Un grupo de ocho legisladoras de Córdoba presentaron este lunes un informe diagnóstico de problemáticas y propuestas de cambio en relación a la realidad de la niñez en la provincia.
El informe fue elaborado por la Mesa de Trabajo de Niñez, conformada a mediados de 2022 por legisladoras de los bloques de Juntos UCR, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y Coalición Cívica ARI. “Identificamos los problemas que afectan a la niñez de Córdoba, y proponemos líneas de acción y de abordaje integral. Para ello, llevamos adelante visitas a residencias y OGAs, y mantuvimos reuniones interdisciplinarias con distintos actores involucrados, como funcionarios de la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y personal de centros de salud”, indicaron en un comunicado.
Las legisladoras que conforman la mesa son Elisa Caffarati, Cecilia Irazuzta, Meme Moscoso, Veronica Garade, Marisa Carrillo, Silvia Paleo, Daniela Gudiño, Patricia de Ferrari y la exlegisladora María Rosa Marcone.
En el documento identificaron siete problemas principales. En primer lugar, “el escaso y no siempre calificado personal destinado a cumplir las funciones que por ley tiene asignada la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf)”. En segundo, la “falta de coordinación entre los distintos organismos que deben garantizar la plena vigencia de todos los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes (reinserción escolar, atención psicológica, prevención y atención de la salud, derecho a la identidad, acceso a beneficios de la seguridad social, etc.)”. En tercer lugar ubicaron la “falta de atención inmediata a situaciones de vulneración de derechos” de esta población en el interior provincial, especialmente en localidades pequeñas.
En cuarto lugar señalaron los “conflictos en relación a los programas de familias de acogimiento”; como quinto problema, la “escasa posibilidad de resocialización de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal alojados en el Complejo Esperanza”; en sexto lugar la “escasa o nula atención en salud mental y adicciones”; y en séptimo y último la “desinversión y disminución del presupuesto destinado a las políticas dirigidas a la niñez”.
La presentación del informe se realizó en la Legislatura de Córdoba. “Conformamos la mesa ya que sentíamos que la niñez no está en la agenda política de nadie. La mayoría de las legisladoras firmantes pertenecemos a la Comisión de Niñez de la Legislatura y veíamos con preocupación lo que sucede en algunas instituciones dedicadas al abordaje de esta problemáticas. Esto no es un proyecto de ley, sino un diagnóstico y propuestas concretas para el Poder Ejecutivo”, explicó Cecilia Irazuzta en diálogo con La Voz.
“Somos de distintos partidos políticos y queremos aclarar que esto no tiene nada que ver con la campaña electoral. Llegamos ahora a este diagnóstico luego de un año de trabajo”, aseguró Irazuzta.
Personal de Senaf
El primer problema detectado es el escaso y no siempre calificado personal para cumplir las funciones que por ley tiene asignada la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf). Lo que se desprende del informe es “la demora en la toma de decisiones respecto de niños en situación de riesgo, tanto los que están en la órbita de la Secretaría como los que han sido judicializados”.
También la “demora en el procedimiento de atención de los niños que están en familias de acogimiento, como así también el deficiente acompañamiento en los procesos que deben desarrollarse en los diferentes dispositivos”.
Como posible solución proponen una ley que establezca el modo de ingreso y asegure la cantidad necesaria de personal según los siguientes criterios: cantidad de agentes por unidad regional, ingreso por concurso a planta permanente, calificación adecuada para el cargo, revalidación periódica de cargos, capacitaciones permanentes y obligatorias.
Falta de coordinación entre distintos organismos
En este ítem el diagnóstico establece la “inexistencia de protocolos actualizados y eficaces de articulación entre la Senaf y los ministerios de Educación y Salud, y falta de acuerdo entre las recomendaciones de la UIAVI (o el organismo que la reemplace en funciones) y las decisiones que toma la Senaf”.
Como efecto advierten que hay niños al cuidado de Senaf sin documentación, pequeños sin escolarizar, otros escolarizados pero lejos de las residencias, tardía atención de la salud física y mental, y revictimización de niños.
Frente a ello, proponen la construcción de mesas de trabajo que revisen la situación actual, que articulen con organismos y ONG, y que establezcan protocolos de coordinación.
Situación en el interior provincial
En el informe, las legisladoras advirtieron sobre la “gran cantidad de municipios y comunas no tienen servicios locales de Promoción y Protección de Derechos”, y que los existentes “no cuentan con personal idóneo ni suficiente”.
Esto provoca, según indicaron, demoras en la intervención del Estado para brindar atención y protección a las infancias.
Por ello, proponen que en todo municipio exista un servicio de promoción de derechos y que se asignen fondos en cada presupuesto anual para que estos servicios cuenten con el equipo técnico que marca la ley.
Familias de acogimiento
En el informe de diagnóstico las legisladoras denunciaron sobre el “incumplimiento de los protocolos de incorporación de las familias al programa”, el “nulo seguimiento a las familias que reciben niños en guarda” y “demoras en los trámites administrativos y/o legales para determinar el cese de la medida excepcional, ya sea por revinculación o sentencia de adoptabilidad”.
También advirtieron por la “arbitrariedad en las medidas que toma la Senaf respecto a la permanencia o no de un niño en la familia que lo acoge”.
Como consecuencias de estas falencias, las legisladoras detectaron que habría mayor permanencia de los niños en las familias y por lo tanto una consolidación de los vínculos, afectación en la escolaridad, entre otros.
Resocialización de niños en conflicto con la ley penal
En este punto, el informe indica que hay una falta de políticas preventivas y de apoyo familiar que evite que los niños, niñas y adolescentes opten por la actividad delictiva y una “ineficiente infraestructura y planificación de proyectos socioeducativos que favorezcan un proceso de cambio dentro del centro”.
También detectaron escasos protocolos de actuación durante el proceso en lo que respecta al ingreso, estadía y egreso; la “inexistencia de espacios de reflexión individual y grupal para el reconocimiento de sus derechos y el análisis respecto al daño a las víctimas y a la infracción cometida”; y el “nulo desarrollo de las capacidades y potencialidades de los jóvenes en su posibilidades individuales”.
Todo ello provoca, según el informe, que “la estadía en el Complejo Esperanza no es aprovechada como una instancia metodológica de aprendizaje”.
Para ello proponen la realización de un plan de acción basado en un proyecto educativo individual y colectivo, planificado con el adolescente, y que articule la educación formal, el deporte, la recreación y la promoción de su salud física y mental, contemplando el punto de partida del joven.
Salud mental y adicciones
Al hacer los recorridos, las legisladoras notaron que hay “escasa o nula atención adecuada de salud mental y de adicciones en niños, niñas y adolescentes y sus familias”. Aseguran que esto genera “un desgaste familiar y comunitario para contener la problemática”.
Como acción propositiva establecen un programa integral especializado en prevención, detección y abordaje de requerimientos de salud mental y de adicciones, con el fin de llegar a una contención efectiva con abordaje oportuno para evitar crisis o consumo. Y en su caso lograr la rehabilitación con proyectos de inserción en el mundo del estudio y el trabajo, que propicien el despliegue de su proyecto de vida.
Presupuesto
El séptimo y último punto que plantearon en el informe es la “desinversión y disminución del presupuesto destinado a las políticas dirigidas a la niñez”.
Según las legisladoras, desde el año 2018 se registra una caída real en el gasto social destinado a la niñez en el presupuesto provincial. “Desde la abrupta caída entre 2018 y 2019, de más de $ 1.190 millones, y las sucesivas reducciones en los años siguientes, Córdoba pasó de tener una inversión social en niñez de $ 18.094 en 2018 a una inversión efectiva en 2021 de $ 16.355 millones”, señalaron.
“En el presupuesto para este año se destina a estos programas sólo un 86% más que en 2022. Teniendo en cuenta que el año pasado acabó con una inflación mayor al 100%, claramente en términos reales no se va a disponer de los fondos necesarios para capacitación, mejora de infraestructura, fortalecimiento de OGAS, etc”, explicaron en el informe.
“Vemos con profunda preocupación este estado de vulneración y abandono, por lo que denunciamos y exigimos más y mejores políticas públicas destinadas a proteger las infancias”, finalizaron las legisladoras.
