Una resolución del juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, dispuso que el Pami restituya la cobertura de medicamentos al 100% para todos sus afiliados en el país.
La decisión extiende el alcance de una medida cautelar ya vigente en varias provincias, a partir de un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El magistrado ordenó suspender dos resoluciones dictadas por el Pami en 2024 que habían incorporado nuevos requisitos para acceder a la cobertura integral. Mientras la Justicia define el fondo de la cuestión, la obra social deberá volver a aplicar las condiciones previas establecidas por el programa “Vivir Mejor”, lanzado en 2020, informó La Nación.
Qué implica para los afiliados
El fallo afecta directamente a los más de cinco millones de afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. En la práctica el organismo deberá volver a otorgar los medicamentos esenciales del vademécum sin los límites socioeconómicos fijados el año pasado.
Las resoluciones ahora suspendidas establecían que solo quienes cumplieran determinados requisitos de ingresos, patrimonio y situación familiar podían acceder al beneficio pleno.
El juez consideró que esas condiciones “imponen una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los beneficiarios y que el Estado cuenta con herramientas para verificar esa información sin exigir trámites adicionales.
Antecedentes y alcance nacional
Desde fines de 2024, distintas organizaciones de jubilados habían impulsado demandas colectivas en Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires, entre otras jurisdicciones. La nueva disposición del juez Quirós unifica el tratamiento del caso y extiende su efecto a todo el país.
La APDH celebró la decisión y destacó que “frena el retroceso en materia de derechos” para los adultos mayores. Según la entidad, la cautelar obliga al Pami a garantizar el acceso inmediato a los fármacos incluidos en el vademécum vigente hasta 2023.
Posible apelación y cumplimiento obligatorio
El organismo que conduce Esteban Leguízamo tiene diez días para presentar un informe ante el juzgado y se prevé que apelará la medida, como lo hizo en instancias anteriores. Sin embargo, la apelación será con “efecto devolutivo”, lo que significa que el Pami deberá cumplir la orden judicial mientras el caso se revisa.
La Cámara Federal de Mendoza ya había confirmado sanciones por incumplimiento en causas previas, incluyendo multas diarias contra la institución y algunos funcionarios.
