El oficialismo en el Concejo Deliberante de Córdoba despachó en la Comisión de Legislación General el proyecto de ordenanza que busca ordenar el crecimiento del barrio Villa Belgrano, en la zona noroeste de la ciudad. Vecinos del sector salieron a criticar la nueva normativa, que podría tener su sanción definitiva en el recinto la semana próxima.
La propuesta cambia las zonificaciones. Extiende la zona F a todas las parcelas que dan al río Suquía desde la Circunvalación hasta el puente de Villa Warcalde. Por eso hablan de “plan de barrios” que excede a Villa Belgrano y contempla también a Parque Modelo y al sur de Argüello.
Normativa y propuesta en Villa Belgrano
En tanto, establece como F5 al resto del área que se ubica al sur de Recta Martinoli hasta La Carolina.
En esta zonificación, se baja el FOS (la superficie del terreno que puede ser ocupada por la construcción) al 40% en lotes de más de 800 m2. Hay mayores retiros: en laterales y en fondo, cuatro metros en viviendas agrupadas y ocho metros en colectivas.
También bajan la cantidad de unidades por lote. Así, las viviendas agrupadas se pueden hacer en parcelas de más de 2.500 metros cuadrados, pero con una unidad funcional cada 350 metros de terrenos (contra los 200 que rigen hoy). En tanto, las viviendas colectivas sólo se permiten en Martinoli, en Gauss y en Laplace, en parcelas de más de 2.500 m2 y con una unidad funcional cada 200 m2 (contra los 180 m2 de hoy).
E incorporan el factor de impermeabilización del suelo (FIS), que será del 60%. Es decir que se deberá mantener una superficie permeable en el lote de al menos el 40%.
El estacionamiento es de un espacio por departamento de un dormitorio, y dos espacios más 20% de cortesía en unidades de dos o tres dormitorios.
En la zona F, se permite vivienda colectiva en lotes de más de 5.000 m2 y la agrupada, en los de más de 2.500 m2 (hoy, es a partir de los 1.000 m2); el FOS es del 40% en vivienda agrupada y del 35% en vivienda colectiva, y los retiros de fondo y laterales son de cuatro metros en agrupadas y de ocho metros en colectivas. El estacionamiento es igual que en la F5.
El FIS máximo es del 60% y plantea nuevas disposiciones sobre el frente del río Suquía. La primera es el “doble frente”: los 10,5 metros de altura van sobre la cota de la calle y sobre el frente hacia el río, por lo que ya no se podrán sumar más pisos.
Se crea un área de interés público de 35 metros desde la línea de ribera, que incluso toma siete metros del lote privado que se debe preservar. Y sobre los 27 metros restantes, hay una transferencia a dominio público sobre la cual se plantea una franja de espacio verde de 15 metros y un paseo de convivencia de 12 metros.
En el despacho, se adoptaron algunas modificaciones. Por ejemplo, se pueden computar como 20% de FIS las terrazas verdes, se incorpora el concepto de “parcela verde” y se prohíbe el equipamiento comunitario en el interior del barrio al igual que los comercios y las oficinas.
La iniciativa había conseguido adhesiones de bloques opositores en la Comisión de Desarrollo Urbano, pero en el despacho de Legislación General votó sólo el oficialismo.
La concejala Graciela Villata (Frente Cívico) pidió que el proyecto –que ingresó al Concejo a finales de marzo– siguiera en debate.
“Ni los vecinos ni los desarrollistas están de acuerdo con la norma. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene el poder de conciliar dos posturas que son tan distintas. El proyecto que presenta no satisface ni a uno ni a otro”, dijo la edila.
Rechazo de vecinos
Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano, junto con el centro vecinal de Argüello, el centro vecinal Cerro de las Rosas y la Asociación Amigos de la Reserva General San Martín, rechazaron nuevamente el proyecto.
El grupo de vecinos presentó un amparo ambiental en septiembre de 2023, que aún no fue resuelto por la Justicia. Critican al intendente Daniel Passerini por no escuchar sus demandas y, en cambio, reunirse con representantes de la Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios.
Los vecinos argumentan que el proyecto de ordenanza carece de participación ciudadana y no cuenta con los informes ambientales y técnicos necesarios, lo que consideran una violación de sus derechos.
Además, exigen la nulidad de los convenios público-privados que afectan a sus barrios, la prohibición de nuevas construcciones en áreas de preservación ambiental y una mayor participación vecinal en la planificación urbana.
Y solicitan la intervención urgente de la Justicia para evitar la implementación del proyecto y proteger la integridad de sus comunidades y el entorno natural.
