Argentina es reconocida en la región por la cantidad y calidad de sus leyes que abordan realidades de género y diversidad. Pero a la hora de poner la lupa sobre su implementación, la realidad muestra que es mucho más lenta o que no están destinados los recursos necesarios, ni existe la voluntad política o institucional para su real cumplimiento.
La equidad de género se ha buscado en el país con leyes de cupo en el ámbito político, cultural y en el deporte; con distintas normativas para frenar la violencia de género; y otras que crearon fueros judiciales especializados. En los últimos 15 años hubo al menos 16 leyes que pretenden ampliar derechos de mujeres e identidades diversas. Sin embargo, cada 30 horas siguen matando a una mujer o persona trans en el país.
En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, especialistas coinciden en que las leyes son necesarias, pero que también “se quedan a medio camino” cuando no llegan a implementarse en su totalidad.
Por caso, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que ya tiene 16 años, según un informe del Gobierno Nacional de 2019 se cumple en un 90 por ciento. Sin embargo, su implementación real al 2021 planteaba muchos obstáculos según el informe del proyecto “#EsConESI”, de la ONG Fusa e Impacto Digital. Según ese trabajo, el 54% de los estudiantes la había recibido de manera parcial y el 20% de manera integral.
Los principales obstáculos que de detectaron fueron: “abordajes biologicistas y heteronormativos; poca o nula capacitación docente; que la escuela no estaba dispuesta a trabajar estos temas; miradas adultocéntricas y poca escucha a estudiantes”.
Por otra parte, la ley 27.521, conocida como “Ley de Talles”, fue sancionada en noviembre de 2019. Aunque no es una ley estrictamente “de género”, los talles únicos en indumentaria afectan más a mujeres e identidades feminizadas. Sin embargo, un año después de su reglamentación, son muy pocas las marcas que cumplen con la variedad de tamaños en sus prendas de vestir.
En tanto, la Ley 27.452, conocida como “Ley Brisa”, que brinda una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidio, fue sancionada en 2018. El Gobierno Nacional publicó este miércoles un informe donde detalla que entre marzo de 2019 y marzo de 2022, un total de 1.126 hijos e hijas (de hasta 18 años) de 590 víctimas fatales recibieron la reparación económica que consiste en un monto de dinero fijo por mes. La ley, a su vez, reconoce al Estado como responsable de frenar la violencia machista.
Si bien es una gran ayuda para aquellos niños y familias que quedan desmembradas después de un femicidio, generalmente con un padre preso y una madre muerta, quienes tramitaron el beneficio aseguran que su gestión es muy engorrosa.
La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue sancionada en diciembre de 2020 y reglamentada en febrero de 2021. La organización Católicas por el Derecho a Decidir relevó que en Córdoba sólo el 24% de los profesionales de la salud pública atiende casos de IVE. El número es bajo, aunque desde la organización lo miran con optimismo y como resultado de la conformación de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir mucho antes de que se aprobara la ley. El camino es llegar a que la mayor parte de los profesionales capacitados pueda atender esta demanda.
“Argentina tiene una trayectoria legislativa muy buena en materia de género y reconocimientos, pero al ver la realidad lo que sucede es que no alcanza sólo con leyes, sino que hacen falta políticas públicas efectivas y voluntad política”, opinó Mayca Balaguer, abogada de la Fundación Para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
La letrada reconoció la importancia de las leyes para ampliar derechos, pero aseguró que es importante reflexionar sobre “qué va a pasar con esa ley después de aprobada, cómo la va a implementar el Estado y con qué presupuesto”.
Y ejemplificó con el proyecto de ley que se discute en el Congreso sobre un sistema nacional de cuidados de personas, algo central que puso en agenda la pandemia y que fue el tema eje de la XIV Conferencia de la Cepal en Argentina.
“Es algo muy necesario, pero también se abre la pregunta de cuáles son las condiciones materiales para sostener un sistema nacional de cuidados en medio de una crisis económica”, opinó.
Prevención
Por su parte, la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aida Tarditti, hizo foco en la necesidad de implementar más políticas en torno a la prevención de la violencia y los femicidios. “La legislación de Argentina es adecuada con la Convención de Belem Do Para y la Cedaw, pero seguimos contando femicidios y con denuncias por violencia en aumento”, dijo en diálogo con La Voz.
“Es necesario desarrollar políticas de prevención, sobre todo en educación para la igualdad, porque cuando la violencia está instalada genera un trauma histórico que sobrepasa a la víctima individual”, dijo la magistrada, quien también es presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja)
Tarditti reconoció el avance de los últimos años en materia judicial con la creación de fueros especializados, fiscalías de género, defensoría para víctimas de violencia y programas de atención, pero reconoció que todavía “no alcanza”.
