El proyecto de Ley Ómnibus “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” que envió al Congreso el presidente Javier Milei tiene dos artículos que impactan en el sistema educativo: la imposición de una nueva evaluación de calidad educativa al término del secundario y la inclusión del criterio de “pertinencia” de la formación y “eficiencia en el uso de los recursos públicos” para el financiamiento de las universidades.
En el artículo 548 del proyecto de ley se determina: “Son objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación. Todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación. Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”.
No se trata, según el enunciado, de un examen final al estilo de los que se requieren para aprobar una carrera universitaria. Se parece más bien a otra instancia de evaluación de calidad educativa como las pruebas Aprender o Pisa, pero fijada al término del ciclo obligatorio de la educación en Argentina.
A su vez, establece evaluaciones periódicas en matemáticas y lectocomprensión que podrían generar nuevas instancias de pruebas “censales”.
El texto incluye también la evaluación de docentes, directivos y supervisores.
En cuanto al financiamiento universitario, el proyecto de Ley Ómnibus en su artículo 555 establece: “El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan. Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto anual general de la administración pública nacional, y su distribución se realizará de forma pública y transparente. A su vez, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. La asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este aporte del Estado nacional no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional. Siempre serán recursos complementarios”.
Se destacan las referencias a la pertinencia de la formación, el “tipo de carrera ofrecida” y uso eficiente de recursos públicos como requisitos de financiamiento público, así como la consideración hacia la cantidad de estudiantes matriculados en cada institución.
Gobierno de Milei: navegá punto por punto la “ley ómnibus”
El análisis del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue realizado por la consultora Sicchar con el liderazgo técnico de Juan Pablo Paillet y licenciado para su uso por La Voz del Interior.
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