No hay una lengua de señas universal: en cada país hay una diferente y en el mundo rigen más de 60. En el caso de América del Sur, sólo Argentina y Guayana no poseen una ley que legitime este idioma.
Con consenso mayoritario, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Ley Federal de Lenguas de Señas Argentina. Fue presentada el pasado 23 de septiembre por la Confederación Argentina de Sordos (CAS) y se aguarda ahora su tratamiento final en el Senado.
La idea es impulsada desde 2007. El objetivo principal es que la Lengua de Señas Argentina (LSA) se reconozca como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio.
Evangelina Anahí Carrión, presidenta de la fundación Amigos con Diversidad Auditiva Córdoba (ACDAC), graficó la importancia del proyecto: “La intención es promover una mirada positiva acerca de la persona sorda y su comunidad; se busca asegurar el pleno goce de sus derechos”.
Según la CAS, hay escasa accesibilidad a la información y comunicación en las distintas áreas de la sociedad para los sordos. Esto genera, en algunos casos, deserción en los estudios primarios y secundarios, lo que dificulta también el acceso a chances laborales.
“El 86% de las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o no pudieron comunicarse con sus docentes. El 58,4% de las personas sordas en edad laboral se encuentra inactiva y el 39,9% tiene un trabajo por lo general precarizado”, señaló la Confederación con datos del último censo nacional (2010) .
Argentina cuenta con la ley 26.378 de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esta norma reconoce la identidad lingüística y cultural de las personas sordas, pero estas reclaman que no se garantizan plenamente sus derechos.
“El problema es que las obras sociales no cubren la comunicación”, remarcó Mariana Rodriguez, profesora de lengua de señas y miembro de Crescomas Córdoba y de la CAS.
¿Cuántos sordos hay en Argentina?
Este colectivo es muy heterogéneo y los datos no son relevados en nuestro país, por lo que no existe una cifra actualizada de cuántas personas sordas viven en Argentina. Según la CAS, la dificultad auditiva compone el 18% de las discapacidades en el país, La hipoacusia afecta a entre 700 y 2.100 niños al año.
El Censo Nacional 2010 informó que hay 945.168 hogares con al menos una persona con limitación auditiva permanente. No hay información que determine cuántas utilizan la lengua de señas.
Objetivos principales de la ley
El proyecto propone siete ejes claves para mejorar la vida diaria de las personas sordas:
Reconocer oficialmente a la LSA. Es lengua natural, originaria y que forma parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda en todo el país.
Libertad de elección en el uso de la LSA. El Estado debe comprometerse a tomar medidas para respetar, fomentar e impulsar el acceso y el uso de la Lengua de Señas Argentina de todas las personas que elijan usarla.
La LSA como lengua natural. se transmite en la modalidad viso–espacial. Tiene una estructura gramatical compleja y distinta del español. Esto permite a las personas sordas comunicarse en sociedad y constituir su identidad y cultura.
Establecer organismos legítimos de consulta sobre la LSA. Son las organizaciones de personas sordas que representan a la comunidad sorda en todo el territorio Argentino y que se encuentran reconocidas, oficialmente constituidas e inscriptas y con reconocimiento del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y oficialmente serán consideradas depositarias de conocimientos sobre la materia.
Accesibilidad garantizada por el Estado. En servicios públicos y privados, como la educación, el trabajo, la salud, y los demás entornos vinculados a la vida cotidiana en sociedad de todas las personas que utilicen dicha lengua para comunicarse.
Enseñanza de LAS. preferentemente, por personas sordas calificadas, siguiendo un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, con el asesoramiento de los organismos legítimos de consulta.
Enseñanza para personas sordas. En establecimientos públicos o privados, se deberá garantizar el acceso a todos los contenidos del currículo común. Deberá respetarse el derecho de las personas sordas de Argentina a una educación bilingüe e intercultural, en la que la LSA es la primera lengua y el español escrito la segunda lengua.
¿Cómo es vivir en una sociedad oyente?
La comunidad sorda es quien debe elegir cómo autopercibirse. No se identifican como una “persona con discapacidad” o “sordo mudo”: esas son definiciones que vienen de la sociedad.
Agustín Rodríguez, profesor de lengua de señas desde hace más de 30 años, licenciado en Ciencia Política, miembro de la CAS y de Crescomas Córdoba, explicó:
“Antes que todo soy persona. Y soy sordo. La mirada sigue en la discapacidad. El paradigma médico solo distingue lo fisiológico sin tener en cuenta lo social o lo intelectual. Esto pasa porque no conocen nuestra cultura. No hablamos español, nos comunicamos en lengua de señas, que es muy rica”, expuso.
El escaso acceso a la información y a la comunicación deteriora la calidad de vida de los sordos en Argentina.
“Hay pocas escuelas para niños sordos y algunas de ellas incluyen además a jóvenes con otras discapacidades intelectuales. La integración a escuelas comunes, donde conviven con oyentes permanentemente, trae inconvenientes. Genera la pérdida de cultura y la identidad de las personas sordas” indicó Mariana Rodriguez,
Córdoba tiene el Instituto Bilingüe para Sordos (I.BI.S.), único colegio en la provincia para quienes presenten déficit auditivo leve, moderado, severo y trastornos específicos del lenguaje-disfasia.
“No queremos meternos en el sistema actual de educación, queremos crear un sistema alternativo, donde personas sordas enseñen la lengua de señas. Hay sordos que no terminan sus estudios por la complejidad que implica aprender en un colegio de oyentes”, remarcó el militante de la comunidad sorda.
En tanto, las posibilidades de conseguir trabajo se reducen por la discriminación, el prejuicio y por no tener una educación finalizada.
El reconocimiento económico de la ley 26.378 muchas veces es el único sustento que tienen las personas sordas para vivir.
“En Córdoba hay una ley que impone incorporar un 4% de personas discapacitadas en el área pública. La realidad es que los beneficiarios no suelen ser personas sordas, por el prejuicio a la comunicación. El gobierno debería regular también para el ámbito privado. Las personas con discapacidad y sordas necesitamos trabajar”, señaló la profesora de lenguas de señas a La Voz.
