Los incendios de bosque nativo en la provincia de Córdoba eran una realidad alejada para los habitantes de la Capital. Así fue hasta finales del siglo pasado, cuando comenzó la expansión de la mancha urbana, que terminó acercando las viviendas al fuego y no al revés.
Esa expansión fue resultado de un escaso y limitado control estatal, que tuvo la primera gran consecuencia catastrófica en 2015, y no con un incendio sino con inundaciones. El 15 de febrero de ese año, se produjo una lluvia que desnudó la falta de planificación urbana en las Sierras Chicas, en el departamento Colón.
El desorden urbanístico era impulsado por el propio Estado, a través de planes hipotecarios que por sólo estar destinados a viviendas nuevas o construcción, obligaron a miles y miles de personas a buscar lotes baratos fuera de la ciudad de Córdoba.
Los mansos arroyos que surcan esas localidades ubicadas a la vera de la ruta E-53 se convirtieron en ríos furiosos que arrastraron y arrasaron todo a su paso. El temporal y las crecidas terminaron con un saldo de ocho personas muertas y daños materiales incalculables.
La tragedia –evitable– pareció movilizar al Estado cordobés. El Gobierno provincial, que se había mantenido al margen de las autorizaciones que daban los municipios para nuevos loteos en la región, encargó al Instituto de Planificación del Área Metropolitana (Iplam) un plan de uso del suelo para todas las Sierras Chicas.
Era un proyecto de ley que establecía claramente cuáles eran las áreas a proteger, cuáles eran las áreas que se podían urbanizar y trazaba una planificación hacia el futuro. Pero el tiempo pasó, la tragedia fue quedando en el olvido y la iniciativa quedó estancada en la Legislatura de Córdoba.
El tiempo también diluyó el interés del Gobierno por tratar de prevenir otro desastre.
Así se llegó a un viernes de condiciones propicias para que el fuego, que antes se solía producir a kilómetros de las urbanizaciones, amenace cientos de viviendas.
Y no porque los incendios se hayan acercado a las localidades, sino porque se permitió que se multiplicaran los loteos sobre áreas de bosque nativo que, por las propias características climáticas de Córdoba, en esta época del año son de extrema combustión. Las viviendas se acercaron al fuego, no al revés.
¿Cuál es la solución? Tal vez la Provincia deba insistir con planes de uso de suelo regionales que limiten a los intendentes y ofrezcan una planificación que haga frente a estos desastres. Porque el fuego también se metropolizó.
