M.R., un bebé de 7 meses, murió por hemorragia cerebral en los últimos meses de 2021. Desde los cinco meses ingresó varias veces a un hospital público, una con una fractura de brazo, otra con quemaduras de cigarrillos. Cuando le dieron el alta, lo devolvieron a su familia. Sus padres fueron juzgados y condenados en la Cámara Novena del Crimen: se cree que murió por el síndrome del bebé sacudido.
G.Q. no murió, pero tendrá secuelas de por vida. Desde que tiene una semana de vida ingresa a centros de atención primaria de salud municipales en Córdoba con moretones en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. A los 2 meses fue internado en un hospital público con 16 fracturas en el cuerpo, incluida una fractura de cráneo. Una de las fracturas en las costillas generó un neumotórax. Sus padres fueron condenados en la Cámara Quinta del Crimen: él, a cuatro años de prisión, la madre, a 1 año. Como sobrevivió, el caso se calificó de lesiones graves, no intento de homicidio. Tiene, ahora, dos años de vida.
V.F. no podrá alimentarse sola nunca. Tiene ceguera parcial y retraso cognitivo y psicomotor, producto de las hemorragias cerebrales que le ocasionaron las sacudidas que padece desde los seis meses de vida. Tuvo varias entradas a hospitales hasta los 3 años, cuando se agravó su cuadro. El caso fue juzgado en la Cámara Primera del Crimen.
E.M. murió a los dos años de vida, el 23 de diciembre de 2021, con 14 lesiones en cuerpo y cabeza. El caso llegó a juicio en la Cámara del Crimen de Villa María, acusados la madre y el padrastro del niño, quienes están presos a la espera del proceso. El informe de la Unidad Interdisciplinario de Atención a la Violencia Infantil asegura que E.M. fue “expuesto a maltrato infantil global, tortura física y psíquica graves que lo llevaron a la muerte”
Emiliano fue víctima de violencia durante meses, hasta que una golpiza feroz terminó con su fallecimiento en diciembre.
Y estos son, apenas, un puñado de hechos que llegaron a juicio el año pasado.
La Fiscalía de Violencia Familiar del Cuarto Turno investigó la muerte de un bebé de tres meses que falleció en abril de 2022 con lesiones perforantes en el corazón. Se cree que su madre lo pinchaba con agujas de 10 centímetros, hasta que le generó una lesión mortal.
Otra fiscalía está investigando un caso de una niña de 9 años con desnutrición severa y lesiones graves en el hígado y una fractura de cráneo. No le daba agua ni comida y la golpeó cuando descubrió que se había logrado hidratar.
En los primeros meses de 2022, el Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPD) –presente en 12 de los 14 CPC– asistieron a 486 niños y niñas con derechos vulnerados. De ellos, 131 niños y niñas vieron afectados el Derecho a la dignidad e integridad personal, que a su vez se distribuyen en estas subcategorías: negligencia en cuidado personales, 75; maltrato, 31; exposición a situaciones de violencia familiar, 9; exposición a contextos sexualizados inadecuados, 4; abuso sexual o sospecha, 3; exposición a situaciones de violencia comunitaria, 1 y otro derecho, 8.
Alerta temprana
“Desde la Justicia dicen que ingresan tres casos graves por semana a Tribunales”, confió Javier Fabre, director Ejecutivo de la Fundación “Pensar Futuro”, quien junto al concejal capitalino de Vamos Cba! Lucas Balian presentó el año pasado un proyecto que busca crear un sistema de alerta temprana de casos de maltrato infantil en la ciudad de Córdoba, el primer paso para un proyecto de ley provincial y una reforma en el Código Penal para que exista una tipificación de este delito que hoy sólo se puede juzgar por sus efectos: lesiones leves, graves o muerte.
A nivel provincial, lo que existe es el Comité de Maltrato Infantil, que concentra sus actividades en el Hospital de Niños y el servicio de atención telefónica 102.
La iniciativa, que tomó estado parlamentario en el Concejo, apunta a reforzar el alerta clínico: crear “servicios interdisciplinarios de prevención e intervención temprana en situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” en cada hospital municipal. Según confió Balian, existe un compromiso con el viceintendente Daniel Passerini y los líderes de la bancada mayoritaria de darle tratamiento a esta iniciativa este año.
El servicio de alerta temprana de maltrato infantil
Son servicios y no comités, para que funcionen en forma permanente y transversal. Tendrían, como principal función, “evaluar cada niño, niña y adolescente derivado con señales de alerta o indicadores de maltrato infantil, brindar asistencia interdisciplinaria, realizar diagnósticos y comunicar a las autoridades judiciales y/o gubernamentales cuando corresponda”.
Cada niño que muere por maltrato infantil ingresó entre dos y tres veces antes a una guardia médica. Es una estadística internacional, que se verifica en Córdoba, apuntan Balian y Fabre. Es por esto que la clave es activar antes los mecanismos de protección de cada niño o niña maltratado.
“Los servicios deberán entender ante sospecha de violencia, maltrato físico, trato negligente, descuido o abandono, maltrato psicológico, emocional, abuso sexual o cualquier elemento que permita dar cuenta de la afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes, que ingresen por guardias centrales, por consultorios externos, internados o por derivación de instituciones o programas (Servicio de Protección de Derechos infantiles –SPD–) que se articulen con el servicio interdisciplinario”, plantea el proyecto.
También establece la obligación de crear un “protocolo de actuación” y un “sistema de alertas tempranas” mediante “indicadores predictivos, factores de riesgo y protectivos para identificar situaciones de sospecha o evidencia de maltrato infantil” y las pautas de intervención de los correspondientes servicios interdisciplinarios.
“El médico tiene que saber qué hacer. Ese es uno de los puntos centrales de esta propuesta”, marcó el concejal Balian.
En la iniciativa se establece que los servicios interdisciplinarios puedan acceder a la historia clínica digital, que ya cuentan medio centenar de centros de salud municipales, para que el gabinete pueda obtener los datos médicos e ingresar las recomendaciones. De ese modo, se podrían identificar marcadores específicos o inespecíficos de violencia.
Una de las novedades jurídicas que pensó el proyecto es incluir una figura de protección a quienes trabajen en estos servicios para evitar el “backlash”: la violencia contra quienes investigan o trabajan en la protección de niñas y niños por parte de los agresores o de sus abogados. Esta protección puede ir desde mantener en reserva la identidad de los integrantes del servicio para las partes a generar un código de alerta para la derivación que impida que se enteren antes los padres agresores de cuál es la sospecha en curso.
Los próximos pasos son que ingrese un proyecto similar a la Legislatura provincial y, más tarde, que se reforme el Código Penal para que se incorpore una tipología penal para el maltrato infantil, para que “exista como delito autónomo”, según explicó Fabre. “Hoy maltratar a un animal tiene una tipología criminal, en la Ley Sarmiento. Pero maltratar a un niño no, depende de si generó o no lesiones o muerte”, remarcó. Hay legisladoras nacionales que impulsan este cambio, como las radicales, Carla Carrizo (Caba) y Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba).
