En octubre de 2017 la Municipalidad de Córdoba, los carreros y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) firmaron un convenio que reduciría la tracción a sangre en la ciudad de Córdoba, con el objetivo final de terminar eliminándola.
El acuerdo apuntaba a reemplazar los caballos por motocicletas con carros incorporados –zootropos–, con el aporte de 3,5 millones de pesos de la Nación para tal fin.
Siete meses después, ese convenio aún no llegó al Concejo Deliberante para su aprobación, por lo que ni un solo caballo fue reemplazado y el fin de la tracción a sangre todavía es un objetivo lejano.
De hecho, la demora en concretar los trámites para finalmente licitar la compra de las motocicletas hizo que las 100 que habían sido anunciadas se hayan reducido notoriamente, e incluso pueda continuar su descenso.
"El trámite está partiendo próximamente para su aprobación en el Concejo, la semana que viene o la otra, y de ahí vamos a ir con el convenio específico a Nación. Después, seguirán la licitación y la compra de las motocargas. Vamos a poder adquirir entre 60 y 80, por ahora, pero la idea es ir aumentando la cantidad hasta que no haya más tracción a sangre", indicó a La Voz el subsecretario de Desarrollo Social, Adrián Casati.
Si bien no existe un registro fiel en Córdoba, desde la Municipalidad estiman que hay entre 700 y 900 carreros, por lo que, de concretarse este acuerdo, se alcanzaría a menos del 10 por ciento del total.
Para los cálculos del Movimiento de Carreros Unidos de Córdoba, el impacto sería incluso menor, ya que hablan de 1.500 familias que viven de los carros.
“Lo de cambiar los caballos por las motos de carga es algo que está en el aire, no hay nada. Lo que sí, algunos carreros que nos convertimos en servidores públicos dejamos el caballo a cambio de ir a trabajar limpiando espacios verdes, y ahí se sacaron carros de la calle. Nosotros ya no estamos”, señaló César Gallardo, de la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza.
El convenio para otorgar las motocicletas obligaría a entregar los caballos, que pasarían a instituciones con fines sociales, mientras que el carro sería inhabilitado. La Municipalidad trabaja junto con 14 cooperativas de carreros –450 personas– a los que se benefició nombrándolos como “servidores urbanos”. Reciben cinco mil pesos mensuales por 100 horas de trabajo en tareas de higiene de escuelas, dispensarios y reparticiones municipales. Según apuntaron, ninguno de estos servidores urbanos traslada niños ni adolescentes en sus carros.
La muerte, el pasado martes 15 de mayo, de un joven de 13 años que se trasladaba por Ricardo Balbín en un carro que fue embestido por un auto al atardecer reflotó la polémica por el control de los carros con tracción a sangre. No sólo por el cuidado de los animales, sino fundamentalmente por una cuestión de seguridad pública. En el accidente, también hubo dos hombres que sufrieron politraumatismos.
