Lo que quiere la gente es que los saquen de circulación. Que los encierren. Que no vuelvan con sus padres, ni el entorno que no los supo contener antes. Que “si cometieron un delito de adultos, se los castigue como adultos”, como repite el presidente Javier Milei, en un mantra que va en contra de toda la tradición de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNYA), pero que también contradice el propio proyecto de rebaja en la imputabilidad a los 13 años que presentaron dos ministros de su propio Gobierno: Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
Aunque se venda como otra cosa, la rebaja en la imputabilidad mantiene un trato diferenciado en el régimen penal juvenil, que contempla el encierro por delitos gravísimos y plantea numerosas instancias de justicia restaurativa y de probation.
La Corte Suprema de Justicia ya advirtió al Gobierno nacional que para implementarse medidas de privación de la libertad en la franja etaria ampliada desde los 13 años habría que invertir en infraestructura y personal, porque los institutos, como el Complejo Esperanza en Córdoba, funcionan con una alta tasa de ocupación y no pueden absorber una mayor carga de población de internos. Todas las instituciones que se ocupan de menores de edad en conflicto con la ley dependen de las provincias, no hay ninguno de la Nación. Degenerados fiscales, podría decir un gobernador si tuviera ganas de devolver mandobles a Milei.
El problema de dónde se los pone, sin embargo, es menor al interrogante que planteó la primera vez que fue consultado sobre el tema el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros: “Los encerramos, bueno. ¿Y qué hacemos con esos chicos?”.
El proyecto nacional plantea escalas de penas que van de 3 a 6 años en los casos en los que “no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”. En estos casos, también, “la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”. Se dice, también, que se habilitará el seguimiento de las víctimas del cumplimiento de la pena. No está claro cómo ni de qué manera se resolverán estas medidas, que importan costos, infraestructura, personal.
No dice el proyecto oficial nada de qué se hará puertas adentro con los que resulten encerrados entre los 13 y los 16.
Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba y, por lo tanto, la autoridad por encima de las autoridades de la Senaf, pretende discutir menos de edades y más de qué hacer con esos NNYA, una preocupación que parece ir a contramano de una sociedad que solo quiere que se los quite de la vista, se los deposite en algún lugar en donde no molesten, por el mayor tiempo posible. Si no se hace, nunca será suficiente la cantidad de plazas en institutos –y también prisiones–. No saber qué hacer con ellos es más y más dónde los ponemos.
