Este miércoles, la empresa Uber reiteró sus fuertes críticas al despacho aprobado por la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba, que regula el funcionamiento de plataformas electrónicas de transporte en la ciudad.
El punto central del rechazo es el cupo máximo de licencias previsto en el proyecto: una por cada 375 habitantes, lo que representa un máximo de 3.998 vehículos habilitados en total.
“El proyecto aparece 6 años después de la aparición de Uber en Córdoba, es retroceder 6 años en el tiempo”, dijo a La Voz En Vivo el gerente de comunicaciones para el Cono Sur de Uber, Carlos Labaqui.
El ejecutivo reiteró los conceptos vertidos este martes a este medio que anticipó el tema, pero fue más allá:
“Esto es un despacho que sale de comisión, y que tiene un agravante más, en ningún momento se invitó a las voces de la industria, no hubo un debate claro de lo que se está buscando. ¿Alguien de la Municipalidad se va a a parar a decir quién puede trabajar y quien no?“, dijo al streaming de La Voz.
“Un sticker o un elemento identificatorio no le brindan seguridad a nadie, se puede falsificar en cuaquier lugar. Hoy la tecnología nos brinda herramientas mucho más precisas para identificar un auto, quién lo maneja y qué hace”, agregó.
“Lo que hace esto, es que es la Municipalidad le pone límites a los que pueden ganar plata”, remarcó.
Y especificó que ejemplos como los de Mendoza y Corrientes son los que van en la vía correcta. Y agregó que en Córdoba hay dos lugares donde eso se hizo no muy lejos de la Capital: Villa Allende y Río Cuarto.
“Esas dos ciudades están mucho mejor que lo que ha salido de la Comisión (del Concejo Deliberante capitalino). No hay restricciones a vehículos, cantidad de personas ni tarifas”, finalizó.
Las explicaciones de este martes de Labaqui
El ejecutivo explicó en la nota que se anticipó en la web de La Voz que, según los datos internos de la compañía, durante el último trimestre de 2024 más de 15.000 personas manejaron al menos una vez por mes con Uber en Córdoba. “Con ese cupo, estarías dejando afuera a unas 11.000 personas que hoy tienen una fuente de ingresos. Y eso sin contar que el total se repartiría entre todas las aplicaciones que existen, no solo Uber”, remarcó.
El proyecto de ordenanza, impulsado por el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, fue aprobado en comisión y será tratado en el recinto en la primera sesión de agosto.
Fija condiciones para que empresas como Uber, DiDi o Cabify puedan operar legalmente, y establece requisitos para conductores, propietarios de vehículos y plataformas. El punto más debatido es el artículo 9, que limita la cantidad de vehículos habilitados en base al censo de población.
Para Uber, esa decisión es regresiva. “Estás poniendo un límite como si esto fuera un servicio de taxis, cuando las plataformas funcionan de manera dinámica. Hay personas que manejan unas horas al día, otras que lo tienen como principal fuente de ingreso. Vas a necesitar un sistema para controlar cuántos manejan, a qué hora, con qué frecuencia. Es impracticable”, cuestionó Labaqui.
Además, expresó preocupación por el manejo de datos personales. “Si el municipio quiere controlar los movimientos de cada conductor, eso implicaría acceder a información sensible. ¿Qué protección de datos se garantiza? ¿Se va a usar solo para eso? No está claro”, agregó.
Uber también se mostró molesta por no haber sido convocada al debate legislativo. “Nos dijeron que hubo una ‘invitación genérica’, pero eso no es real. Cuando te invitan a un asado, sabés dónde y a qué hora. Nadie de Uber fue llamado a dialogar en serio”, señaló Labaqui. Y aseguró que la empresa está dispuesta a colaborar con una regulación. “Estamos disponibles para explicar cómo funciona el sistema, cómo se regula en otras ciudades del país, de la región, del mundo. Pero no nos dieron espacio”.
Respecto a los argumentos del oficialismo, que plantea que la limitación busca proteger al sistema de taxis y remises, Labaqui respondió que no se sostiene. “Hoy hay más de 1.200 taxistas en Córdoba que usan Uber cada mes. Eso no es destrucción del sistema, es integración. Si se están pasando a las plataformas es porque les conviene, no porque estén perdiendo derechos”.
También advirtió que, si se aprueba la ordenanza tal como está, Uber analizará cómo responder. “Vamos a ser muy vocales. Queremos dejar claro por qué esto es un despropósito. No se puede regular la tecnología con una lógica de censo cada diez años. Esto es como querer volver al 2017 en materia de movilidad”, dijo.
En cuanto a otros aspectos del proyecto, la empresa no cuestiona requisitos como la licencia de conducir profesional o la obligación de registrarse en ARCA. “No discutimos lo obvio. Lo que planteamos es que hay que distinguir entre requisitos razonables y trabas innecesarias. Una cosa es pedir una licencia; otra, que sea tan difícil de conseguir o renovar que se convierta en una barrera de entrada”, sostuvo el vocero.
Sí puso reparos en la exigencia de una identificación visible del vehículo, como un ploteo o sticker. “Si el objetivo es que el usuario tenga certeza de que se sube a un vehículo habilitado, la tecnología es mucho más segura que una calcomanía. Hoy, un código único o la verificación facial son más difíciles de falsificar que un sticker. Optar por lo analógico en vez de lo digital es raro”, opinó.
Sobre el esquema tarifario propuesto, que impide que el valor mínimo de un viaje sea inferior a la tarifa masiva del transporte urbano, Labaqui señaló que el problema no es ese artículo en sí, sino el efecto combinado con el cupo. “Si eliminás miles de conductores y dejás la misma cantidad de usuarios, la tarifa va a subir sola. Lo que generás es una movilidad más cara, menos accesible y con más esperas”, dijo.
La empresa no confirmó si recurrirá a la vía judicial si la ordenanza es aprobada, pero anticipó que hará público su rechazo. “Por ahora, lo principal es que se entienda lo que está en juego. Estamos hablando de miles de personas que perderían la posibilidad de generar ingresos sin saber siquiera dónde presentar un reclamo. ¿Quién decide quiénes entran en el cupo? ¿Hay que hacer fila? ¿Hay que anotarse en una ventanilla?”, se preguntó Labaqui.
Uber opera en Córdoba desde 2019. Durante los primeros años fue objeto de múltiples multas por parte del municipio y funcionó en la informalidad. En 2023 obtuvo una habilitación judicial provisoria del Tribunal Superior de Justicia, que meses atrás forzó al municipio a iniciar un proceso de regulación. El despacho aprobado esta semana es el resultado de ese proceso, pero aún resta su debate y votación en el recinto.
Desde Uber afirman que Córdoba no puede ser tratada “como una ciudad cualquiera”. “Es la segunda ciudad del país, con una enorme actividad educativa, laboral y comercial. No podés regularla con criterios que no se usan en ningún otro lado. Ninguna ciudad argentina limita la cantidad de cuentas de ingreso de esta manera”, concluyó Labaqui.
