El ex intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Mestre, y otros siete ex funcionarios de su gestión, serán llamados a declarar en la causa que lleva adelante la Justicia Federal por la contaminación ambiental de la planta de Bajo Grande al río Suquía y, por esa vía, a la laguna Mar Chiquita.
Así lo decretó el juez federal número 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, el pasado viernes 25 de marzo. Previamente la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba había señalado que la causa era competencia del fuero federal y ordenó darle celeridad al proceso judicial.
Mestre está imputado por la contaminación ambiental que produce la Estación Depuradora de Líquidos Cloacales (Edar) de Bajo Grande sobre el río, junto a otros siete exfuncionarios de su gestión desde el año 2020.
La acción penal se había iniciado en 2018 por el exconcejal y actual funcionario municipal, Santiago Gómez, vecinos de camino a Chacra la Merced, que sufrían los efectos de la contaminación, y el Foro Ambiental Córdoba, que es el principal impulsor de la causa.
Declaración
El pedido de indagatoria que realizó el fiscal federal Enrique Senestrari es porque “la causa ha avanzado demasiado sin que se haya generado el acto de defensa de los imputados, medida que les brindará la oportunidad ejercer su defensa”.
Sobre este punto la Cámara había señalado que sea “a los fines de definir la situación procesal de los involucrados”.
La fecha prevista para la indagatoria es dentro de un mes. Mestre está convocado para prestar declaración el martes 26 de abril a las 10. Sería la primera vez que un intendente se presente por una causa de contaminación ambiental ante la Justicia.
Desde la defensa de Mestre señalaron que “el exintendente se puso a disposición de la Justicia como un ciudadano común sin interponer ningún tipo de trabas o recurso, confiado de su inocencia y la de su equipo”. Y señalaron que aún no le llegó la citación.
Los otros exfuncionarios imputados que deberán declarar en Tribunales Federales previamente al 26 de abril son Omar Gastaldi, exsecretario de Infraestructura; el exsubsecretario Matías Salum; Daniel Bardagi, exdirector de Redes Sanitarias; Luis Grion, exsubdirector de Mantenimiento de Redes; Gabriel Rustan, el exsubdirector de la Edar; Sebastián Rocca, exsubsecretario de Ambiente; Alejandra Toya, exdirectora de Impacto Ambiental, y Carlos Poncio, exsubdirector del Observatorio Ambiental.
Causa
Además la fiscalía pidió “que se le otorgue participación a las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero y al Estado Nacional, oficiando a la Secretaría y Ministerios señalados (...) a los fines de poner en su conocimiento y brindarles el acceso a la investigación del delito que los tiene como principales damnificados”.
Anteriormente, Vaca Narvaja solicitó dos estudios científicos sobre el estado ambiental de toda la cuenca del río Suquía. Allí, el año pasado, determinó altos grados de contaminación en todo el cauce, que se incrementan desde la planta de Bajo Grande. Los informes fueron enviados a la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
No obstante, de acuerdo a su entender la causa debía remitirse a la Justicia provincial al no encontrar elementos contaminantes en la laguna, pero si en la desembocadura del río: la Laguna del Plata.
Finalmente la Cámara, a través de la resolución de la vocal Graciela Montesi, amplió el concepto de cuenca y resolvió que se trataba una causa de jurisdicción federal, no sólo por afectar a la una cuenca interjurisdiccional, sino también por tratarse de un próximo parque nacional.
La estrategia de la defensa fue no apelar ese fallo ante la Corte Suprema para no dilatar más la defensa de los imputados.
Vale recordar que la planta sigue vertiendo 10 mil metros cúbicos de aguas servidas por hora sin tratamiento el río Suquía. Y que la Provincia anunció para los próximos días la habilitación de la nueva planta de tratamiento. Esperan que sea entre el 1 y 2 de abril, aunque sin acto de corte de cintas según confío un alta fuente del Gobierno provincial a La Voz.
Además en la Justicia provincial hay una fallo en primera instancia donde se responsabiliza al municipio y a la Provincia por la contaminación de Bajo Grande. La decisión del juez Julio Fontaine fue apelada por ambas jurisdicciones hace unos meses.
