El 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos representantes en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley de Humedales volverá a perder estado parlamentario.
Desde hace más de una década, científicos y organizaciones ambientales reclaman una normativa para proteger estos ecosistemas como ya se logró para los bosques y los glaciares. El año pasado el tema volvió a la agenda tras los devastadores incendios en el Delta del Paraná.
Se logró un texto unificado y un dictamen favorable de varias comisiones en Diputados. Pero su tratamiento no ingresó en las sesiones y volvió a girarse a comisión.
Brenda Austin, diputada de Córdoba por Juntos por el Cambio y vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales, asegura que la sanción de la ley de Humedales es una vieja deuda pendiente. “En el último año, el kirchnerismo tuvo posiciones contradictorias. Mientras en la campaña se comprometió a tratarlo, en la comisión de Agricultura que presiden, lo cajonearon”, asegura.
Y agrega: “No hubo ni hay voluntad real. Es una oportunidad perdida en un momento donde el mundo avanza hacia consensos vitales en orden a la urgencia de tomar medidas para detener el innegable impacto de la crisis climática y el deterioro ambiental”.
El proyecto de ley promueve un uso sustentable de estos ecosistemas con un control de las actividades productivas que podrían realizarse. Además, dispone de la creación de un fondo para su estudio, monitoreo y para la compensación de productores. Y prevé la realización de un inventario de humedales con participación ciudadana para conocer dónde están y su estado de conservación.
Humedales de Córdoba
Marcos Karlin, uno de los autores del libro Regiones de Humedales de Argentina (2017) e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, advierte que determinar la superficie de humedades depende de varios factores.
Una definición tradicional es considerar los cuerpos de agua de menos de seis metros de profundidad y los suelos que al menos están 90 días saturados con agua. Con estos parámetros, Karlin asegura que 1,22 millones de hectáreas de Córdoba podrían categorizarse como humedales.
Es decir, el 7 por ciento de la superficie provincial. La mayoría corresponde a los Bañados del Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita (unas 950 mil hectáreas) y a la Salinas Grandes (250 mil hectáreas). Pero, según la definición de humedal que adopte la ley, también pueden incluirse sectores con mallines y arroyos de las sierras y las lagunas y suelos salinos del sudeste provincial.
Salinas Grandes
Karlin trabajó muchos años en las Salinas Grandes. Asegura que este ecosistema podría incluirse dentro de un humedal, debido a que hay momentos en los que llueve y el agua permanece en superficie por un tiempo, aunque eso depende de la variabilidad climática.
La región ya tiene el rango de protección de Reserva Provincial de Usos Múltiples, dentro del cual se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas.
Mar Chiquita
La laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce son el mayor humedal de Córdoba. El proyecto para crear el Parque Nacional Ansenuza en esta región ya está a punto de aprobarse en el Congreso.
El parque tendrá unas 186 mil hectáreas, la mayor parte ocupadas por el espejo de agua al sur. Otras 475 mil estarán protegidas bajo la categoría de reserva nacional en el norte, donde están los humedales que se forman por la desembocadura del Río Dulce.
Lagunas del sudeste
Otro sector de humedales son los bajos salinos y lagunas en el sudeste provincial. “Ya casi no quedan humedales con buena conservación en esta zona. Los bañados del río Saladillo abarcaban 30 mil hectáreas, pero el 95 por ciento se perdieron por las canalizaciones realizadas por la Provincia y otras ilegales”, explica Pablo Brandolín, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto y otro de los autores del libro Regiones de Humedales de Argentina.
Según el científico, en este sector de Córdoba hay dos millones de hectáreas inundables que podrían considerarse humedales. “Pero son ecosistemas fluctuantes y muy dependientes de las lluvias. A un bosque, es más fácil ponerle un límite que a un humedal”, asegura.
Brandolín asegura que se trata de una zona muy destruida porque para muchos productores las lagunas son mala palabra. Hay varias áreas protegidas provinciales (las lagunas Las Tunas, Las Tunitas y La Felipa) pero no están en buenas condiciones.
Otros espejos de agua ya desaparecieron porque fueron canalizados y colmatados, como los casos de La Brava, La Chanchera y Camoatí. Y solo quedan vestigios de los Bañados de La Amarga que formaba el río Popopis (Quinto). El investigador estima que en la zona hay unos 200 kilómetros de canales ilegales.
“Hay un nivel de pérdida de humedades tan grande que lo poco que queda hay que protegerlo. La ventaja que tienen estos ecosistemas es que son más fáciles de recuperar que un bosque nativo”, asegura Brandolín.
Para el investigador, un humedal puede ayudar a mejorar la producción agropecuaria. “Son un reservorio de agua dulce para riego y para los animales. Generan humedad en la zona, necesaria para producir precipitaciones. Además, es un recurso para el turismo, la pesca y la observación de aves. Y funcionan como riñones para filtrar los agroquímicos”, detalla.
Mallines y arroyos
En tanto, según Karlin, también pueden considerarse como humedales varios sectores de arroyos y mallines en las sierras. “Los mallines son acumulaciones de materiales sobre antiguos ríos. Cuando llueve, se socavan y colapsan y se forman pequeñas lagunas. Son formaciones muy dinámicas y difíciles de cartografiar”, asegura Karlin.
En Pampa de Achala también se forman pequeñas lagunas, que son las nacientes de los ríos de Córdoba. Karlin, cree que una definición más amplia de humedal podría incluir a todos los arroyos serranos y a los cinco ríos principales de la provincia (Suquía, Xanaes, Ctalamochita, Chocancharava y Popopis).
Este sector ya presenta áreas protegidas como el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Natural Forestal Chancaní y la Reserva Hídrica Provincial Sierras y Pampa de Achala, entre otras.
Para Karlin la sanción de la ley es clave. “El agua es fundamental para la vida. Si hacemos lo que queremos sobre estas áreas vamos a tener problemas de disponibilidad de agua para uso humano, de regulación para evitar inundaciones y sequías, y perderemos biodiversidad”, apunta.
