El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Familiar, convocó a las entidades que agrupan a prestadores, familiares e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. En la reunión de este miércoles, las autoridades se comprometieron a fortalecer las políticas públicas para este sector, que viene sumando reclamos en el último tiempo.
La discapacidad afronta una crisis histórica debido a la falta de atención y de políticas públicas por parte del gobierno nacional, al que le corresponde por ley atender esta demanda.
Esto ha llevado a una situación de emergencia en el sector, con reclamos por la discontinuidad de las prestaciones, falta de actualización de aranceles, y la eliminación de pensiones.
Frente a este contexto, María Eugenia Pomazan, secretaria de Fortalecimiento Familiar, aseguró a La Voz la continuidad del acompañamiento que se realiza desde el ministerio provincial, además de apoyar desde distintas instancias la promulgación y puesta en funcionamiento efectiva de la ley nacional de emergencia de discapacidad.
“Instamos a los legisladores nacionales para que se materialice lo más pronto posible la ley aprobada en el Congreso. Si el veto presidencial existe, estaremos acompañando toda acción tendiente a garantizar los derechos a las personas con discapacidad y sus familias”, dijo la funcionaria.
Del encuentro participaron dirigentes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredi), de la Federación Converger y de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que agrupan a más de 120 instituciones.
Cómo se financia
En la actualidad el sistema de prestaciones para personas con discapacidad se financia a través de tres pilares, los cuales sufren de un desfinanciamiento:
- Mecanismo de Integración del Fondo Solidario de Reintegro (donde la Superintendencia de Servicios de Salud, con los aportes de todos los trabajadores registrados del país, paga a las obras sociales la cobertura de los tratamientos).
- El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), organismo autárquico que se financia con sus propios recursos (aportes de trabajadores y jubilados).
- Incluir Salud, el único pilar que se financia completamente con los aportes del Estado nacional.
Las personas con discapacidad representan, en la Argentina, el 10% de la población total.
Según los datos del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (de 2018) el 10,2% de la población de 6 años o más tiene alguna dificultad o limitación.
De ellas, solo, 1.594.888 personas tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) hasta julio de 2023, lo que representa el 3.46% de la población.
Qué hace la Provincia
En abril de 2024, el Ministerio de Desarrollo Humano lanzó el “Programa Provincial de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones”.
La iniciativa está destinada a fortalecer con apoyo económico aquellos proyectos de fundaciones e instituciones comunitarias que promuevan la inclusión, la autonomía, la participación y la capacitación de las personas con discapacidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
Esta herramienta permitió un alcance a más de 15 mil personas, la mitad de ellas del interior provincial. El presupuesto del 2024 fue de $1.200.000 y este año se triplicó. “El 40% de esta ayuda fue para proyectos de inclusión laboral”, indicó Pomazan.
Además desde este año entró en vigencia el “Programa provincial de accesibilidad en el hogar y a tecnologías con impacto”.
Este tiene como objetivo apoyar las iniciativas individuales de personas con discapacidad que promuevan la accesibilidad en el hogar, la sociabilización y el acceso a tecnologías asistidas para una vida más independiente y autónoma.
Prórroga de habilitación
En una resolución del Ministro de Salud se decidió la prórroga, de manera excepcional, por un año a partir de su efectivo vencimiento la vigencia de las habilitaciones de funcionamiento que hayan sido otorgadas a la totalidad de los efectores de salud oportunamente habilitados por la Dirección General de Regulación Sanitaria.
Esta medida incluye, por cierto, a las organizaciones prestadoras de discapacidad.
Además se avanzó en la digitalización de los procesos administrativos inherentes a la habilitación de los mismos que permite una tramitación más ágil y simple.
