Cuatro adolescentes, el mayor de ellos de 16 años, dos de 14 y otro de 15, están acusados de matar con un balazo al remisero Facundo Pereyra, en Río Cuarto.
El caso, horrible, volvió a poner en agenda la discusión por la baja en la edad de imputabilidad de los menores de edad que delinquen. Se repite la discusión cada vez que un chico mata. Tres de los presuntos asesinos no pueden ser responsabilizados por el homicidio y el mayor, sólo en el marco del sistema Penal Juvenil.
El gobernador Martín Llaryora se pronunció a favor de bajar la edad para recibir castigos: “Si cometen delitos de adultos, deben tener penas de adultos”, opinó. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya había anticipado que buscará que el Congreso haga responsables a jóvenes que hoy son inimputables. La discusión no es si se avanzará o no en eso, sino a partir de qué edad: “Si es de 14 años, de 13, como en Uruguay, o de 12, como en Brasil”, había deslizado. Ahora su par, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona difundió que será a los 13 la propuesta que irá al Congreso.
Las encuestas muestran un fuerte respaldo a estas ideas. El apoyo se intensifica después de un crimen conmocionante como el del remisero de Río Cuarto. Tal vez por esto no se cree necesario argumentar ni aportar fundamentos de mayor calidad, como algún tipo de evidencia, un estudio o un conjunto de datos de respaldo. Aunque parezca contradictorio con la relevancia pública que toma periódicamente el tema, hay muy pocos datos. Pero algo hay. Vamos a tomarlos como el punto de partida para un debate honesto.
El último registro consolidado de causas instruidas por la Justicia con menores de edad involucrados es de 2022 y marca, en relación con el año anterior, un incremento del 37% en estas causas. En ese informe, se consigna que hubo 1.811 niños, niñas y adolescentes (NNyA) imputados en 1.788 investigaciones penales. Nada hace pensar que el dato de 2023 revierta esa tendencia al alza. Pero no puede obviarse en la lectura que este es un número ínfimo de procesos en relación con el total de 467.275 causas tramitadas ese año en la Justicia provincial.
Dentro de ese universo, el 52% de los NNyA procesados cometieron delitos contra la propiedad y en un 11% de los casos lo hicieron con la participación (o dirección) de un adulto. Esto es relevante, porque en el Código Penal se establece: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido con la intervención de menores de 18 años de edad, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo”. Es decir que se trata de un agravante, que califica el delito. De algún modo, enviar a un menor de edad a robar es cometer ese delito, pero además procurar la impunidad. Es una variante de una criminis causae. Y es, a la vez, otro tipo de corrupción de un menor, sin connotación sexual.
Se consultó al Poder Judicial de Córdoba sobre este punto y no hay datos de cuántos adultos fueron imputados o condenados con ese agravante. Ni siquiera los tiene el Ministerio Público Fiscal (MPF), a pesar de que el fiscal General Juan Manuel Delgado pidió que se utilice esta figura para terminar con la puerta giratoria de detenidos por saqueos o robos piraña, en gran número protagonizados por menores de edad. Delgado no tiene el dato ni siquiera para saber si fue cumplida esa indicación.
Además, el 28% de los NNyA que llegaron a Penal Juvenil ya habían cometido un hecho con anterioridad: eran recurrentes. Esto se eleva a un 37% en el caso de los jóvenes de 16 a 18 años. La población menor que delinque parece ser una minoría intensa.
Una parte pequeña de estas causas –cerca del 10%– deriva en indicaciones de encierro en institutos que dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia.
La otra fuente de datos disponible es, justamente, la Senaf. El último dato de esta institución consigna que hay 144 NNyA en el Complejo Esperanza, 142 de ellos varones. 21 están ahí por haber matado.
El robo calificado es la principal causa por la cual los adolescentes terminan recluidos. Hay 75 internos bajo esta figura.
La Policía no tiene discriminada por edades la información de los detenidos. Es un dato que se tiene que construir repasando los partes. De nuevo: por la importancia que tiene en la agenda pública, era esperable que un registro de este tipo figure entre los insumos de las áreas de inteligencia criminal o análisis del delito.
Otro dato que falta. ¿sabemos para qué sirve este encierro en el Complejo Esperanza? Un buen material de contraste podría ser conocer cuántos presos en penales de adultos tienen un antecedente en un instituto de menores, o antecedentes delictivos cuando eran inimputables. Pero el Servicio Penitenciario de Córdoba no tiene este dato. El único modo de que este antecedente sea considerado para encarar un tratamiento es cuando surge de la entrevista psicológica. Si el detenido no lo dice, permanece oculto.
Resulta evidente que faltan evidencias para sostener la centralidad de la discusión. Y también falta el predicado de la propuesta. ¿Se propone bajar la edad de imputabilidad para hacer qué cosa con esos NNyA?
