El presidente Javier Milei vetó la Ley 27.790, una normativa sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio que declaraba la emergencia y catástrofe en las localidades de Bahía Blanca y Coronel Rosales por un plazo de 180 días.
La explicación: “Los 200.000 millones fueron enviados de manera directa”
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó: “El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas. Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta".
La ley, que disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la trágica inundación del 7 de marzo, contemplaba la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos.
Ayuda no, deuda sí
La decisión presidencial formalizada a través del Decreto 424/2025, publicado este martes generó un fuerte rechazo, ya que en la misma edición del Boletín Oficial, Milei dispuso la asignación de más de 2 billones de pesos para pagar deuda, es decir, diez veces más que el fondo previsto para la reconstrucción de Bahía Blanca.
Esta asignación se realizó mediante el DNU 425, en el marco de una extensa modificación del Presupuesto.
Los argumentos del rechazo
El principal argumento del Poder Ejecutivo para justificar el veto es que las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno sostiene que ya se impulsó el 1° de abril la creación de un fondo de 200.000 millones de pesos con esa finalidad, desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, y que el auxilio financiero es “innecesario” porque ya se está otorgando un subsidio a los afectados.
Otro punto esgrimido en el decreto de veto es que la ley sancionada por el Congreso “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento”, un requisito establecido por el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
Sin embargo, para los críticos, este argumento resulta “llamativo” dada la asignación simultánea de una cifra mucho mayor para el pago de deuda.
Otras medida que contemplaba la ley
El proyecto vetado, impulsado por senadores bonaerenses, no solo contemplaba el fondo de $ 200.000 millones, sino también una serie de medidas de alivio para los damnificados:
- Exenciones impositivas.
- Una moratoria de 180 días para deudas.
- La promoción de obras con mano de obra local.
- Una línea de créditos blandos a través del Banco Nación para que las familias puedan reconstruir sus casas.
Respecto a la ayuda ya implementada, el decreto presidencial indica que se abonó el subsidio a 32.076 personas, de un total de 37.546 inscriptos.
Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado.
