La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, o “ley de etiquetado frontal”, comenzó a regir desde el pasado 20 de agosto en el país. Si bien el punto fuerte de la norma apunta a identificar e informar a la población del exceso de ingredientes críticos dentro de los alimentos (azúcar, sodio, grasas, edulcorantes, entre otros), también tiene otras aristas que buscan fomentar hábitos saludables en la población infantil.
Entre ellas, se encuentran la prohibición de que productos con sellos sean ofrecidos en escuelas y la inclusión de educación alimentaria nutricional en los contenidos.
El primer punto, en principio, se encuentra entorpecido aún por la ausencia de los octógonos negros en los empaques de los alimentos procesados. Esto se da a raíz de la cantidad de prórrogas que solicitaron las empresas para no tener que poner sus productos con sellos en góndolas hasta febrero de 2023.
En Córdoba, los colegios aún no recibieron directivas o lineamientos desde el Ministerio de Educación para aplicar medidas concretas y por eso aún no se ven los efectos de la ley dentro de los establecimientos. “En la escuela donde trabajo no hay talleres de alimentación y en el quiosco se fomenta la comida chatarra”, señala Priscila, profesora de una escuela privada de la ciudad de Córdoba.
Fundeps, una organización sin fines de lucro, lleva el apunte de esta cuestión en la provincia. Hace algunos meses, consultaron al Ministerio de Educación de la Nación sobre las acciones alrededor de la ley y les dijeron que están conformando un equipo especializado para avanzar en esta línea respecto de las escuelas.
A su vez, desde el Instituto de Formación Docente se ofrece un trayecto “on line” sobre alimentación saludable que se realiza desde 2020.
Otra exigencia de la ley es que los productos con sello negro no podrán tener en su envase dibujos infantiles, personajes, celebridades o premios que atraigan a niños y niñas.
Esos elementos están ligados a la promoción y publicidad enfocada en niños y por lo general, los alimentos procesados son productos que al no necesitar ninguna preparación para consumirlos, poseen alta disponibilidad en ámbitos escolares.
Además, son difundidos a través de publicidades, lo que representa un factor de influencia en la elección.
Qué falta hacer
Para que la normativa nacional se cumpla de manera uniforme en todo el territorio argentino, las provincias deben dictar normas de aplicación complementarias a la ley.
Dichas normas provinciales debe garantizar que se cumpla el estándar de calidad que requiere la Nación o apuntar más alto.
“Lo primordial es la actualización de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y renovar contenidos dentro de la currícula escolar, en lo que todavía no hay avances. Sabemos que el Consejo Federal está trabajando pero no ha habido una resolución oficial”, señaló Maga Merlo, coordinadora de Salud en la ONG Fundeps.
A su vez, desde la organización afirman que es ideal que los productos con sellos negros de advertencias no estén en las cantinas escolares. “Los talleres de alimentación no sirven si luego los niños salen al recreo y en el quiosco les ofrecen golosinas y galletitas”, apunta Merlo.
“Esta ley es un desafío para el federalismo; renovamos el llamado para que las provincias trabajen, especialmente en la fiscalización que aún no está clara, y que cada niño tenga garantizado su derecho a una alimentación saludable”, cerró Merlo.
Desde el Ministerio de Educación provincial se indicó que desde 2013 se trabaja en iniciativas “para instalar en todas las escuelas que la alimentación saludable es un contenido transversal” y que las cantinas escolares deberían tener a disposición alimentos “que permitan a los estudiantes acceder a una alimentación saludable”.
El Ministerio de Educación proyecta también iniciar en octubre un curso con tutores para docentes de todos los niveles con especialistas de alimentación saludable.
