Las oficinas de infancia que tiene la Municipalidad de Córdoba en los centros de Participación Comunitaria (CPC) asistieron durante 2022 a 108 niños y niñas que sufrían situaciones de maltrato, a otros 65 que estaban expuestos a situaciones de violencia familiar y a 23 más sobre los que existían abusos o sospechas de abuso sexual.
En 44 de estos casos, por su complejidad, debieron emplear el último recurso: solicitar una medida excepcional de intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba, para que se los retire de la familia o del entorno y se reubique a los niños, niñas y adolescentes afectados en contextos seguros.
El Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPD) –así se llaman oficialmente las “oficinas de infancia”– ofrece un termómetro de la incidencia de situaciones de vulneración de derechos en la infancia en Córdoba, pero no abarca todos los casos: hay situaciones que directamente ingresan a los hospitales públicos o privados, a la Policía o a la Justicia.
En relación con 2021, lo que más llama la atención es el incremento en las medidas excepcionales que se debieron solicitar a Senaf. Esto habla de más casos, pero también más graves. Durante ese año se tuvo que solicitar la intervención de la secretaría provincial en 25 ocasiones.
Este incremento en situaciones gravísimas cobra relevancia a partir de la puesta en agenda pública del prolongado maltrato que sufrió antes de morir Lucio Dupuy, un caso que llegó a juicio y condena a su madre y a su pareja, en La Pampa.
María Eugenia Pomazán, subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva de la ciudad de Córdoba, explicó que “esta medida excepcional se da cuando se retira de su núcleo familiar o social al niño o a la niña porque el SPD ya agotó todas las instancias y no se pudo restituir el derecho vulnerado y corre riesgo ese niño o niña”. Son casos muy graves de maltrato, abandono, abuso o violencia. Y muchos de ellos deben ser judicializados. “No pedimos medidas excepcionales si no hay una emergencia”, resumió.
En lo que va de este año, ya se tuvo que solicitar tres medidas excepcionales a la Senaf.
Mucho más maltrato
De año a año, también sobresale el incremento en los casos específicos de maltrato: de 76 a 108 intervenciones. Esto da un crecimiento porcentual de 42 por ciento. También crece el número de casos de abuso sexual o de sospechas de abusos: de 18 a 23 situaciones.
Y van creciendo los casos en los que se detecta la exposición a contextos sexualizados inadecuados y a situaciones de violencia comunitaria –no del núcleo familiar en sí, sino de su contexto inmediato–. El año pasado se asistió en seis casos por el primero de estos tópicos y en otros cinco, por el segundo.
“Creemos que hay más situaciones por una realidad social compleja, pero también porque los equipos salen a buscar los casos y, al haber más articulación con otras organizaciones, como la red de comedores y merenderos, nos llegan más situaciones de intervención”, confió Pomazán.
También se encuentran, entre las causas, las drogas y el quiebre de lazos vinculares. “El maltrato está muy vinculado al consumo problemático de sustancias y al quiebre de las redes de vinculación familiares y sociales”, abundó Pomazán.
Una red de alerta temprana
El SPD ahora está en 12 de los 14 CPC, este año se completaría en chalé San Felipe y Guiñazú y se hacen operativos preventivos para captar situaciones problemáticas. Durante enero, por caso, los equipos preventivos trabajaron en el programa Derecho al Verano y asistieron a actividades con niños y niñas en parques educativos y en piletas municipales.
No hace falta llegar a situaciones de enorme gravedad para que se propicie una intervención municipal. “Maltrato es todo, y cuando se detecta un derecho vulnerado, en general, hay muchos otros. Si un niño o niña no tiene la cobertura de vacunas al día, es muy probable que tenga afectados otros derechos”, explicó la funcionaria. En 2021 se hicieron 1.100 intervenciones y 436 de ellas se correspondieron con derechos vulnerados. En 2022, las intervenciones crecieron a 1.676 niños, niñas y adolescentes, con compromiso en el ejercicio de derechos en 454 casos.
“El SPD trabaja en un primer nivel con instituciones deportivas, culturales, deportivas, recreativas y espacios comunitarios; y en el segundo nivel, en casos de vulneración de derechos donde hay que practicar medidas de protección como las situaciones de maltrato o cuando, por caso, no se puede hacer el DNI o no conseguimos banco en una escuela para un niño. En esos casos, se interviene para restituir esos derechos. También se asiste en los casos de mayor complejidad, como abusos, maltratos, negligencia en los cuidados, abandono. Hay un tercer nivel que se da cuando ya derivamos a Senaf, y, en los casos más complejos, pedimos la medida excepcional, que es una sugerencia del sistema de protección cuando ya se agotaron todas las instancias anteriores y vemos que el maltrato o la vulneración de derechos continúa y no se encuentra en la red familiares o personas que pudieran ocuparse del cuidado”, explicó Pomazán.
Procuran un cambio legislativo
Por iniciativa del dirigente radical Javier Fabre y del concejal capitalino Lucas Balián (VamosCba!), se presentaron proyectos para lograr en distintos niveles normativos una legislación específica contra el maltrato infantil. A nivel nacional, Fabre impulsa que se tipifique el maltrato infantil como un delito autónomo, puesto que hoy sólo se sanciona por sus consecuencias: lesiones leves o graves. Ya hay varios legisladores nacionales que anticiparon que llevarán proyectos con este cambio al Congreso. Entre ellos, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien ya presentó un proyecto propio para incorporar la perspectiva de protección de derechos de las víctimas de maltrato infantil. En la ciudad de Córdoba, Balián presentó una iniciativa que busca generar una red de alerta temprana en los centros de salud municipales que propicie la capacitación del personal de salud en la detección de los signos prematuros del maltrato. Según el edil, “en cada caso grave de maltrato, hay entre cinco y siete incidentes que llegan a centros de salud con anterioridad”. También hay en estudio varios proyectos en la Legislatura provincial.
