La Justicia ratificó la prisión preventiva del exfuncionario Diego Concha en la causa por violencia de género denunciada por su esposa. Así lo determinó el pasado 22 de marzo el juez de control Daniel Strasorier luego del pedido de la defensa del exfuncionario provincial para que cese la medida en relación a la primera causa.
Concha, exdirector de Defensa Civil de la Provincia, tiene por el momento dos prisiones preventivas, una por la causa iniciada por su esposa en diciembre de 2021 y la otra por la denuncia por abuso sexual con acceso carnal efectuada por una joven bombera, Luana Ludueña, que meses después se quitó la vida.
¿Cambio de carátula?
La querella de la familia de Luana, representada por el abogado Carlos Nayi, pidió luego del suicidio de la joven, que la carátula de la causa por abuso sexual se cambie a “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el carácter de funcionario público y por mediar violencia de género”.
El pedido está basado en el antecedente del caso de Sathya Insaurralde, por el cual se condenó a su padre a cadena perpetua por abuso sexual y por homicidio tras el suicidio de su hija. En ese juicio se presentaron numerosas pruebas e informes psicológicos y psiquiátricos que determinaron que la única causa del malestar psíquico de Sathya eran los abusos perpetrados por su padre durante su infancia.
La fiscal Jorgelina Gómez dijo en diálogo con La Voz que aún se está investigando y que hasta el momento “no hay cambio de carátula”. “Estamos evaluando si corresponde o no el cambio de carátula pero hasta el momento no se ha dispuesto”, ratificó.
Al ser consultada sobre cuánto tiempo podría durar la prisión preventiva, la fiscal indicó que la investigación penal preparatoria prevé una prisión de tres meses prorrogables por otros tres meses hasta máximo de un año. Cumplido el año podría pedirse, para casos complejos, una prórroga de un año más ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) .
La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional que se toma durante un proceso penal con el fin de prevenir eventuales entorpecimientos de la causa o la fuga del acusado.
