El Gobierno de Mendoza está implementando una estrategia para frenar el bullying al impulsar una profunda reforma a su Código Contravencional. La iniciativa busca incorporar la figura del acoso escolar y asignar responsabilidad directa a los padres de los menores agresores.
Esta medida, que exige que los adultos asuman un rol activo en la prevención de la violencia escolar, contempla la aplicación de sanciones concretas, incluyendo multas de hasta $ 2 millones y trabajo comunitario de hasta 50 días.
La decisión de avanzar con la reforma surge como una “reacción oficial a un problema de peso en las aulas” y en respuesta a la conmoción generada por un dramático episodio reciente: el caso de una niña que ingresó armada a una escuela, donde realizó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas.
Aunque el hecho estaría vinculado a una situación de acoso escolar o grooming, sirvió como disparador para que la responsabilidad de los padres de los chicos agresores se pusiera en el centro de la escena.
Proponen sancionar a los padres para frenar el acoso escolar
Las autoridades provinciales notaron un incremento de las denuncias por acoso escolar. De hecho, en lo que va del año, se registraron más de 200 llamados a través de la línea 148 y de un formulario digital para advertir sobre casos que afectan principalmente a estudiantes de primaria y de los primeros años de la secundaria. Este monitoreo permitió la intervención directa y el acompañamiento articulado en más de 55 casos.
El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, fue enfático al señalar la gravedad del problema: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas”.
La reforma legal: responsabilidad parental y sanciones
Ante este escenario, el Gobierno provincial decidió avanzar con un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Senadores. Este proyecto incorpora no solo la figura del acoso escolar, sino también la responsabilidad parental ante los actos cometidos por los menores.
La iniciativa establece que los adultos responsables podrán ser sancionados si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. El objetivo principal es que las familias estén presentes y sean corresponsables en el desafío de prevenir la violencia escolar, para que la escuela no enfrente este reto sola.
Las sanciones concretas se aplicarán de manera escalonada, buscando un enfoque educativo y reparador:
- Primera sanción: la medida inicial para los padres será la imposición de trabajo comunitario. Las tareas comunitarias se extenderán por un período que va de 5 a 50 días.
- Segunda sanción: si el incumplimiento persiste, se aplicarán multas económicas. Dependiendo de la gravedad del caso, las multas variarán entre 500 y 5.000 unidades financieras, lo que equivale a un monto actual de $ 210 mil a $ 2 millones .
Evalúan sancionar a padres por acoso escolar
Desde el Ejecutivo local, explicaron que el objetivo de la propuesta va más allá del castigo: se busca comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la convivencia.
Un aspecto clave de la reforma es que lo recaudado a través de las multas formará parte de un fondo exclusivo destinado a la prevención del bullying y a dotar de recursos a las bibliotecas de Mendoza.
Además de las sanciones, la iniciativa prevé el uso de instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas preventivas para evitar la reincidencia de las conductas. Si el menor repite actos de acoso escolar, el juez estará facultado para duplicar las sanciones y exigir asistencia obligatoria a terapias familiares o talleres.
Protocolos escolares renovados
La estrategia legal se complementa con la actualización de las herramientas de intervención dentro del ámbito educativo. La Dirección General de Escuelas (DGE) acompaña esta medida con un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas.
Este protocolo establece los pasos claros que deben seguir directivos, docentes y equipos técnicos ante cualquier caso de acoso. El proceso de actuación abarca desde la identificación y el registro del caso, pasando por la comunicación con las familias, hasta la implementación de un plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso. También se incluyen circuitos de derivación a organismos de protección de derechos o a la Justicia, según la gravedad.
Las autoridades indicaron que el objetivo de esta dualidad (reforma legal y protocolo) es proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan. La provincia busca enviar un mensaje claro: “Ninguna forma de violencia entre pares será tolerada” y las familias deberán asumir el rol que les corresponde en la formación y el cuidado de sus hijos.
