Paga doble y hasta triple contra cualquier otro problema en la ciudad de Córdoba: la seguridad -la falta de- es para uno de cada dos cordobeses que viven en Capital el principal reclamo que tienen para hacerle a las autoridades.
Es un promedio. En algunas zonas de la ciudad, como en barrios del extremo norte, referenciados en el CPC de Argüello; y en el extremo sur, con el CPC de Villa El Libertador como ancla, la inseguridad es señalada como preocupación principal por el 70 por ciento de los entrevistados.
Este dato, revelado por encuestas que se hicieron con otros fines más prosaicos, es un subproducto de enorme valor: entrega un diagnóstico crudo de “por dónde pasan los tiros”, literal, para el común de la ciudadanía.
Por detrás, bastante por detrás, aparecen los reclamos por desbordes cloacales, la iluminación y, en las preguntas que se hicieron en los últimos días, la incertidumbre por el transporte.
La abrumadora mayoría que obtiene la inseguridad como principal deuda estatal no es desconocida por los gobiernos provincial y municipal. Es así que se decidieron cambios de nombres y de estilo en la gestión, además de invertir en cámaras de videovigilancia, más patrulleros, tratar de reincorporar personal retirado y reforzar las estrategias barriales y territoriales, para involucrar a los vecinos en la prevención y hacerlos parte de la construcción de soluciones.
Los polideportivos sociales y culturales son los mojones de esta estrategia de “ganar territorio” a narcos y delincuentes, con los consejos barriales de seguridad como instancia de acupuntura política y social.
Pero no es lo mismo que hacer una ruta. Y no es que no pueda haber problemas con una: basta ver la persistencia de los reclamos ambientales y de comunidades originarias contra la Autovía de Punilla.
Apostar a seguridad es lo indicado cuando es, por lejos, la principal demanda ciudadana. Pero en un contexto macroeconómico como el actual, con una brutal consolidación de pobreza e indigencia; planes sociales costosísimos de financiar y, a la vez, insuficientes contra la inflación; y pérdida de contención social en las escuelas y otros espacios comunitarios puede ser una opción muy mal pagadora.
Pasar de la incertidumbre por la comida al miedo y a sentirse inseguro en el “top of mind” de una encuesta es un descenso a un círculo inferior en el Infierno: una esencialización todavía más brutal sobre un derecho esencial: conseguir ingresos para comer, no perderlos en un arrebato o un robo y, que si ocurre, no sea mortal.
¿Es para la ciudadanía un problema el descrédito que se ganó la Policía por el caso Blas Correas y el centenar de otros crímenes, brutalidades y “tiros en el pie” que se conocen casi a diario, desde hace ya varios años?
El análisis que hacen algunos asesores consultados por los gobiernos es que si bien estos escándalos son relevantes porque tienen alto impacto en la opinión pública, para la ciudadanía común y corriente el principal problema con la Policía es su ineficiencia para darles tranquilidad. En suma: lo que más molesta no es lo que hacen mal, sino que no pongan las manos frente al incremento del delito y el deterioro de las condiciones de seguridad, en especial en las barriadas populares cercanas o fuera del anillo de Circunvalación.
La agenda cada vez más básica de la mayoría poblacional se vuelve imperativa para los gobiernos y una tentación para los discursos de odio o populistas. Lo dice Lidia Guerreiro, mamá de Víctor Hugo Saldaño, el cordobés que está preso en Estados Unidos en el corredor de la muerte esperando la ejecución hace 26 años: “Antes se solidarizaban conmigo, hoy esas mismas personas piden pena de muerte para alguien por un robo. Matar es más odio”.
