Un empresario agrícola-ganadero de Córdoba deberá pagar $ 10 millones a un changarín por explotarlo laboralmente. Casi en un estado de esclavitud lo hizo trabajar entre 14 y 16 horas diarias, y bajo amenazas.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo de Jaime Díaz Gavier, homologó el acuerdo de conciliación entre el fiscal general Carlos Casas Nóblega y la defensa de Víctor Elvio Serafini (62).
Explotación laboral en Córdoba
Entre marzo y octubre de 2022, Serafini explotó a un changarín de Chaco en un campo de 400 hectáreas destinado a la cría de cerdos, ubicado a siete kilómetros de la localidad de Esquina, en el departamento Río Primero.
El empresario ganadero llamó a la víctima –un exempleado– para ofrecerle $ 60 mil y alojamiento para él, la esposa y su hijo menor de edad a cambio de cuidar los porcinos. Bajo estas condiciones, viajó hasta el campo con su familia, donde fue acogido por Serafini.
Se encontraron con una vivienda precaria, sin vidrios, calefacción ni muebles. Tenía un único foco como iluminación, un anafe a garrafa (que debía conseguir la víctima) y agua proveniente de un pozo que debían hervir cerca de una zona de desechos. Alrededor había envases de químicos utilizados para la explotación del campo.
El changarín tuvo que improvisar y hacer camas con palets y colchonetas sacadas de un galpón. Hasta debió comprar con su dinero comida, sábanas, cubiertos, platos y lo que necesitaban para subsistir.
Las condiciones laborales que le había prometido Serafini tampoco se cumplieron y tuvo que realizar tareas de tipo “veterinario”, como colocar inyecciones, cortar la cola de los animales, sacarles los colmillos o castrarlos. También tuvo que limpiar los alambrados, mover bolsones con tractores y máquinas, arreglar rejas y cosechar maíz.
De acuerdo con la acusación, para realizar las “tareas”, el empresario no le proveyó ropa de trabajo o elementos de seguridad adecuados. Sin descanso, lo explotó de lunes a lunes, entre 14 y 16 horas diarias. Comenzaba a las 8 y finalizaba a las 22 o a las 0.
Serafini tampoco le permitió tener suficiente tiempo para atender a su familia y asistir a las reuniones religiosas en horarios nocturnos.
Bajo amenazas de quedarse sin trabajo, el empresario le dijo que, en caso de inspección del Ministerio de Trabajo, debía negar que trabajara en el establecimiento y decir que estaban de paso. Serafini fue imputado por trata de personas con fines de explotación laboral.
El fiscal general Casas Nóblega, la defensa del imputado y el abogado de la víctima acordaron que Serafini le pagaría $ 10 millones y $ 1,4 millones al letrado del damnificado por honorarios antes del 31 de julio.
El juez Díaz Gavier homologó el acuerdo. Recordó que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio. “La justicia restaurativa parte de la concepción acerca de la cual resolver el problema de la delincuencia es un proceso enfocado en la compensación del daño a las víctimas; haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”, dijo.
Una vez que Serafini cumpla con el acuerdo homologado, el juez deberá resolver la vigencia de la acción penal.
