Depende de la carrera y de las circunstancias personales, pero los estudiantes universitarios pueden demorar en recibirse el doble del tiempo que indica el plan de estudios. En algunos casos, tardan hasta 10 años en terminar carreras pautadas en cinco.
El fenómeno sobre la ralentización de las trayectorias educativas de los universitarios no es nuevo, pero el debate se actualizó en los últimos tiempos cuando el gobierno de Javier Milei lo incorporó a la discusión pública en el capítulo de Educación Superior de la Ley Ómnibus, que ahora volvió al debate en comisiones en el Congreso nacional.
El tema, que preocupa a las universidades públicas de todo el país, es una de las prioridades en la agenda de las casas de altos estudios en la que se viene trabajando desde finales de la pandemia.
En 2021, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definieron siete lineamientos de políticas universitarias a trabajar pospandemia, de cara a 2030. Entre ellas, la revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras, que es muy amplia en todo el país. Sólo tres de cada 10 (29,6%) estudiantes universitarios argentinos egresan en el tiempo teórico previsto.
Acortar las carreras y adaptar los planes a los alumnos actuales y reales son algunos de los ejes que se barajan como alternativas en distintas universidades.
Las causas de las demoras son muchas y están vinculadas al estilo de vida de los estudiantes, a las obligaciones de trabajo y cuidado familiar que tienen, a la estructura de sus carreras, planes de estudio y prácticas de enseñanza.
“El problema obedece a diferentes razones; entre ellas las nuevas realidades familiares, las subjetividades juveniles, el diseño de los planes de estudio y la falta de consideración del tiempo de dedicación al estudio extra clases de cada disciplina por parte de los y las estudiantes, la falta de oferta de carreras cortas o de titulaciones intermedias”, apunta Claudia Torcomian, secretaria académica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La mayor discusión en este tema se centra en que los planes de estudio consideran horas de interacción docente-estudiante sin tener en cuenta las que se necesitan para el estudio autónomo. Es decir, allí habría un desfasaje entre el “estudiante real” y “el estudiante ideal”.
Los planes de estudio estiman que un estudiante dispone de 40 horas semanales para cursar, estudiar, hacer prácticas. Es decir, 20 horas semanales de cursado y otras 20 de estudio, algo que muy pocos pueden porque más del 50% trabaja, cerca del 20% tiene hijos a cargo y más del 50% tiene personas bajo su cuidado.
En este sentido, muchos planes son prácticamente inviables en su tiempo teórico porque al dividir el calendario anual deben dedicarle una cantidad de horas semanales de las que no disponen.
El doble del tiempo previsto
Los datos del Anuario Estadístico de la UNC 2022, el último disponible, muestran diferencias notables entre carreras al momento de analizar el promedio de la duración real de carreras de grado en relación con la duración teórica del plan de estudio vigente.
Arquitectura, por ejemplo, una carrera que en teoría dura seis años, en promedio se realiza en 8,9.
Ciencias Agropecuarias, de cinco años, se finaliza en una media de 9,3 años. Ingeniería Electrónica, de cinco años a nueve. Ingeniería mecánica, de cinco a 10,6 años.
La carrera de contador público, de cinco años en los papeles, se realiza en promedio en 7,9. Medicina, de seis, en 8,9 años. Abogacía, de seis años, se finaliza en promedio en 10. Y la licenciatura en Psicología, de cinco años en 9,9.
Por el contrario, la licenciatura en Ciencias de la Computación, de cinco años, se termina en mejor tiempo: 6,8 años.
“Uno de los temas de agenda que venimos trabajando las Secretarías Académicas del CIN gira en torno a las trayectorias estudiantiles y a las razones involucradas en la ralentización del egreso, la relación ingreso y egreso, y en los resultados obtenidos”, explica Torcomian.
A fines de 2023, el CIN elevó una serie de informes al Ministerio de Educación de la Nación sobre este problema complejo y diverso.
Algunos aspectos en debate, explica Torcomian, se vinculan a esa complejidad. No obstante, la secretaria académica considera importante que cada día lleguen más jóvenes a las universidades. “Es importante que tengan oportunidad de ingresar y proyectarse a través de la Educación Superior. Las experiencias universitarias brindan un sinnúmero de aportes para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes, más allá de que estos egresen o no en el tiempo establecido”, apunta.
Torcomian insiste en que el tema requiere mirar todas sus dimensiones e introducir programas que brinden respuestas diversificadas. “Hasta acá el presupuesto se ha distribuido por pautas. Aún no hay novedades sobre este tema. Uno de los fantasmas que han aparecido giran en torno a introducir una relación entre el presupuesto y el número de estudiantes en cada carrera. Claramente las carreras numerosas requieren más profesores; sin embargo, el interrogante surge frente a qué hacer en áreas donde hay pocos estudiantes. Consideramos que este punto requiere mucha mesura, dado que puede provocar confusiones y apreciaciones erróneas”, subraya.
La UNC, remarca, trabaja en “un diagnóstico macro y micro” para poder identificar lo que pasa y tomar decisiones basadas en evidencias “que contribuyan a la mejora de estos indicadores y que, al mismo tiempo, no restrinjan sino que sigan creando oportunidades”.
Reformas en Villa María
En la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) también se aborda la problemática de la distancia entre la duración teórica y la real de las carreras.
El secretario académico, Javier Díaz Araujo, indica que “es un tema de intenso trabajo” en la UNVM. “Los datos construidos por la Evaluación Institucional (2021) ratificados por la Evaluación Externa (2022/2023) ratifican que la UNVM se encuentra en mejores condiciones que la media nacional”, apunta al hacer referencia a la información del Anuario Estadístico de datos universitarios del Ministerio de Educación 2023.
De todos modos, pese a que hay carreras que se concluyen a tiempo o con un margen pequeño, hay algunas en las que el cursado real duplica al teórico. Es el caso de la licenciatura en Administración que se realiza en 9,2 años cuando el plan de estudios marca cinco; la licenciatura en Diseño y Producción de Imagen, de cinco años en teoría que se finaliza en 11,3 años; o la licenciatura en Economía, de cinco años que se realiza en 10,6.
A partir de esa información, explica el funcionario, se trabajó en la reforma de los planes de estudio de las carreras con mayor demora y se reformó la totalidad de los planes de estudio de las carreras, creando el Ciclo Transversal de Formación Común (CTFC) que redujo la carga horaria de dicho tramo a 320 horas, “cuatrimestralizó” las propuestas que antes eran anuales y diversificó las opciones.
Los datos anteriores, sostiene Díaz Araujo, se completan con encuestas anuales a estudiantes para conocer el uso del tiempo y su forma de organización.
Agrega que esas medidas acompañarán las reformas que impulsó el Ministerio de Educación de la Nación con la creación del nuevo sistema de medición de carga horaria de las carreras universitarias que deberán contemplar el horario real de estudio, incluyendo el tiempo extra áulico.
Río Cuarto contra las “perspectivas simplistas”
Carolina Raimundo acaba de recibirse de Bióloga en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cuenta que su carrera es de cinco años pero a ella completarla le llevó más de siete. Recuerda que por la pandemia de Covid muchos estudiantes se atrasaron en sus carreras porque se suspendieron fechas de exámenes. Pero además argumenta que ella se demoró “para lograr una mejor formación”.
“Yo entré en 2017 y decidí hacer la carrera en más tiempo para recibirme con más experiencia. Aproveché para hacer dos prácticas profesionales y dos ayudantías de investigación, que me sirvieron para la tesis”, testimonia la flamante egresada, que también se dedica al voluntariado.
Y agrega: “Lo que veo en mi curso es que hay gente que ya no llega con los alquileres y tiene que empezar a laburar. Yo tuve la suerte de estar en las residencias estudiantiles de la universidad”.
Para Silvina Barroso e Ivone Jakob, docentes estudiosas de la problemática en la Facultad de Ciencias Humanas, “las estadísticas sobre el egreso marcan un número que hay que atender, que no se puede desconocer, pero se requiere de abordajes múltiples e integrales”.
“Lejos estamos de poder pensar los porcentajes de egresados desde perspectivas lineales y simplistas, y lejos estamos de no considerarlos como una de las preocupaciones prioritarias de quienes pensamos la universidad”, definen.
Analizan que la cronología propuesta por las carreras en sentido estricto “sólo puede ser cumplimentada por el estudiantado que dedique tiempo completo al estudio y cuente con las condiciones económicas, habitacionales, culturales para hacerlo”.
Destacan que “el sistema universitario público argentino piensa la educación superior como derecho, y en esa concepción, se puebla con quienes no tienen situaciones y condiciones de vida ideales para estudiar, personas que trabajan, que tienen hijos, que atraviesan crisis y pueden continuar con un ritmo propio”.
“Quizá hay quienes se demoran, digamos por demorar, pero pensar un sistema que expulse a quienes no cumplen con los plazos diseñados en los planes corresponde a otro modelo universitario, al que piensa en términos selectivos”, subrayan Barroso y Jakob.
Qué dice el proyecto de Ley Ómnibus
En el capítulo Educación Superior del proyecto de Ley Ómnibus se plantea instaurar una nueva forma de reparto del presupuesto entre las universidades. El proyecto estipula una competencia entre las instituciones para distribuir los montos ya no de forma equitativa sino “en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan”.
Ley Ómnibus: fuerte advertencia por la incertidumbre presupuestaria
En la UNRC anticipan “riesgos” por el proyecto oficial y el impacto económico que podría tener en los estudiantes el nuevo criterio gubernamental en la educación superior.
Diversas voces de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) señalaron posibles consecuencias de la aplicación de la Ley Ómnibus –por ahora empantanada en el Congreso nacional– para la educación, la comunidad universitaria y la ciudad de Río Cuarto (por el movimiento económico y social que la casa de altos estudios genera).
La rectora Marisa Rovera se reunió en los últimos días con el subsecretario de Políticas Universitarias y valoró la predisposición al diálogo.
“Vi que hay voluntad y que están en conocimiento de lo que podría significar no contar con un refuerzo o un programa o un nuevo presupuesto. Advierten que vamos a necesitar más fondos, sobre todo para servicios”, dijo Rovera, y aseguró haber planteado también la preocupación por los acuerdos paritarios.
Más de cinco mil ingresantes tuvo la UNRC este año.
Los economistas Jorge Hernández, de la Facultad de Ciencias Económicas, y Cristian Santos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, anticiparon el impacto que tendría para la UNRC mantener el mismo ingreso de diciembre de 2023 en los próximos meses.
“Proyectando un escenario sumamente optimista de reducción inflacionaria, a fin de año se llegaría con la posibilidad de adquirir bienes y servicios por entre un tercio y un cuarto de los adquiridos en diciembre pasado. Quedaría un escenario de imposibilidad de desarrollo de las actividades y, con mucha probabilidad, un alto nivel de conflictividad con características y resultados impredecibles”, señalaron.
Fabio Dandrea, decano de Ciencias Humanas, advirtió como “crucial” el cambio de perspectiva que plantea el proyecto de Ley Ómnibus sobre la gratuidad de la enseñanza, el acompañamiento y la intervención del Estado en todo lo relativo a la Educación Superior.
Tras expresar que la educación es “un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, puntualizó como uno de los aspectos más “riesgosos” la aplicación de la lógica del mercado, sin considerar lo que significa la formación de un profesional en términos humanísticos y sociales.
Puntualizó, por ejemplo, en cuanto a las evaluaciones del desarrollo y desempeño que “no queda claro quiénes la van a practicar, con qué criterios”. “Si los criterios van a ser pura y exclusivamente los del mercado hay un riesgo muy grande”, planteó.
¿Arancelamiento?
Los economistas Hernández y Santos calcularon que, si para mantener el nivel real de recursos se impusiera el pago de aranceles, cada alumno debería aportar mensualmente $ 93 mil en enero, $ 295 mil en junio y $ 394 mil en diciembre de 2024.
Señalaron que la UNRC pagó en sueldos, sin SAC, a fin de año, unos $ 2.000 millones, más un 5% de eso en gastos de funcionamiento. La población estudiantil de la UNRC es de 20 mil estudiantes.
Señalaron que el arancelamiento podría provocar una caída de la matrícula a la mitad de la actual población estudiantil, intensificar la salida de estudiantes del sistema y la migración de la universidad pública a las privadas.
“De esa manera el gobierno lograría dos objetivos: reducir el compromiso presupuestario con las universidades públicas y mejorar la relación de egresados por ingresantes o por alumnos. Sin embargo, estos logros muy lejos están de ofrecer una contribución al desarrollo de la sociedad argentina”, concluyó Hernández.
La UNVM alerta sobre el riesgo del desfinanciamiento
Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), opinó que el artículo 555 del proyecto de Ley Ómnibus “desfavorece a las universidades del interior, particularmente a las más pequeñas, ya que aún cuando el número de estudiantes esté acorde al proyecto institucional, caerían en el desfinanciamiento”.
“Las universidades más nuevas propusieron carreras por fuera del esquema de las tradicionales, pensando en la necesidad social más que en la demanda de los estudiantes y eso las pone en situación de desventaja. El sistema universitario ya tiene un esquema de distribución por pautas objetivas, entre las que se encuentran las mencionadas, entre muchas otras”, dijo.
–Si se impusiera el criterio de la ley, ¿hay carreras que se verían afectadas o que correrían riesgo de cerrarse?
–Estimo que no es tan sencillo como cerrar carreras o abrir cupos para más estudiantes en carreras muy demandadas (Medicina, por ejemplo). Hay carreras muy importantes y necesarias que nunca tendrán muchos estudiantes: Desarrollo Local, Profesorado en Matemática, Licenciatura en Economía y estimo que la solución no es cerrarlas, precisamente por la necesidad de contar con esos profesionales. Y abrir los cupos en Medicina traería muchos más estudiantes, pero a costa de sacrificar la calidad.
