En el ámbito de diálogo habilitado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, la Municipalidad de Córdoba y la Cooperativa Horizonte alcanzaron un acuerdo pleno en torno al conflicto que se había generado por el acceso al agua potable en desarrollos urbanísticos de vivienda social impulsados por la entidad cooperativa.
El entendimiento se formalizó a través de un acuerdo transaccional suscripto por el intendente Daniel Passerini y las autoridades de la cooperativa, e incluye la totalidad de los puntos que se encontraban judicializados.
El caso era considerado de especial relevancia por el Ministerio Público Fiscal debido a que la investigación se centraba en la posibilidad de acceso al agua potable de vecinos de la ciudad de Córdoba que habitaban en urbanizaciones desarrolladas por la Cooperativa Horizonte. En ese marco, el conflicto penal había sido gestionado con un enfoque de derechos humanos, orientado a la comunidad y con el objetivo de lograr una conciliación positiva de los distintos intereses involucrados en aras de la paz social.
Conflicto por obras de agua potable
La conciliación quedó plasmada en un acuerdo transaccional y un acta complementaria, celebrados en sede fiscal, que habían puesto fin a una controversia iniciada en abril de 2023. Según explicó el presidente de la Cooperativa Horizonte, Carlos Moro, en diálogo con La Voz el conflicto se originó cuando a la cooperativa se le habían exigido, para la zona de Villa Retiro, “un sinnúmero de obras que eran sumamente gravosas para ser afrontadas por los asociados que son destinatarios de vivienda social”.
A esa situación se había sumado un segundo frente de conflicto en un desarrollo denominado Robles de Horizonte 3, ubicado en el oeste de la ciudad de Córdoba y compuesto por 57 viviendas, donde también se habían requerido obras de gran envergadura. Moro señaló que se trataba de intervenciones “monumentales, como son plantas elevadoras y otras obras de importante dimensión”, cuya ejecución, según afirmó, no había podido ser afrontada ni por la Nación ni por la Provincia, y mucho menos por la cooperativa.
El dirigente cooperativista indicó además que existían otras obras de alto costo en zonas cercanas a la Universidad Católica de Córdoba, también vinculadas a proyectos de vivienda social. Ese escenario derivó, con el paso del tiempo, en distintas instancias judiciales, entre ellas acciones de amparo y medidas cautelares.
Finalmente, la causa principal había quedado radicada en el fuero penal, donde el fiscal interviniente promovió un ámbito de conciliación, mediación y reflexión entre las partes.
Acuerdo transaccional y el rol del Ministerio Público Fiscal
“Luego de este largo trajinar, la causa principal fue una causa penal que quedó radicada en ese fuero y el fiscal interviniente estableció un ámbito de conciliación, de mediación y de reflexión respecto a las posibilidades de que los denunciados junto con la cooperativa llegaran a un tipo de entendimiento”, expresó Moro, quien destacó que el proceso estuvo atravesado por “un cariz social humano para resolver este tema del agua”.
El acuerdo fue alcanzado el pasado 18 de diciembre donde establece obligaciones concretas para ambas partes. En ese marco, la Municipalidad de Córdoba asumió la realización de una parte significativa de las obras, con fondos provenientes de la contribución especial que los cordobeses abonan en la boleta del servicio de agua. Por su parte, la cooperativa asumió compromisos vinculados a la denominada “toma de red” para la conexión a las troncales. De ese modo, las obras que eran motivo de conflicto quedaron acordadas.
Desde el municipio, fuentes oficiales señalaron a La Voz que el entendimiento fue “posible y necesario” y remarcaron que la Municipalidad siempre priorizó el acceso al agua potable de los vecinos de la ciudad.
“Ese fue nuestro propósito y así lo dejamos claro en las distintas instancias de concertación”, expresaron. Además, valoraron el acuerdo alcanzado e indicaron que esperaban que sentara un precedente para que, en el futuro, cada proyecto cuente con el respaldo administrativo correspondiente y avance de acuerdo con la normativa vigente.
