La Provincia puso en marcha un agresivo programa de recupero de gastos en el sistema de salud. No incluye cobros a estados, ni provinciales ni municipales, pero sí a casi cualquier otra entidad: obra social, mutual o instituto. Con la firma del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, se publicó una resolución en la que se instruye al sistema público provincial de salud que facture los costos de la prestación y procure su recupero siempre que el paciente tenga algún tipo de cobertura.
El decreto, fechado el 14 de marzo de este año, señala que “a los fines de la gestión del recupero, se entiende que el mismo procede ante cualquier tipo de prestaci6n que se realice por parte de un efector de salud de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia a personas que sean titulares o beneficiarias de obras sociales inscriptas en el Registro Nacional de Obras Sociales, Obras Sociales e Institutos Provinciales o Nacionales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), entidades de medicina prepaga, de seguros, aseguradoras de riesgos del trabajo, de medicina laboral, mutuales o entidades análogas y/o, en general, de cualquier ente o programa, de cualquier naturaleza juridica, pública o privada, nacional o extranjera, que tengan a su cargo la cobertura de servicios de salud para personas humanas”.
La novedad surge luego de la presentación de un proyecto de ley que propone cobrar aranceles a los residentes de otras provincias y países que se atiendan en hospitales públicos de esta provincia por parte del legislador opositor Juan Pablo Peirone (Juntos por el Cambio), para los casos de prestaciones de alta complejidad, los tratamientos de alto costo o las cirugías programadas, no a las urgencias.
El proyecto contempla el cobro de un arancel –tomando como referencia lo que paga la obra social provincial Apross– a los pacientes que vengan de otras provincias o países a solicitar tratamientos o cirugías programadas. Se basa en que el sistema de salud se encuentra saturado debido a la crisis económica nacional.
En el decreto provincial se fija el mismo tipo de parámetro para el cálculo: el Nomenclador Global de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross). Y reserva al Ministerio de Salud provincial el detalle del tipo de prestaciones que se incluirían en proceso de recupero.
En el articulado se señala, a su vez, que “eI Ministerio de Salud puede celebrar convenios específicos con las obras sociales, mutuales, u otros sistemas de cobertura asistencial para la atención de sus afiliados en los hospitales y centros asistenciales de la Provincia de C6rdoba, y establecer para esos supuestos procedimientos específicos para la facturación y cobro de dichas prestaciones, aplicando otros nomencladores de referencia”.
Cristian Frías, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura cordobesa, dijo que el proyecto de Peirano se evaluará. “Seguramente se tratará en comisión”. Pero aclaró que el Ministerio de Salud de Córdoba ya mantiene convenios con otras provincias, mediante los cuales se recuperan los gastos de los pacientes que no residen aquí.
“Cuando viene a un hospital público un paciente de otro lado que necesita una prestación, se hace una factura y se le cobra a su provincia de origen. Ya existen convenios de reciprocidad y recupero de gastos”, indicó Frías.
Qué dice el proyecto
La iniciativa que ingresó a la Legislatura para su análisis propone regular el acceso a los servicios de salud que se brinda en los centros de atención que dependen del Gobierno provincial.
Crea aranceles para los pacientes que sean de otras provincias o de otros países y que, sin contar con domicilio (residencia) en esta provincia se atiendan en hospitales públicos provinciales.
También contempla que exista un régimen de reciprocidad, compensación y aranceles acorde a la prestación de servicios de salud a personas extranjeras o de otras provincias. Ese régimen de reciprocidad con otras provincias y países deberá contemplar un mecanismo de recupero de gastos a cubrir en su totalidad, siempre basados en los costos establecidos en el nomenclador de la obra social provincial Apross al momento de la prestación, señala el proyecto.
Peirone es médico en Río Tercero, ciudad donde fue candidato a intendente en tres oportunidades. Milita en el Frente Cívico y Luis Juez había anunciado que sería su ministro de Salud si era elegido gobernador de Córdoba en 2023. Es legislador departamental por Tercero Arriba por Juntos por el Cambio.
Fundamentó su iniciativa en lo que entiende es la saturación que está sufriendo el sistema de salud provincial, situación que –sostiene– está relacionada con la crisis económica nacional.
Sostuvo que “la política de igualdad para todos los habitantes que se encuentren en territorio nacional ha generado una saturación sobre el sistema de salud provincial debido a que muchos extranjeros realizan en hospitales públicos de Argentina y sobre todo de nuestra provincia, intervenciones programadas de alto costo, tanto clínicas como quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y partos, entre otras, sin que se hayan arancelado estas prestaciones, que no son emergencias ni urgencias, sino programadas”.
Su proyecto está acompañado por los legisladores Nancy Almada, Walter Gispert, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Carmen Pereyra, del mismo bloque en la Legislatura.
“Esta ley implica una reforma integral con el objetivo de modernizar, reorganizar y optimizar todos los recursos sanitarios a través de la regulación de la atención de los pacientes foráneos proponiendo el recupero de gastos desde las provincias o países asistidos”, expresó Peirone.
En Salta, primera experiencia
El gobierno de Salta estableció en febrero de este año el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.
La medida, la primera en esa línea que toma una provincia argentina, es sólo para extranjeros (no para visitantes argentinos) y se aclaró que la atención en casos de emergencias está garantizada y no deberá ser abonada.
La decisión quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129 a través del cual el gobernador Gustavo Sáenz determinó que los extranjeros contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, indicaron desde ese Gobierno, que fundamentaron la medida en la emergencia económica que atraviesa el Estado provincial y en la alta y creciente demanda que atraviesa el sector público de salud.
En el primer mes de aplicación de la medida, desde el Gobierno salteño se aseguró que se redujo más del 80% la prestación a personas de paso del exterior.
