Con programas de identificación facial y lectura de patentes de inteligencia artificial (IA), las cámaras de seguridad privada ubicadas en pequeños, medianos o grandes comercios de Córdoba podrán emitir alertas de seguridad a la Policía por personas con órdenes de captura y autos con pedido de secuestro por robo, entre otros usos.
Para que comience a operar este recurso, parte de la llamada Red Vigía, el primer paso fue técnico: la adquisición de las licencias de software y el equipamiento tecnológico. El segundo avance, más reciente, fue institucional: la firma de un convenio, que se celebró este lunes, entre el Ministerio de Seguridad y la Cámara de Comercio de Córdoba, para que distintos comercios nucleados en la entidad cedan la visualización de sus cámaras de seguridad a la Policía de Córdoba para integrarlas a la red policial de videovigilancia, se informó.
El convenio fue firmado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el presidente de la Cámara, Sebastián Parra.
¿Se revisarán todas las cámaras de seguridad de estos negocios? ¿Hay peligro de invasión de la privacidad? ¿Cómo se monitorearán volúmenes tan grandes de información? La presentación dejó varios interrogantes. Se responden, en detalle.
Cesión voluntaria. Los comercios no están obligados a entregar la visualización de sus cámaras de seguridad a la Policía. Muchas grandes superficies adelantaron que apoyan la iniciativa, pero sólo compartirán los registros en tiempo real de sus cámaras perimetrales, orientadas a las calles y el entorno, no a lo que suceda dentro de sus predios, sus líneas de caja u oficinas, confiaron desde la Cámara de Comercio. Para la Policía los lugares estratégicos son los ingresos y los estacionamientos.
“(Las imágenes) se utilizarán bajo supervisión humana y dentro de un régimen que garantice el respeto de los derechos de las personas, en particular su privacidad”, había señalado tiempo atrás el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuando La Voz anticipó el lanzamiento de este programa.
Quiénes pueden acceder. En este primer momento sólo pueden ingresar a la red los comercios asociados a la Cámara. Tienen que cumplir determinados requisitos técnicos: que el tipo de cámara sea compatible con los programas de la Policía y cuente con conexión a wifi de calidad para que corra el software de IA. “La Policía priorizará los puntos de acceso según distintas estrategias de prevención del delito, en una relación lógica de costo-beneficio, según la probabilidad de tener casos de éxito”, precisó el director de Tecnología del Ministerio de Seguridad, Carlos Tello. Por ejemplo: los espacios de estacionamiento en grandes superficies son un objetivo privilegiado por la modalidad delictiva de utilizar estos lugares para “enfriar” vehículos robados.
La prueba piloto se hizo en las playas de una sucursal de hipermercados Libertad y sirvió para ajustar procesos, con una evaluación que para Quinteros fue “muy positiva”.
Quién monitorea las imágenes. Los registros en vivo de las cámaras de los privados que se integren al plan no van a ser visualizadas en el centro de monitoreo de la Policía en la ciudad de Córdoba, ubicado en el edificio del Garden Shoppping, en el centro capitalino. Tampoco se grabarán. A quienes se integren al programa se les enviará un enlace de acceso al software de IA que cruzará datos en tiempo real con las bases de datos de búsquedas de personas con pedido de captura y de vehículos robados con pedido de secuestro. En caso de que el reconocimiento facial o la lectura de patentes detecte una coincidencia, el sistema enviará de forma automática una alerta a la Policía, a la central del 911. Si es preciso recuperar la imagen, se solicitará al privado acceso a sus grabaciones, para un potencial uso judicial.
Cooperación público-privada
El programa se enmarca en la Ley de Seguridad 10.954 y para el ministro Quinteros es un ejemplo claro de avance en la articulación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Ciudadana a través de la cooperación público-privada. “Es una inversión de un privado que se integra a una inversión estatal para darle lo que el privado no puede que es el software de IA, el cruce de datos y el análisis delictual”, graficó el ministro.
Andrés Cambronero, director general de Tecnología de Información y Análisis Estadístico de la Policía de Córdoba, explicó en forma didáctica: “El sistema funciona de manera muy simple, los comercios nos comparten la señal de sus cámaras y esas imágenes se integran a un sistema central de la Policía. No se trata de mirar todo el tiempo, sino de aplicar inteligencia artificial para analizar las imágenes y detectar situaciones que requieran la intervención”.
Para hacer más simple aún la comprensión, Cambronero graficó: “Por ejemplo, en los accesos a playas de estacionamiento el sistema lee las patentes, las compara con nuestras base de datos policiales y si encuentra un vehículo con pedido de secuestro genera automáticamente una alerta de 911. Lo mismo con las personas en los ingresos a los centros comerciales: el sistema puede hacer reconocimiento facial para detectar si alguien tiene algún requerimiento judicial. También puede identificar conductas extrañas como un vehículo a contramano o personas merodeando el lugar y en caso de una persecución podemos sumar cámaras privadas para seguir el recorrido del vehículo en tiempo real”.
El sistema provincial se sostiene
Actualmente hay 5.719 cámaras de videovigilancia provinciales. Un poco menos de la mitad (2.716) están ubicadas en domos se seguridad en la ciudad de Córdoba y son monitoreadas en tiempo real en el centro de videovigilancia por operadores policiales entrenados. En el interior se han integrado los monitoreos con cámaras que operan distintos municipios, aunque siempre con presencia de personal policial capacitado. Las ciudades con más cámaras son: Río Cuarto (412), San Francisco (250), Villa María (181), Carlos Paz (172) y Alta Gracia (60). En Capital las cámaras de tránsito que tiene el municipio no están conectadas ni comparten información con la Policía. Tampoco a la inversa.
