La casa de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, permanece detenida en el tiempo: los tres perros que tenían siguen resguardando una triste quietud tras el doble femicidio que las tuvo como víctima.
Los vecinos dan notas a los medios de comunicación y una sábana tirada en el patio recuerda la mayor crueldad de un crimen que conmocionó al país. El mismo patio donde hasta hace unos días jugaba P., hijo de Luna y del único acusado del hecho, el uruguayo Pablo Laurta.
Tras el doble femicidio, el niño llegaba anoche a esta provincia para quedar a resguardo de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), organismo que determinaría con quién pasaría su primera noche en Córdoba, mientras se analiza junto a la justicia el entorno más cercano al niño para ver quién podría asumir su guarda a futuro.
Mientras tanto, una marcha se realizó ayer en Córdoba y la cronología judicial recordó la manera en que Luna, frente a la violencia que sufría, fue litigando favorablemente las presentaciones planteadas por Laurta en los Tribunales de Familia.
Desde lo penal, un repaso cronológico advierte cómo se fueron dando las primeras medidas de protección que luego se renovaron hasta la fecha. Durante casi dos años, se revalidaron pedidos a Migraciones para que cuando Laurta volviera al país se le colocara una tobillera dual.
Laurta no logró en estos años acorralar a Luna en lo económico y accionó judicialmente para alejar al niño de su madre, también sin éxito.
Manipulación y control
Luna y Laurta se conocieron en 2018 a través de las redes sociales. Ella vivía en Córdoba; él en Uruguay. De esa relación nació Pedro, en 2019. Durante los primeros meses, Laurta viajaba para verlo.
Con la pandemia ese vínculo sólo se pudo mantener en forma virtual. Luego, Luna comenzó a viajar con su hijo a Uruguay. Allí, él comenzó a ejercer conductas de control y hostigamiento.
“Cuando ella estaba acá, él quería controlar con quién estaba, qué hacía, a quién veía. Los comentarios despectivos y la manipulación se volvieron constantes”, relató Salomé Nausneris, asesora letrada del fuero de Familia en diálogo con La Voz.
En uno de los viajes de visita de Luna, en octubre de 2023 Laurta la agredió físicamente. Ella lo denunció el 18 de octubre en Córdoba. La jueza de Violencia Familiar y de Género de la causa en ese entonces, Mariana Herce, dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros, prohibición de contacto, tratamiento obligatorio para el hombre (que nunca cumplió) y la entrega del botón antipánico para la joven.
También dispuso una cuota alimentaria provisoria del 45% de un salario mínimo. Una cuota que distintas fuentes confirmaron que Laurta jamás pagó. Dichas medidas luego fueron prorrogada en varias oportunidades.
El 27 de octubre de ese año, 2023, Laurta ingresó al país con armas. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad.
En febrero de 2024, Laurta fue detenido nuevamente por violar la restricción judicial. La fiscal Gutiez ordenó su detención por solo un día. Mientras, en el Juzgado de Violencia Familiar (encargado de las medidas de protección) se ordenó la implementación de un dispositivo dual, pero no se lo pudo colocar porque Laurta ya había regresado a Uruguay.
La jueza Victoria Jalil tomó la causa a mediados de ese año, en la misma línea que la anterior.
Luego de ello, un total de cuatro notificaciones se enviaron a Migraciones, para que cuando Laurta regresara al país se le colocara la tobillera electrónica de inmediato. Pese a todo, “nunca volvió a presentarse ante el tribunal, cambió abogados en cuatro oportunidades y los domicilios en Uruguay. Siempre se le notificaba de las audiencias por mensajería, igual que a sus abogadas”, dijo una persona cercana a la causa.
El dispositivo dual estuvo a disposición casi dos años, hasta que desde la dependencia a cargo de los mismos solicitaron dar su baja para que pueda ser usado en otras causas y no quede inactivo.
En el fuero de Familia
Mientras tanto, en los Tribunales de Familia se tramitaron dos expedientes paralelos: uno por restitución internacional del niño, iniciado por Laurta desde Uruguay, y otro pedido por Luna para que el padre del niño no pudiera vender la casa en la que vivía la joven.
El pedido de restitución internacional fue rechazado en primera instancia por el juez de familia Gabriel Tavip (quien llegó a la conclusión de que no correspondía porque el centro de vida del niño era Córdoba) y la medida fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en julio de este año.
En paralelo, se mantenía un pedido por la casa. Resulta que la vivienda en la que vivía Luna y su madre era de su familia de toda la vida, pero había entrado en remate por deudas. Mientras ella estuvo en relación con Laurta, éste compró la vivienda y luego de la separación, amenazaba a Luna con venderla y dejarla en la calle a ella, a su madre y a su hijo.
“Era un intento más de hostigarla judicialmente”, dijo una de las fuentes. Otro juzgado de Familia determinó provisoriamente una medida cautelar de “no innovar”, impidiendo vender la casa. “Había una niño cuyo progenitor no pagaba la cuota alimentaria y que además pretendía dejarlo sin vivienda”, señaló otra fuente judicial a La Voz.
“En todo este proceso, mientras se litigaban estas cuestiones, él nunca solicitó a la justicia un régimen de comunicación con el niño, ni mantener el vínculo de alguna forma”, remarcó la asesora Nausneris. “A él no le interesaba el vínculo con el niño. Estuvo dos años sin verlo y no pidió a la Justicia ni siquiera hacer videollamadas con él. También hizo una denuncia penal contra la abuela por un hecho infundado. Sólo usaba al niño como botín en su intento por controlar y hostigar Luna”, dijo otra de las fuentes judiciales.
Un hogar tras la tragedia
En tanto, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, confirmó La Voz en Vivo que el niño de 5 años fue trasladado ayer desde Entre Ríos a Córdoba y que por estas horas se evalúan sus alternativas familiares.
Las alternativas no son muchas: hay una tía del pequeño que vive en Chile, una tía abuela en Buenos Aires, y otra familiar en Jujuy. El niño tiene apego con referentes escolares también y se hará una evaluación de toda la situación para que P. quede al resguardo de una familia que pueda contenerlo.
“Estamos analizando cuidadosamente con la Senaf y con la Justicia cuál es la mejor opción de cuidado para este pequeño. Hay familiares en diferentes provincias y el objetivo es garantizar su estabilidad, su contención afectiva y su acompañamiento psicológico”, aseguró Montero en diálogo con La Voz.
