El proyecto de “ley ómnibus” que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye modificaciones en al menos tres normas ambientales.
Se trata básicamente de criterios de desregulación para tres leyes hoy vigentes: la del financiamiento para protección de bosques nativos, la que regula quemas e incendios sobre campos, y la ley de protección de glaciares. Además, fija novedades sobre el “mercado de carbono” en vínculo con los compromisos internacionales que asumió Argentina por el cambio climático.
Desde el oficialismo se justifican las reformas en la necesidad de desregular y adaptar normas que traban ciertas actividades productivas, y desde los sectores ambientalistas ya advierten su preocupación porque implicarían un retroceso en la protección de servicios ecosistémicos y porque profundizarían el desfinanciamiento para esos rubros.
Bosques nativos, a dos puntas
La ley facilitaría –de resultar aprobada– que los dueños de tierras rurales puedan proceder a quemas con fines productivos. Es una práctica habitual aún en ciertas regiones, pero que es cuestionada por los riesgos de desatar grandes incendios. Los extensos focos de fuego de los últimos años en la zona del Delta del Paraná acentuaron discusiones sobre ese punto.
Actualmente, la ley de fuego 26.562 especifica que está prohibido prender fuegos si no se cuenta con autorización expedida por una autoridad competente. La modificación que propone el Gobierno no quita esa exigencia, pero agrega que ese permiso deberá expedirse en un plazo de 30 días, y si esto no ocurre, “se considerará que ha sido autorizada tácitamente”.
A la vez, otra reforma plantea cambiar la actual ley de bosques nativos, que estableció que cada provincia cuente con un mapa que divida su territorio en tres colores: verde, para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo, para áreas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo, y rojo, para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse y por las que, a cambio, los dueños reciben compensaciones económicas por cumplir esa restricción.
El Gobierno propone habilitar “proyectos de desmonte” incluso en zonas rojas y amarillas, si cuentan con permiso y aval oficial previo. De ese modo, flexibiliza el criterio.
Por otro lado, retoca los recursos presupuestarios destinados a la conservación de bosques nativos. La ley que rige desde hace más de una década señala que la compensación para quienes conservan las zonas rojas se financia con el 2% de las retenciones a las exportaciones. Desde su sanción, ningún gobierno nacional cumplió con ese monto: siempre estuvo lejos el aporte real respecto del legal. Pero ahora se pretende que el Fondo de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos se financie con lo que le otorgue el Gobierno de manera discrecional cada año, sin porcentajes prestablecidos, y en todo caso más donaciones o préstamos de organismos internacionales.
Estos cambios tendrían impacto sobre Córdoba, que conserva en buen estado menos del 3% de los 12 millones de hectáreas de montes que un siglo atrás cubrían su territorio de 16 millones de hectáreas.
Cambios para glaciares
El proyecto plantea “una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar (en los alrededores de un glaciar)”.
Ese punto fue una fuerte discusión cuando se aprobó la ley en la década pasada. Habilitaría inversiones productivas (por ejemplo, mineras) en zonas ambientalmente sensibles, en tiempos de glaciares en retroceso. Pero mantendría la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental.
El punto es de alto interés en las zonas cordilleranas. En Córdoba no hay glaciares.
Cambio climático
En el apartado destinado a energía, se hace mención al Acuerdo de París, el pacto internacional al que la Argentina adhirió y que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. El país debe presentar un inventario de sus emisiones y de las acciones que ejecuta para reducirlas.
En ese marco, el Gobierno quiere crear un “mercado de carbono” y un control de emisiones a cada sector. La idea es que las empresas o sectores “que hayan sobrecumplido su meta de baja de emisión puedan vender lo sobrante a aquellas que lo necesiten por no cumplir sus metas, para lograr así el objetivo general y evitar penalizaciones”.
Qué dicen los ambientalistas en Córdoba
Desde sectores ambientalistas de Córdoba, la primera reacción es de claro rechazo.
El biólogo Cristian Schneider interpretó que, en relación con bosques nativos, “las modificaciones buscan liberar el desmonte y autorizar quemas sin la debida evaluación”. Además, cuestionó que ya los gobiernos provinciales venían implementando la actual ley “con categorías ambiguas que no detuvieron el desmonte como correspondía”.
“Lo que quiere modificar son puntos sensibles de protección ambiental, en función de liberarse de las exigencias con las que se ha intentado detener la pérdida de los ecosistemas”, apuntó Schneider.
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que la reforma a la ley de bosques entra en contradicción con la ley general de ambiente, que prohíbe el cambio de uso del suelo en categorías roja y amarilla de conservación. “Así que desde allí se cae la misma ley de bosques, a la vez que en otro artículo termina de desfinanciar el sistema de protección que, en la práctica, ya venía desfinanciado”, apuntó.
Respecto de la regulación de quema de campos, Kopta opinó que “en la práctica cada vecino va a poder quemar lo que quiera, eso es lo que va a terminar pasando porque además, con un Estado achicado, no va a haber capacidad ni de respuesta”.
En Córdoba, una ley provincial establece que los predios calificados como zona amarilla o roja de bosque no pueden cambiar de uso de suelo después de un incendio. Pero se viene cuestionando que ese punto es de relativo cumplimiento por la escasez de control.
Gobierno de Milei: navegá punto por punto la “ley ómnibus”
El análisis del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue realizado por la consultora Sicchar con el liderazgo técnico de Juan Pablo Paillet y licenciado para su uso por La Voz del Interior.
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