Múltiples movilizaciones en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tuvieron lugar este martes en diversos puntos del país. Sus réplicas cordobesas incluyeron la Capital, Cosquín y Río Cuarto dónde participaron personas con discapacidad, sus familiares y trabajadores del sector.
En ese marco el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano Liliana Montero, participaron de un encuentro donde representantes de más de 150 instituciones del área plantearon ante los legisladores nacionales de “Hacemos Unidos” la necesidad urgente de que se declare la emergencia.
Bajo la premisa de “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, la reunión fue impulsada por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión),
Se realizó en el Centro Cívico y participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes escucharon las demandas del sector y manifestaron su compromiso expreso de sostener la ley y rechazar su reciente veto presidencial.
En un tramo del encuentro Llaryora declaró su apoyo explícito y remarcó que este respaldo debe trascender banderas partidarias: “Podemos pensar distinto y tener una idea en común sobre qué opinamos de esta ley para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”
En relación al veto indicó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta norma es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.
Veto presidencial
La jornada de protesta incluyó marchas, un paro y clases públicas para visibilizar la crisis que atraviesa el sector. En la capital cordobesa, la movilización se concentró en la Plaza San Martín desde las 12 del mediodía. En Cosquín, los manifestantes se reunieron en la Plaza San Martín a las 10:30 y en Río Cuarto, la protesta también comenzó a las 12 en la plaza central.
Durante la manifestación que tuvo lugar en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación, la tensión escaló al punto de que personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional activaran el protocolo antipiquetes, lo que provocó algunos enfrentamientos cara a cara con los manifestantes.
La Ley de Emergencia en Discapacidad se aprobó en el Congreso con una amplia mayoría y busca mejorar el presupuesto destinado a salarios y pensiones. Además pretende garantizar las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral en un sector “totalmente golpeado por la crisis y el recorte de fondos”.
Tras su aprobación en ambas cámaras, la ley había generado “alegría y expectativas”. Sin embargo, este lunes se conoció a través del Boletín Oficial que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa junto a otras normas de impacto social como el aumento a jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.
La decisión final recae nuevamente en el Congreso que tiene la potestad de rechazar o sostener el veto presidencial. Para desestimarlo se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores.
Un “gasto estatal”
El veto fue justificado por el Gobierno bajo el argumento de que las iniciativas implican un gasto para el Estado. No obstante, el sector de la discapacidad refuta esta postura.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) se remarcó que “el costo que tiene la implementación de esta ley no llega a un centésimo de punto del PBI”, asegurando que “no afectan al equilibrio fiscal”.
En un contundente comunicado, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Por su parte, Virginia Els presidenta de Capredis, detalló en diálogo con La Voz en Vivo que las prestaciones de discapacidad se financian, en primer lugar, por las obras sociales que obtienen sus ingresos de los aportes de sus afiliados y, en segundo lugar, desde Pami que percibe dinero de las retenciones a los jubilados.
“Una parte muy pequeña proviene de Incluir Salud que ese sí es un plan nacional para personas con discapacidad que no tienen cobertura. Ese programa efectivamente requiere dinero del Tesoro y tiene asignado un monto específico, pero es menos del 20%, hablamos de una mínima parte”, precisó.
