Tras los pedidos de pena que hicieron los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, la semana pasada, en la audiencia de este lunes comenzarán a alegar los querellantes privados, que representan a las madres y otros familiares de los cinco bebés muertos y otros ocho recién nacidos presuntamente atacados en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba entre marzo y junio de 2022.
Este lunes tuvieron lugar los alegatos de la representante complementaria de todos los bebés y querellante por tres de ellos, Ana Pagliano y luego los alegatos del abogado Carlos Nayi, abogado de tres mamás y familias de los niños.
La expectativa que existía en la sala era la posibilidad de que los acusadores privados eleven los pedidos de pena contra los exfuncionarios ministeriales, con Diego Cardozo -exministro de Salud provincial- para quienes el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de ejecución condicional. Las penas pedidas por Nayi y por Pagliano se conocerán este martes ya que no hubo tiempo en la audiencia del lunes.
Hicieron hincapié en enmarcar la causa en la violencia institucional. Además sostuvieron en mantener la acusación del Ministerio Público Fiscal. En el caso de Nayi, discrepó en tres puntos con esa acusación: pidió que no se absuelva a la médica Luján por falsedad ideológica y pidió que se mantenga la acusación de encubrimiento contra Claudia Ringhlegheim y Alicia Ariza.
Violencia institucional
La primera en tomar palabra este lunes fue la defensora oficial de Ana Pagliano, en calidad de representante complementaria y principal de los niños y de las niñas. Dijo que compartía la certeza del MPF en los 13 casos contra Brenda Agüero y las responsabilidades funcionales. Este martes continuará su alegato.
“Es mi responsabilidad funcional solicitar al Tribunal que enmarque este caso en violencia institucional”, planteó Pagliano, por la “vulnerabilidad especial de las víctimas”. Dijo que la prueba ha demostrado un “mecanismo corporativo y de doble vara”.
En su alegato, la abogada enfatizó que más allá de las responsabilidades individuales, “la estructura del hospital funcionó de forma corporativa, con doble vara: si el caso venía de afuera, se denunciaba; si pasaba dentro del hospital, se ocultaba”.
Pagliano cuestionó en particular la falta de denuncias y el criterio que explicó el médico Sergio Lynch en juicio de que se denunciaba si los síntomas bajo sospecha “vienen de afuera”. Ruiz Moreno pidió que se giren antecedentes para que se investigue por falso testimonio a Lynch.
“Actuaron corporativamente, defendiéndose entre ellos, cuidando su reputación y la reputación del hospital. Por eso no denunciaron los primeros casos, ni los que siguieron. La bola se acrecentó hasta el 6 de junio y qué decidieron: denunciar en forma fragmentada solo dos de los cuatro casos y lo hicieron para que no quede expuesta la omisión institucional”, declaró.
“Se creen que por haber dedicado su vida a la medicina tienen derecho a quebrar la ley”, dijo, en un tramo de su alegato. “Se investigan ellos mismos, se cuidan entre ellos, en una estructura corporativa”, dijo, además.
Actuaron para proteger la institución, no a los bebés. Eligieron cuidar su reputación y la de la gestión antes que la vida de los recién nacidos”, y agregó que todos los imputados “irradiaron esa lógica corporativa a todo el hospital”.
Marcó el inicio de la responsabilidad ministerial con el caso de pedido de reemplazo de la vitamina K, que en el testimonio de la jefa de Farmacia Susana Hernández Caffot quedó en evidencia en los fundamentos de ese pedido que había cuatro fichas con casos sospechosos: las muertes de dos bebés y descompensaciones súbitas en otros dos, todavía en abril de 2022.
También resaltó que nadie informó a las familias, “fueron destratados, esto atenta a derechos básicos de personas que pasan por un hospital”.
Pagliano citó que el antecedente que se compara para la violencia institucional es el de Valentino Blas Correas. “Hay un accionar institucional que afectó con las víctimas más vulnerables que existan: bebés recién nacidos”, dijo en la lectura de su dictamen.
La funcionaria resaltó y reconoció a las psicólogas y otras profesionales del Polo de la Mujer por el acompañamiento a las madres.
El alegato de la querella de Nayi
Nayi consideró que la prueba es “monolítica”, compuesta por evidencias indiciarias, pericias psiquiátricas, análisis de celulares y documentación que confirma tanto la existencia de los hechos como la participación penal de los 11 imputados.
“Voy a discrepar con la acusación pública porque entiendo que el pedido de absolución contra la doctora Maria Alejandra Luján, excoordinadora de guardias, no corresponde. Debe ser mantenida la acusación por la falsedad ideológica que se le atribuía en la acusación que llegó a juicio”, dijo.
Para la exsubdirectora médica Claudia Ringelgheim y ex jefa de Enfermería Alicia Ariza pidió, a su vez, que se considere que hubo encubrimiento, no una omisión de deberes como pidió la fiscalía, con penas de inhabilitación y multa, misma sanción para Luján. “Cuando se miente en el mundo penal hay delito, es falsedad ideológica”, dijo Nayi sobre Luján, quien firmó el certificado de defunción de Francisco Calderón, el primer bebé fallecido en la serie del Neonatal.
“Las condenas solicitadas de ejecución condicional no corresponden en este caso”, consideró Nayi, quien pidió que todas las condenas sean de cumplimiento efectivo, que se enmarquen en un contexto de violencia institucional, que se violó la ley de parto respetado y hubo violencia obstétrica, y “que estos delitos sean considerados de lesa humanidad”.
Nayi justificó el pedido de que se encuadre en “violencia institucional” y de violación de Derechos Humanos considerando “el crudo relato” de las madres, con “inconductas graves del sistema de salud pública” con estas víctimas “de familias humildes, vulnerables”.
Sobre el pedido de que sea enmarcado en “lesa humanidad”, dijo que los delitos se cometieron “desde el corazón mismo del sistema de salud provincial”, que la secuencia de hechos tuvieron un mismo contexto delictivo y la indefensión de las víctimas, que “hubo una ingeniería delictiva que fue en contra de un grupo de personas vulnerables, las madres que acudieron a un hospital público provincial” y que hubo un daño extenso e irreparable, incluso en el descrédito de un centro de salud.
Penas más graves
El abogado Carlos Nayi -quien representa a tres madres y padres que perdieron sus hijos en el Neonatal- dijo que “todos mataron, la principal Brenda Agüero, que actuó como un lobo estepario y los otros que dejaron abierto el valladar que hizo posible esto”.
Nayi le dedicó a las familias de los bebés porque “fueron condenados a lo antinatural, porque no es natural que los padres sobreviven a sus hijos”.
“Lo que absuelve o condena es la prueba”, dijo Nayi, quien remarcó que es abundante, consistente y suficiente para justificar las acusaciones.
“Ella mataba desde el sigilo, con un método insidioso”, remarcó Nayi.
En su presentación, apoyada por un documento de Power Point, repasó los casos, empezando por los dos primeros, del 18 de marzo de 2022, donde entiende que comienza la falta y la omisión de denunciar. “Es como considerar que caigan dos rayos en un mismo lugar en el mismo día, como dijo el perito Iván Yuszyszk”, dijo.
De allí pasó al caso de Damaris Bustamante, el 23 de abril, mamá de Benjamín, muerto por otro “colapso inexplicable”. “¿Qué hicieron? Nada. Se tomaron medidas internas, pero no se judicializó“, remarcó.
Nayi también habló por la familia de Angeline Rojas Reyes, muerta el 6 de junio “cuando se bombardeó el hospital y hubo cuatro ataques a bebés”.
“La prueba colectada hasta el juicio, documental, indiciaria, presuncional, pericias, testimonial conforma una estructura monolítica. Los hechos existieron y la participación penal de los 11 acusados está debidamente acreditada”, advirtió Nayi.
Nayi dijo que “en esta causa no hay ningún perejil”, evidenciando de que está acusado el propio exministro de Salud, al mismo tiempo que la enfermera Agüero.
Defendió la fuerza incriminante de los indicios que hay en la causa por su coherencia y consistencia. “Los hay de presencia física, de oportunidad, actitud anterior y posterior, mala justificación hasta construir un cuadro convictivo”, señaló.
“Los 13 casos ocurrieron en ocho días y en todos estuvo Brenda Agüero. Y en los días que no estuvo ella, no hubo ningún caso”, precisó Nayi sobre el indicio de presencia, que se complementa con el testimonio de los padres o de las madres que la reconocieron en contacto con sus hijos.
“Tenía los conocimientos de aplicación de potasio, ella sabía como hacerlo para que no sea inmediata la muerte, porque había estudiado cómo se dosificaba para que ocurra fuera del momento en que generaba un escenario incriminante para ella”, detalló. Este es un indicio de conocimiento, como el hallazgo de materiales teóricos e imágenes de materiales sobre dosificación y otros elementos.
“Los manipuló a los bebés, incluso transgrediendo para acceder a lugares que no eran su espacio de trabajo”, agregó.
También marcó como un indicio la “mala justificación”, que es cuando sus palabras son desmentidas por prueba independiente, como el intento de Brenda de sindicar a otras personas sospechosas.
A su vez, es otro indicio la actitud posterior en cada evento en el que mostraba un especial interés por la evolución. Nayi, en ese tramo, citó una pregunta de la vocal Laura Huberman: “¿Alguien más preguntaba?“. No hubo otros interesados, fue la respuesta. Del mismo modo consideró Nayi el intento por comprar o alquilar una propiedad en Adrogué, Buenos Aires, luego de ser licenciada.
Hizo un listado muy largo de otros indicios, que evaluó complementarios, consistentes entre sí, capaces de construir un mismo contexto delictivo.
Citó a Nicolás Maquiavelo, con el principio: Hacen mal pero simulan hacer el bien. “Lo dice la pericia psicológica de la principal acusada”, graficó y lo extendió a los demás acusados. “El poder es un gran transformador de la conducta, esto es lo que ha ocurrido”, consideró.
El abogado dijo que la Justicia de Córdoba está haciendo “algo jamás visto” en este caso porque a diferencia de cómo se trataron los 18 casos conocidos en el mundo de enfermeros que mataron a sus pacientes, aquí también se juzgan responsabillidades funcionales, no sólo a los autores materiales.
Sobre Diego Cardozo
Nayi se refirió a la trayectoria de Cardozo y a su rol en la pandemia.
Primero dijo que “es un impostor” ya que era miembro de la Policía de Córdoba y mantuvo su cargo en esa institución mientras mantenía su función pública en el ministerio.
El abogado dijo que mencionaba este dato en el marco de la causa porque “sabía qué actividad y medir el alcance de una actividad ilícita”.
Luego se refirió al rol de Cardozo en la pandemia, luego del llamativo elogio que hizo el Fiscal Ruiz Moreno en sus alegatos. En la vereda contraria, Nayi cuestionó su accionar y dijo: “También en la época de la pandemia ocurrió el caso de Solange Musse, de quien represento a su padre y estamos pronto a iniciar un juicio”, reprochó.
Luego repasó una serie de entrevistas periodísticas en las que Cardozo habría dicho que se tenía conocimiento de los casos desde marzo de 2022.
Martes
Este martes y miércoles continuarán con los alegatos de las querellantes. En principio el jueves comenzarán los alegatos de los imputados. Se espera que el alegato de Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero, sea el primero y que luego se avance con los alegatos de los 10 exfuncionarios.
