El presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó este jueves que los delincuentes no podrán pedir un cambio de penal tras solicitar un cambio de género.
“Los delincuentes no van a a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa a para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, aseveró el jefe de Estado, durante su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
La Voz contó dos de estas historias. Una, que terminó en una nueva condena para el interno; otra que sigue una etapa muy embrionaria de tramitación.
De Gabriel a Gabriela
En 2018, Gabriel Fernández cumplía una pena en prisión por atacar a su pareja y fue en ese mismo año que pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández, por autopercibirse mujer. Debido a su nueva identidad de género, se decidió su traslado al pabellón femenino en la cárcel de Bouwer. Una vez allí, ejerció violencia de género contra otras presas y dejó embarazada a una de ellas.
Fernández había ingresado a la cárcel en 2016 y un año después recibió una condena a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Fue trasladada al Establecimiento Penitenciario N°3 para Mujeres de Córdoba a fines de 2018, por su cambio de identidad de género.
Unos meses después, en abri de 2019, fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a otra mujer compañera en el pabellón. Tiempo después salió en libertad condicional y fue entonces que una nueva pareja de Fernández (de género femenino) la denunció, pero con su nombre masculino y ella también la acusó. Por esas acusaciones volvió a la cárcel en 2023, ya que tomó contacto con la víctima violando la perimetral.
El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres. La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
El expolicía que se autopercibe mujer
Una persona de más de 60 años, exintegrante de la Policía de Córdoba, que recibió una condena por un violento homicidio ocurrido años atrás, planteó a la Justicia que quiere cambiar su identidad de género.
Esta persona pidió una audiencia con el juez de ejecución penal 1, Facundo Moyano Centeno, que se realizó semanas, para expresar que se autopercibe mujer.
No llegó a plantear pedidos concretos, que se derivarían de este reconocimiento, como el traslado a otro pabellón o, incluso, a la cárcel de mujeres en lugar del módulo 1 de varones condenados del complejo carcelario de Bouwer.
La persona detenida recibió una condena a 25 años de prisión por el asesinato de una mujer en un hecho de violencia urbana que fue muy conocido en ese momento y del que no se dan más detalles para preservar su identidad.
La persona que ahora se autopercibe mujer transcurrió la mayor parte de su encierro en el pabellón del M1 destinado a los condenados que pertenecieron a las fuerzas de seguridad: expolicías y expenitenciarios sentenciados con penas de prisión efectiva, como los policías condenados por el “gatillo fácil” contra Valentino Blas Correas o los exjefes de las cárceles, con quien fue durante 15 años el mandamás del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, a la cabeza, detenidos por causas de corrupción.
El Juzgado de Control no dio ninguna respuesta, sólo le indicó a la persona que hizo el planteo que esa es una decisión personal que tiene como primer correlato administrativo una gestión ante el Registro Civil de la Provincia.
Si decide avanzar en la búsqueda del reconocimiento de una nueva identidad de género, lo único que tiene que hacer el juzgado es autorizar o no su traslado para realizar el trámite en las oficinas que asigne el Registro.
Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron que el todavía hombre detenido fue reubicado en otro sector del M1, antes de este planteo, pero que un posible nuevo destino, por caso, al penal de mujeres, no es un trámite automático incluso si la persona consigue que conste su nueva identidad de género en el DNI. Es un tema que, eventualmente, será analizado por los equipos técnicos multidisciplinarios del SPC.
Pero el traslado no será necesario, porque el Registro Civil provincial va a las cárceles para facilitar los trámites.
Nancy Moreno, directora del Registro Civil provincial, dijo que usualmente van a las cárceles cuando se acumulan algunos pedidos de trámites, que los internos suelen gestionar por medio de los trabajadores sociales que los asisten.
En el caso de los cambios de identidad de género, el trámite es muy sencillo: el interesado tiene que tener acta de nacimiento y documento, completar un formulario específico y elegir el nuevo nombre que tendrá con su nueva identidad. El apellido y el número de DNI no cambian. También tiene que elegir si adopta que figure su género como binario o no binario.
“No se exige nada más, porque no lo pide la ley. Ni estudios médicos, ni psicológicos, ni adecuación biológica”, remarcó Moreno.
No es el primer caso de cambio de identidad de género en personas privadas de la libertad que tramitaría el Registro Civil provincial. “Tuvimos ya dos o tres casos”, confió la directora del Registro, sin poder precisar más.
