El domingo pasado, antes de viajar a Estados Unidos para renegociar las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, destacó las últimas cifras de empleo en el país. “El nivel de desempleo es el segundo más bajo de los últimos 20 años y la tasa de empleo es la más elevada desde 2003″, expresó el funcionario. Y agregó: “Eso significa que hay 1,3 millones más de personas con trabajo que en 2019″.
En cualquier otro país del mundo, ambos datos estarían hablando de una economía pujante y de un mercado laboral floreciente, con salarios en alza y un poder adquisitivo fuerte.
Pero no.
Apenas cuatro días después, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el último Informe de Condiciones de Vida, correspondiente al segundo semestre de 2022, en el que da cuenta de una suba de los niveles de pobreza en todo el país, que afecta al 39,2% de la población.
Y a todas luces ese dato ya está desactualizado. Es que con la escalada inflacionaria del primer trimestre (que acumula un alza en los precios de no menos del 20%), lo más probable es que la pobreza haya crecido aún más y supere ya con holgura el 40%.
¿Es posible que ambos indicadores –baja del desempleo y crecimiento de la pobreza– convivan de manera tan “armónica”? Lamentablemente, en un país tan complejo y paradójico como la Argentina todo es posible.
Santiago Poy, becario del Conicet e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), explica que en nuestro país resurgió en los últimos años la figura del “trabajador pobre”; vale decir, la de aquella persona que tiene un empleo, incluso registrado, pero que no logra llegar a fin de mes con lo que gana.
El sociólogo entiende que esta situación viene poniendo en jaque la idea de progreso personal a través del trabajo. Y señala que hay dos factores que llevan a esto: uno coyuntural, devenido de la alta inflación que padece el país desde hace ya demasiados años; y otro más estructural, con una sostenida precarización del empleo, donde casi la mitad de la población se desempeña en la informalidad.
Para colmo, tanto la pobreza como los bajos ingresos están afectando en mayor medida a chicos, chicas y jóvenes. Según datos del Indec, más de la mitad de la población infantil (54,2%) está bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 pibes sobrevive en la indigencia. Por el lado de la juventud, sus niveles de desempleo más que duplican las tasas generales, amén de tener los peores salarios del mercado laboral.
Así las cosas, pensar en sostener el entramado social con niveles de pauperización en aumento y mientras el trabajo en tanto dinamizador social pierde sentido como tal se hace cada vez más difícil. Ambas cuestiones no son fáciles de resolver ni podrán revertirse de un día para el otro. Pero en algún momento habrá que comenzar a abordarlas. Serán desafíos no sólo del actual gobierno, sino también de los que vendrán.
