En un fallo de alto impacto social, la Justicia ordenó en las últimas horas la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión pone fin a la controversia generada luego de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) promulgó la norma en septiembre de este año, pero simultáneamente suspendió su ejecución.
Los argumentos del juzgado
El conflicto se centró en la Ley 27.793, que declara la emergencia hasta finales de 2027.
Aunque el Congreso la había sancionado por insistencia tras rechazar un veto presidencial, el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025 y, mediante su Artículo 2°, detuvo la aplicación de la ley.
El PEN argumentaba que el Congreso no había estipulado el origen de los fondos, lo que ponía en riesgo la sostenibilidad fiscal.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025.
La sentencia, con efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, cuidadores y prestadores, ordena la aplicación inmediata de la ley en todo el país.
El tribunal sostuvo que al suspender la ejecución de una ley sancionada por insistencia, el PEN violó el principio de legalidad y la supremacía constitucional, excediendo sus facultades y violentando el mandato constitucional de promulgación (Artículo 83 de la Constitución Nacional).
Crisis y desfinanciamiento
La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad, y sumó la adhesión de numerosas asociaciones civiles.
Los demandantes denunciaron que la suspensión privaba a miles de personas de medidas de emergencia para garantizar derechos fundamentales como la salud y la educación.
El extenso caudal probatorio presentado reflejó una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de las prestaciones solo aumentaron un 42,6%, generando una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%.
Esto provocó el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos esenciales.
El fallo también desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo.
El juez señaló que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, recordando que el gobierno había ejecutado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023.
La decisión de la Justicia marca un precedente en la defensa de los derechos de grupos vulnerables, reafirmando los límites constitucionales a la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de derechos sociales.
