La Justicia de Córdoba se convierte en el epicentro de uno de los casos más trascendentes de la provincia. Comenzó este lunes 6 de enero un juicio histórico en los Tribunales provinciales, no sólo porque se da en una época inusual (en plena feria judicial) sino porque además se trata de un hecho tan escabroso como complejo.
En el hospital Neonatal Ramón Carrillo, una persona inyectó adrede potasio –y, en algunos casos, insulina- a 13 bebés entre marzo y junio de 2022. Cinco murieron. Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody no están. La presunta autora material es una enfermera del departamento de obstetricia, Brenda Agüero, que está detenida desde el 19 de agosto de 2022.
En una sala de audiencia que se llena de silencio y tensión, la prueba comienza a hablar y a mostrar con claridad la responsabilidad de aquellos señalados por un crimen que no deja lugar a dudas: el asesinato de recién nacidos, los más vulnerables de nuestra sociedad.
En dialogo con La Voz, Carlos Nayi, el abogado de tres de las madres dijo que “este no es un caso de mala praxis médica, ni un accidente, ni mucho menos una muerte súbita. Se trata de una serie de homicidios que, por su naturaleza, se configuran como un ataque deliberado a la vida.”
La acusación no sólo involucra a quienes cometieron directamente estos actos, sino también a quienes, en sus posiciones de poder y responsabilidad, fueron cómplices por su omisión y encubrimiento.
Entre los responsables se encuentran figuras de alta jerarquía, como el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, quien, según el entrevistado, no actuó para prevenir ni para erradicar el flagelo que se cernía sobre los bebés. Junto a él, se encuentran médicos, enfermeras y la exdirectora del Hospital Neonatal que, al no denunciar lo que ocurría, contribuyeron a una cadena de muertes evitables.
Pero el encubrimiento no se detiene ahí: también se falsificaron documentos, se alteraron registros y se ocultaron pruebas fundamentales para que la verdad no saliera a la luz.
Uno de los aspectos más alarmantes de este caso, según indicó Nayi, es que no se trató de un sólo incidente aislado, sino de un patrón sistemático de crímenes que involucró a una estructura funcional dentro del sistema de salud, desde las más altas autoridades hasta el personal más bajo. Este complejo entramado de complicidad y encubrimiento configuró lo que se ha denominado la “matanza de neonatos”, un hecho que conmueve y estremece a la sociedad.
“Aquí no hay lugar para la impunidad”, mencionó. Los acusados están acorralados por pruebas contundentes, claras y abrumadoras que los señalan sin lugar a dudas como responsables directos e indirectos de una serie de asesinatos. La justicia, que tarda pero llega, está lista para dar su veredicto y hacer que cada uno pague por lo que le corresponde.
