La familia de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay por un hombre que había sido condenado antes por la violación de dos mujeres y gozaba de libertad condicional rechazó los cambios que se pretenden introducir en la ley sobre la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, que se conoce como “Ley Micaela”.
El proyecto incluido en la ley ómnibus que envió Milei al Congreso intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela, restringiendo su alcance.
Para la familia, “lo más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la ley”.
El artículo propuesto dice que “se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.
El artículo aún vigente de la Ley Micaela habla de “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Es decir, acota el impacto a áreas específicas.
“La Ley Micaela (Ley 27.499) se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran. Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Tampoco las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica no tomaron una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”, recordaron los familiares de Micaela García.
Muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias, recordaron.
Además, advirtieron,”no es lo mismo la violencia familiar que la violencia por motivos de género, que pretende modificarse”.
El proyecto de reforma generó una profunda decepción en la familia de Micaela. “Todo esto sucede a unos pocos días después de sentir muchísima emoción y orgullo al cumplirse 5 años de la sanción de la ‘Ley Micaela’. Todas las provincias argentinas han adherido a la ley nacional y muchos municipios también, también el conjunto del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas. En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la ley con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza”, remarcaron desde la fundación que nació para pelear por la ley.
Para los integrantes de esta fundación, “la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”.
La familia apeló a los legisladores nacionales para que no aprueben este cambio propuesto por el Ejecutivo. “Por el momento es un proyecto de ley, no está vigente y tiene que debatirse y aprobarse en el Congreso de la Nación. La Ley Micaela, sumando votos de ambas cámaras, tuvo 230 votos a favor y uno en contra. Todas las fuerzas políticas en aquel diciembre del 2018 acompañaron la ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, señalaron.
“Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras”, terminaron.
