La polémica decisión de la provincia de Entre Ríos de eliminar las calificaciones inferiores a 4 a los alumnos y alumnas del secundario durante el primer trimestre reabre el debate del sentido, de la pertinencia y de las justificaciones de las medidas paliativas tomadas por los distintos gobiernos durante los dos últimos años en pandemia.
En el caso entrerriano, las autoridades educativas invocaron ambiguas razones vinculadas a “garantizar los derechos” de los estudiantes a ser evaluados desde una “mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza”.
Según esta normativa, quienes obtengan calificaciones bajas (1, 2 o 3) seguirán estando bajo la línea que marca el nivel básico, superelemental, de aprendizaje, pero la nota estará en una especie de limbo invisible para proteger al alumnado del impacto negativo de ver el bochazo en el boletín escolar.
La medida simbólica y subjetiva, que por ahora no adoptarán otras provincias, viene de maravillas para debatir sobre la delgada línea entre la real convicción del sentido fundamental de los derechos y su utilización discursiva para justificar decisiones políticas y gambetear las vías para acceder a lo que se declama.
La cuestión es que la banalización de la palabra o su declamación trivial, a veces demagógica, vacía de contenido un concepto universal legislado, reconocido y trascendental que obliga a los estados, a los gobiernos, a las instituciones, a los organismos y a las personas a resguardar la esencia del ser humano.
Pero no todo es unívoco, menos aún en tiempos extraordinarios de crisis sanitaria global. En este tiempo, también hay que decirlo, la pandemia contribuyó a consensuar entre los ciudadanos la necesidad a veces intuitiva de defensa de los derechos en el ámbito educativo. Se multiplicaron los reclamos, aunque diversos y hasta antagónicos, por lo que se sentía como una pérdida o la caída desde un peldaño.
La falta de acceso universal a internet fue una de las violaciones de los derechos más evidentes que derivó en otras muchas vulneraciones. En los hechos, la virtualidad dejó sin escuela a miles de chicos y chicas, y el abandono escolar provocó mayor marginalidad, menos posibilidades y gran desigualdad. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes –sinónimo de justicia y de moralidad, y la puerta al desarrollo del potencial de la infancia– fueron muchas veces arrasados.
Podría decirse, entonces, que la sensación de despojo social habilitó la licencia retórica de equiparar necesidades con derechos utilizada como una estrategia válida y poderosa para expresar la convicción de que la dignidad y la equidad deben ser reconocidas y respetadas.
El lenguaje de los derechos les otorgó a las demandas un sentido de urgencia, presión y adhesión a veces interesado; otras, legítimo.
