncia: la encuesta de victimización, que es la que devela la “cifra negra” del delito.
La última vez que se preguntó a los cordobeses si había sufrido un delito o alguien de su entorno familiar más próximo lo había sufrido fue en 2020, cuando el Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Córdoba hizo una consulta virtual, por el contexto de pandemia. Entonces, muy por encima de lo que se denunciaba, se conoció que el robo en la vía pública afectaba al 39,98% de los hogares. El robo en casas afectó al 37,50% de los hogares y el de objetos en el vehículo, al 34,82%. Lo que llamó la atención es que un 23,12% de los hogares fueron afectados por delitos mediante teléfono, internet y/o redes sociales.
Para obtener un dato más reciente, el Observatorio acaba de contratar una nueva encuesta de victimización, que con 1.400 casos, sólo en la ciudad de Córdoba buscará saber si durante 2021 las familias sufrieron alguno de estos delitos: robo, hurto en casa, robo o hurto de vehículo, hurto en la vía pública, agresión en la vía pública y, por primera vez, si fueron víctimas de phishing, grooming o secuestro virtual, las modalidades más comunes de estafas virtuales.
Por un lado, parece existir la voluntad de conocer la verdad. Pero resulta llamativo que en el encargo a los investigadores de la Universidad de Villa María, que fueron contratados para el estudio, se pide también que se indague a la población “sobre los medios de comunicación en los que se informa sobre los hechos delictivos y que se pida una opinión sobre la influencia de estas informaciones en la percepción de la inseguridad”.
